En el año 2018 entraba en vigencia la ley 21.128, denominada “Aula Segura”. Su origen fueron los graves hechos de violencia que por años arrastraba un grupo de liceos emblemáticos, asociados a la acción disruptiva de los “overoles blancos”.

Hoy, a casi ocho años de esa ley, podemos señalar que fue más pirotecnia político-mediática que solución real para la crisis de violencia que aún arrastramos. Una ley que buscó englobar las múltiples formas de violencia en los espacios escolares, pero que puso el foco en la sanción. Sin embargo, a la luz de la realidad, esa no fue la solución.

Las “aulas seguras” que prometía la ley se quedaron solo en eso: rimbombante titular. Hoy, ni los propios sostenedores saben bien cómo opera. La amenaza de la multa de la Superintendencia de Educación sigue siendo un gran temor para gestionar consecuencias disciplinarias dentro de las escuelas. ¿Qué agregó la ley en la práctica? La facultad a los directores de suspender al estudiante involucrado como medida de resguardo por 10 días hábiles y la obligación de hacer todo el procedimiento disciplinario para evitar la doble sanción (suspensión y luego expulsión), que en términos prácticos significaba la devolución del estudiante o una multa segura.

Pero el problema de fondo es otro. Y hoy vuelve a aparecer ese viejo dicho de que la historia se repite dos veces: una como tragedia y otra como farsa. 

Aquí vamos de nuevo: “Aula Segura” fue el drama; “Escuelas Protegidas” amenaza con ser la farsa. Volvemos al mismo loop: poner el foco en la sanción y no en la problemática de fondo.

Luego de la lamentable muerte de la inspectora, María Víctoria Reyes, en Calama, nuestras autoridades políticas siguen justificando leyes para abordar las violencias que se ven en un grupo acotado de liceos con capuchas. Que dicho sea de paso, rompen las orgánicas estudiantiles democráticas y que ningún gobierno ha logrado o más bien ha querido frenar. Es inverosímil que lleven más de diez años operando, salvo que se les mantenga porque son funcionales al desmantelamiento de la educación pública emblemática. 

Nuevamente, es una muestra de abandono y desprecio al sistema escolar decir: “Ok, aquí tienen estas herramientas. Que sus consejos escolares vean y háganse cargo como puedan”. Sin recursos reales asociados. Sin redes de apoyo. Sin más profesionales para abordar integralmente la crisis de salud mental. Solo se burocratiza aún más la convivencia educativa.

Pongamos un ejemplo: una escuela de 800 estudiantes. Si en el ingreso, a las 8:00 AM, se instala un detector de metales y revisión de mochilas, siendo optimistas -e ilusos-, se demoraría dos minutos por estudiante. Es decir, 1600 minutos. Aunque estuviera todo el equipo directivo y asistentes de la educación revisando, se generaría un problema enorme para iniciar las clases, que ya de por sí parten tarde debido a los atrasos crónicos en la asistencia estudiantil. Todo ese tiempo, toda esa energía, sin foco pedagógico. 

En este sentido, medidas procedimentales que no ponen el foco en elementos sistémicos que conllevan grandes inversiones de recursos públicos, tales como modificar la proporción de horas lectivas (frente a curso) vs las no lectivas (atención de estudiantes, apoderados, abordaje de casos críticos, reuniones pedagógicas) a un 50/50, necesitando más docentes que estén en las escuelas. Modificaciones profundas a la Jornada Escolar Completa, cumpliendo su espíritu real de realizar talleres variados y multidisciplinarios. Contar con redes de salud mental públicas que efectivamente apoyen de manera focalizada y rápidamente a partir de las derivaciones. Acompañado de una desburocratización y lenguaje jurídico de los informes que exige la normativa vigente, para tomar medidas disciplinarias y pedagógicas, simplificando los procesos administrativos para poner el foco en lo educativo. Estos ejes, como para empezar a avanzar en serio.

En cambio obtenemos un protocolo más a la larga lista de procedimientos. Para que nuevamente los educadores tengamos que redactar documentación de procesos disciplinarios como si fuéramos abogados. Porque el lenguaje jurídico -y no el pedagógico- es hoy la línea entre recibir una multa o no. Sanción que significa que la poca subvención que llega no pueda ocuparse en lo que importa: recursos para los aprendizajes. Redactar páginas y páginas de evidencia con lenguaje técnico-jurídico sólo genera más desconfianza hacia las comunidades educativas.

Si nuestra élite política -que se supone representa los más altos estándares de preparación- presenta este tipo de “soluciones”, no quiero ni pensar cuando ya se prohíba a los estudiantes ir con mochilas y tengan que llevar todo en bolsas de plástico transparente, como hacen en Argentina.

Si estas medidas, contenidas en el proyecto de ley “Escuelas Protegidas” son su mejor y más creativa solución, solo nos queda decirles a los funcionarios del sistema escolar que la vocación por educar será más un privilegio que un derecho, ya que la seguridad escolar seguirá siendo un problema urgente y serio, donde la improvisación ya no da para más.

Roberto Rojas Cisterna, Profesor de liceo público y en formación inicial docente.