A la luz de las emergencias que se han enfrentado en las diversas regiones del país por los intensos eventos meteorológicos registrados a la fecha, un reciente estudio de la Universidad de Chile detectó que, entre las comunas con mayores factores de riesgo implícitos, un 48,5% no cuenta con un plan que aborde potenciales desastres.
Los aluviones, desbordes de ríos y anegamientos causados por los temporales hasta la fecha e influenciados por el fenómeno de El Niño, han dejado de momento 15 personas muertas, miles de damnificados y cuantiosos daños en viviendas e infraestructura. Entre las regiones más afectadas se encuentran Coquimbo y Atacama, mientras que las más expuestas a las lluvias son las de la zona centro-sur.
Los históricos registros no solo dan cuenta de la intensidad con que actúa El Niño este 2026, sino que vuelve a desnudar la falta de planificación y fiscalización urbana que tienen las principales ciudades del país para prevenir las emergencias e identificar las zonas de riesgo para la población.
El ejemplo más latente de esto último, es el reciente aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, donde quedó en evidencia los riesgos que tiene construir complejos habitacionales, clínicas y universidades en quebradas, que, en este caso, se ubican en “una zona de alto peligro por remociones en masa”, según el Sernageomin.
Un estudio realizado por el investigador, Julián Cortés, profesor experto del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, detectó que, entre las comunas con mayores factores subyacentes de riesgo, un 48,5% no cuenta con un Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres.
El informe del Programa Riesgo Sísmico del plantel estatal se elaboró tras estudiar 345 registros comunales y también advirtió de “las dificultades de trazabilidad, actualización e integración de la información cartográfica en las decisiones locales”.
El trabajo desarrollado por Julián Cortés, analiza las brechas que existen entre “la información cartográfica disponible sobre riesgo, los instrumentos comunales existentes para abordarlo y las decisiones territoriales que se adoptan —o no— a partir de estos datos”, informaron desde la Universidad de Chile.
Asimismo, indicaron que “si bien este nuevo informe señala que nuestro país cuenta con información sobre amenazas, como mapas, modelos, visores y sistemas de monitoreo, estos datos están dispersos y no siempre pueden analizarse de manera conjunta”.
De igual forma, señalaron que “no siempre está claro cuáles son las versiones vigentes de cada insumo, quiénes son los responsables de cada uno, dónde encontrarlos y qué decisión pública se tomó a partir de su uso”.
Chile país de riesgo de desastres
El estudio denominado: “Del mapa a la acción local. Mapas de amenaza en los instrumentos comunales: la conexión pendiente”, consideró para su elaboración el Plan Comunal de Emergencia (PCE) y el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD). El primero, “establece la coordinación y el empleo de capacidades para la respuesta comunal ante emergencias, incluidos roles y procedimientos operativos”. El segundo, “ordena acciones de reducción del riesgo correspondientes a las fases de mitigación y preparación, mediante diagnósticos, prioridades, medidas y mecanismos de seguimiento”.
En el primer análisis, a escala nacional, se observa la existencia de ambos instrumentos a partir de 345 registros, abarcando las 346 comunas del país, arrojando que “214 comunas cuentan con ambos instrumentos, 104 disponen solo del Plan Comunal de Emergencia, cuatro solo del Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres y 23 no cuentan con ninguno de los dos instrumentos exigidos por la ley”.
En el segundo nivel, en tanto, se examinaron 48 comunas, tres por región, y se revisaron ambos planes. Sin embargo, de los 96 que se esperaba analizar, solo se pudo evaluar 71, ya que “en los 25 casos restantes las bases utilizadas no registraban un instrumento formalizado”.
No obstante, se detalló que “entre los resultados se observó que tener un plan formalizado no garantiza por sí solo que sus mapas y antecedentes puedan verificarse”. Además, “que los planes suelen describir mejor las medidas que deben adoptarse que las características técnicas del mapa que les sirve de respaldo; que a muchos de los mapas les faltan datos para verificar su escala, metodología, vigencia o limitaciones; y que la ausencia de Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres es más frecuente en las comunas con mayores factores subyacentes de riesgo”, indicaron.
Sistema integrado de mapas de amenaza
El profesor del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Julián Cortés, afirmó que “al combinar un mapa de amenaza con información sobre la población, la infraestructura, los servicios y otros elementos, es posible anticipar quiénes y qué elementos podrían resultar afectados y orientar decisiones antes de una emergencia”.
Sin embargo, agregó que “para que el mapa sea útil no basta con su calidad científica: también debe estar validado, publicado, actualizado, explicado de manera comprensible e incorporado en planes, inversiones y protocolos”.
En el caso del reciente aluvión en Las Condes, por ejemplo, esta información no estuvo presente, pese a que el Sernageomin había recomendado en febrero pasado, tras un evento similar ocurrido el 31 de enero, “establecer una mesa técnica permanente con autoridades locales y organismos competentes para integrar insumos cartográficos (imágenes de drones, topografía, DEMs, catastro de eventos históricos, estado de obras de mitigación y PRC). Esta mesa debe generar planes de evacuación y protocolos de acción ante amenazas de remociones en masa”.
Desde el plantel estatal informaron que “si bien en Chile existen herramientas como BiblioGRD y el Visor Chile Preparado, entre otras, y normas sobre los mapas de amenaza, como la Ley 21.364 y el Decreto Supremo N° 86, el informe también advierte que una de las principales problemáticas es la ausencia de un sistema nacional integrado de trazabilidad cartográfica, ya que actualmente los datos están diseminados y no pueden consultarse de manera conjunta”.
Según detallaron, en la actualidad existen doce organismos técnicos responsables de elaborar mapas de amenaza, como el SHOA, Sernageomin, Conaf, el Centro Sismológico Nacional y la Dirección General de Aguas, entre otros, sin embargo, esto requiere “equipos permanentes y financiamiento estable (…) Por ello, el desafío no es solo producir más mapas, sino también poder saber cuál es el vigente, quién responde por él, qué limitaciones tiene y en qué decisiones públicas se está utilizando”.
Otros resultados
El estudio también permitió identificar casos donde puede existir una mejor articulación comunal, ya que, “entre las 48 comunas revisadas en profundidad, 27 presentan una interfaz documental consolidada entre sus planes y la información cartográfica; en 19 de ellas, tanto el Plan Comunal de Emergencia como el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres superan los umbrales definidos por la investigación”.
Además, el informe dio cuenta que comunas como Pucón, Aysén, La Serena, Viña del Mar, Alto Hospicio y Chillán Viejo “presentan una conexión documental consistente entre las fuentes cartográficas, la identificación de la exposición y las acciones previstas”.
Aunque destacan que “este dato no prueba causalidad”, si justifica que “priorizar cartografía y asistencia técnica mediante apoyos focalizados que no dependan solo de concursos, sino de financiamiento estable”, es necesario, “pues casi una de cada dos comunas del grupo con mayor vulnerabilidad estructural no cuenta con un Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres, frente a poco más de una de cada cuatro en el grupo de menor vulnerabilidad”.
