Los ministros del máximo tribunal se inhabilitan porque ya emitieron opinión cuando, en septiembre de 2025, confirmaron el desafuero del parlamentario, pero en su calidad de diputado. Ahora el proceso se debe hacer nuevamente porque su investidura cambió a senador.
La mitad de los ministros y ministras de la Corte Suprema están recusados por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto y, por lo tanto, inhabilitados para resolver en torno al segundo proceso de desafuero contra el parlamentario, que está acusado por el Ministerio Público de delito de fraude al Fisco reiterado de más por $100 millones.
De los 21 ministros que integran en Pleno del máximo tribunal, efectivamente se deben inhabilitar aquellos que votaron en el proceso de desafuero previo que se hizo contra el entonces diputado Calisto, y que fue confirmado por unanimidad en la Corte Suprema, en septiembre de 2025.
Pero al haber sido electo como senador, ahora debe realizarse el proceso para quitar esta nueva investidura al parlamentario, y así, de confirmarse otra vez su desafuero, finalmente enfrentar un juicio oral.
La estrategia de la defensa es clara, agotar todas las instancias y demorar lo más posible la vista de la causa de desafuero de Calisto en el máximo tribunal, luego de que este apelara de la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que lo desaforó el pasado 6 de octubre.
Cuestión también fundamental para el Gobierno de José Antonio Kast, que requiere mantener la mayoría de votos en el Senado, donde hoy las fuerzas de oposición tienen 24 senadores y el oficialismo 26.

Los ministros inhabilitados por senador
“A través de un informe oficial presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el cuaderno de recusación rol N° 5773-2026, diez ministros titulares y dos ministras suplentes de la Corte Suprema reconocieron encontrarse inhabilitados para intervenir en la revisión del recurso de apelación formulado por la defensa del parlamentario”, indica el medio especializado enEstrado.
En la nómina de magistrados que integran dicho informe, donde admiten haber emitido un pronunciamiento previo sobre la materia (desafuero), según el mismo medio, están el ministro Ricardo Blanco Herrera, junto a los ministros titulares Andrea Muñoz Sánchez, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto García, Leopoldo Llanos Sagristá, Adelita Ravanales Arriagada, María Soledad Melo Labra y Mireya López Miranda, además de las ministras suplentes Eliana Victoria Quezada Muñoz y María Carolina Catepillán Lobos.
A estos magistrados se suma la manifestación de inhabilitación previa del ministro Jean Pierre Matus, ya que Calisto votó contra la acusación constitucional formulada en su contra a raíz del Caso Audios, y la jubilación de la ministra Dobra Lusic en diciembre pasado.
Por ello, los ministros titulares habilitados para integrar el pleno de resolución son las ministras Gloria Ana Chevesich (presidenta), María Cristina Gajardo, Jessica González y Marisol Rojas, y los ministros Omar Astudillo, Gonzalo Ruz, Jorge Zepeda y Dinko Franulic, por lo que la Suprema deberá completar el quorum de 11 integrantes con ministros suplentes y/o convocando a ministros de cortes de apelaciones.
La causa en bucle
“Este es un proceso que lleva cerca de siete años”, comentó el propio senador Miguel Ángel Calisto cuando se le informó sobre su nuevo desafuero, que también fue resuelto por unanimidad, esta vez por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, sede jurisdiccional donde se debió tramitar justamente porque en el desafuero anterior, cuando era diputado, los ministros de la Corte de Aysén fueron los que emitieron juicio y, por lo tanto, no podían volver a pronunciarse en este asunto, y se les inhabilitó.
Recordemos que, en la investigación penal, liderada por el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky, se presentó acusación contra ocho imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, en carácter de reiterado, donde el monto total del perjuicio para el Estado supera los 100 millones de pesos. Entre los acusados por el delito de fraude al Fisco se encuentra el parlamentario.
De hecho, la demanda por indemnización de perjuicios presentada en julio por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) plantea la restitución de $105 554 697, que el Congreso entregó a Carla Graf, cónyuge de Roland Cárcamo, excolaborador del parlamentario, quien aparecía contratada como asesora del entonces diputado. El CDE sostiene que no existen informes ni minutas que avalen el pago a Graf, sino que fueron destinadas al beneficio personal de la pareja de la mujer y del propio Calisto.
Pero el CDE también pide la devolución de otros $25 970 000 del Gobierno Regional (GORE) de Aysén, elevando el monto total de la demanda de restitución a más de 131 millones de pesos. Ello porque este segundo presunto fraude se hizo a través de la postulación de tres supuestos proyectos sociales sobre equidad de género y seguridad laboral que la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) regional debía ejecutar, pero cuyas capacitaciones y conversatorios nunca se concretaron.

Senador, Miguel Ángel Calisto.
Y en el fallo de desafuero del 6 de octubre, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt concluyó que “el convencimiento preliminar requerido en esta fase previa de desafuero, se obtiene del examen de los antecedentes reunidos en la etapa de investigación, reales, revestidos de seriedad y plausibilidad para dar lugar a la formación de causa respecto del Senador Miguel Ángel Calisto Águila; sin perjuicio de lo que se resuelva en el juicio penal”.



