A propósito de los últimos aluviones, desde el organismo alertaron que se vuelve a evidenciar la exposición que tiene Chile a eventos “hidrometeorológicos extremos”. Debido a su condición de geográfica, “resulta difícil desconocer que el cambio climático está intensificando riesgos preexistentes y aumentando la incertidumbre frente” a estos fenómenos, señalaron en la Asociación.
En ese sentido, alertaron que, aunque en la discusión pública se reduce el concepto de mitigación solo a obras de ingeniería, “es mucho más que cemento y fierro” y también implica “respetar que hay procesos no mitigables, sino adaptables”.
Un reciente estudio dado a conocer por la Universidad de Chile respecto de la existencia de mapas comunales de amenaza de riesgo, reveló que de las 346 comunas del país 214 cuentan con un Plan Comunal de Emergencia (PCE) y un Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD), 104 municipios solo cuentan con un PCE, 4 solo con PCRRD Y 23 comunas no cuenta con ninguno de los instrumentos que exige la ley.
El Plan Comunal de Emergencia (PCE) coordina las capacidades de respuesta de los municipios ante emergencias, definiendo roles y procedimientos; mientras que el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres ordena las acciones en las fases de mitigación mediante diagnósticos, prioridades, medidas y el seguimiento de los mecanismos que se aplican.
Entre sus conclusiones, señaló que la ausencia de un plan para la Reducción del Riesgo de Desastres “es más frecuente en las comunas con mayores factores subyacentes de riesgo”.
Esta vez, es la Asociación Chilena de Ingeniería Geológica la que hace las advertencias en cuanto a la gestión del riesgo en el país y la necesidad de abordar la mitigación desde una perspectiva más amplia y responsable, sin perder nunca de vista que “Chile es un territorio geológico y geográficamente complejo y diverso”.
Según indicaron, “los recientes episodios de remoción en masa, como deslizamientos y activación de quebradas, registrados tanto en el norte del país como en la zona precordillerana de Santiago vuelven a evidenciar la creciente exposición de Chile a eventos hidrometeorológicos extremos”.
En ese sentido, explicaron que las consecuencias de estos eventos influenciados por El Niño, que afectan a las personas y la infraestructura crítica, están condicionados a “una geografía particularmente compleja y vulnerable a amenazas naturales”, por lo que, “resulta difícil desconocer que el cambio climático está intensificando riesgos preexistentes y aumentando la incertidumbre frente a fenómenos extremos”.
Sobre este último punto, desde la Asociación Chilena de Ingeniería Geológica señalaron que “el cambio climático llegó para quedarse y significa que ya no podemos confiarnos de la ‘estadística de lo que ha pasado desde que tenemos datos’, sino que nos obliga a mirar cara a cara nuestro territorio, caracterizado por montañas, volcanes, estrechos valles donde se ubica la población, ríos que sostienen la vida y alimentan nuestra agricultura (…) Chile es un territorio geológico y geográficamente complejo y diverso, eso no debemos perderlo nunca de vista”.
¿Mitigación?
Los aluviones, desbordes de ríos y anegamientos causados por los temporales hasta la fecha han dejado de momento 15 personas muertas, miles de damnificados y cuantiosos daños en viviendas e infraestructura. Entre las regiones más afectadas se encuentran Coquimbo y Atacama, mientras que las más expuestas a las lluvias son las de la zona centro-sur.
Los históricos registros no solo dan cuenta de la intensidad con que actúa El Niño este 2026, sino que vuelve a desnudar la falta de planificación y fiscalización urbana que tienen las principales ciudades del país para prevenir las emergencias e identificar las zonas de riesgo para la población.
El ejemplo más reciente, es el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, que dejó en evidencia los riesgos que tiene construir complejos habitacionales, clínicas y universidades en quebradas, que, en este caso, se ubican en “una zona de alto peligro por remociones en masa”, según informes elaborados por el Sernageomin.
Pero, ¿qué pasa con la mitigación en la fase de la gestión del riesgo? Según comentaron desde la Asociación Chilena de Ingeniería Geológica, “la mitigación es todo un capítulo, pero en la discusión pública la reducimos a obras de ingeniería. Mitigación es mucho más que cemento y fierro. Mitigación también es ejercer la política y mantener las áreas de riesgo como áreas verdes y amortiguadores bioclimáticos. Mitigación es respetar que hay procesos no mitigables, sino adaptables, y declarar que hay zonas no habitables por el bien de nuestra población”.
Si bien el país cuenta con legislación, profesionales especializados y una capacidad técnica instalada ante las emergencias, siguen existiendo deficiencias que permitan un sistema de prevención más robusto e interconectado.
En cuanto a la ocurrencia de remociones en masa, por ejemplo, destacaron en la Asociación que “con posterioridad a los aluviones de Atacama 2015, se desarrollaron un conjunto de protocolos entre los servicios e instituciones para desarrollar alertas y alarmas ante estos procesos”, resaltando que “por tanto, las precipitaciones no son impredecibles como los terremotos, y por ende los aluviones”, también pueden preverse.
Respecto de las normativas, se señala la Ley 21.364 (2021) que creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), sustituyendo a la ONEMI por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), cuyo “objetivo principal es normar el funcionamiento de los organismos técnicos encargados de vigilar y dar alerta sobre amenazas de origen natural o antrópico, así como regular los instrumentos para la gestión del riesgo de desastres y la elaboración de mapas de amenaza y riesgo”.
Esta nueva institucionalidad es parte de la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030. Sin embargo, desde la Asociación Chilena de Ingeniería Geológica cuestionan que las leyes “llegaron sin presupuestos para ser ejecutadas y recién en 2025 SENAPRED concursó algunos fondos para apoyar a los municipios en la elaboración de sus planes de RRD y GRD”, donde solo unos “cuantos municipios por región fueron apoyados con 1 profesional por 1 o 2 años o con la licitación del Plan”.
Planes de acción para mejoras
Otro de los puntos que se resaltan por parte de la Asociación, es que, si bien existen profesionales en Chile “del más alto nivel”, sus posibilidades trabajar se ven afectadas por la falta de puestos, ejemplificando que en el caso de “Sernageomin ni siquiera se encuentra desconcentrado en todas las regiones, teniendo presencia de profesionales de Asistencias Técnicas y Emergencias Geológicas sólo en Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, Maule, Biobío, Los Ríos y Los Lagos, demostrando que para el Estado hay regiones de primera y de segunda importancia”.
Asimismo, agregaron que a nivel municipal han impulsado campañas como tener un geocientista por municipio, aunque reconocen que “una persona no hace milagros en administraciones municipales expuestas a recortes presupuestarios o cuyos problemas son más profundos para su comunidad. ¿Cómo priorizar entre la atención médica, la educación y el monitoreo de peligros geológicos? Es una pregunta injusta, por cuanto la billetera fiscal debería alcanzar para todo”.
En la Asociación Chilena de Ingeniería Geológica proponen un “crecimiento articulado” del SINAPRED, considerando que, según expertos, “la máxima expresión de este fenómeno de El Niño no se ha expresado aún”.
En ese sentido, plantean “reforzar los equipos comunales de Gestión de Riesgo de Desastres de todos los municipios con profesionales geocientistas, entre otras varias profesiones técnicas y humanistas para dar un enfoque integral a la GRD a escala local. El tamaño de estos equipos debe ser proporcional a la dimensión de la comuna, considerando que Chile tiene comunas muy extensas en sus regiones”.
De igual forma, desde la Asociación proponen un reforzamiento del SERNAGEOMIN en todas las regiones, de manera que cuente con equipos de Asistencias Técnicas y Emergencias Geológicas, los cuales, “deben ser proporcionales a las características de cada región”.
Reforzar la presencia del SENAPRED en todas las provincias, incrementar “convenios de colaboración entre el Estado y la academia, que adjudique recursos a la investigación en problemáticas que afectan a localidades y cuyo análisis supera la capacidad de investigación de los servicios” y un mayor diálogo intersectorial, entre los Servicios, los municipios y las comunidades.
