En un histórico fallo, la Fiscalía de Los Ríos obtuvo una condena de 5 años de presidio y una multa de más de $2100 millones en contra de un empresario por delito ambiental. Además, el CDE actuó como querellante en la causa, lo que permitió, junto al trabajo coordinado con el Ministerio Público, acreditar el daño causado a este humedal.
La Fiscalía de Los Ríos logró una condena de 5 años de presidio en libertad vigilada y una multa de más de $2100 millones contra el empresario, Cristian Esteban Zaro Ponce, propietario del predio El Yeco en la comuna de Mariquina, por provocar daños graves e irreversibles a un humedal a orillas del río Lingue. Este fallo marca un hito histórico al constituir la primera condena penal en el país bajo el marco de los nuevos delitos ambientales, que fueron incorporados al Código Penal por la Ley de Delitos Económicos (Ley N° 21.595).
Los hechos acreditados durante el juicio ocurrieron entre octubre de 2023 y febrero de 2024, ya que con el fin de habilitar la venta de parcelas en el predio El Yeco, el empresario condenado dispuso la tala de vegetación nativa, la remoción de tierra mediante maquinaria pesada y el depósito de material sobre un humedal palustre, que forma parte de un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad, ocasionando un grave daño al medioambiente.
En definitiva, se estableció que este empresario provocó la destrucción del humedal, afectando la flora, la fauna y las funciones naturales de este ecosistema. Asimismo, intervino y desvío dos quebradas que aportaban agua al humedal y su ecosistema, alterando su funcionamiento hídrico y, producto de estas faenas, además la pérdida total de su flora y fauna nativas.
La investigación fue dirigida por la Unidad de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la Fiscalía Regional de Los Ríos, en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la PDI y organismos técnicos competentes.
Durante las cinco jornadas del juicio oral, el Ministerio Público presentó prueba testimonial, pericial y documental que permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado y la gravedad de las consecuencias ambientales de las intervenciones realizadas.
El fiscal Carlos Bahamondes manifestó que “lo relevante es que es la primera sentencia que se ha dictado en el país por el delito de atentado, daño o contaminación ambiental con resultados para la Fiscalía de carácter positivo, dada esta connotación de ser el primer hecho llevado a un juicio con estas características”.
La sentencia por daño ambiental
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia condenó a Cristian Esteban Zaro Ponce a penas que suman cinco años de presidio y al pago de una multa de 30 000 unidades tributarias mensuales (UTM), equivalentes a más de $2100 millones, por su responsabilidad en la destrucción de este humedal.
La sentencia estableció una pena de cuatro años de presidio por el delito de contaminación ambiental con resultado grave y otra de un año por tala o corte no autorizado de árboles o vegetación nativa.
El tribunal sustituyó ambas penas privativas de libertad por cinco años de libertad vigilada intensiva, régimen que contempla supervisión de Gendarmería de Chile y la obligación especial de participar en programas formativos en materia ambiental. Además, impuso una multa adicional de 15 sueldos vitales por el delito de tala ilegal.
Estero afluente río Lingue. Imagen: https://humedaleslosrios.cl/
CDE y Fundación Terram destacan fallo
Desde el Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad actuó como querellante en la causa, se destacó esta primera condena dictada en Valdivia por delitos ambientales del Código Penal.
Al respecto, el abogado procurador fiscal de Valdivia, Natalio Vodanovic, valoró esta primera condena dictada bajo los nuevos delitos ambientales y señaló que, “en esta labor, el trabajo coordinado con el Ministerio Público fue fundamental para acreditar el daño irreversible al humedal, demostrando que hoy contamos con herramientas penales robustas y eficaces para perseguir con el máximo rigor a quienes destruyen nuestro patrimonio natural”, agregó.
Por su parte, en Fundación Terram evaluaron positivamente este hecho, “que viene a materializar por primera vez una condena por delitos de carácter ambiental que fueron incorporados al Código Penal a través de la Ley 21.595 en el año 2023”.
“Creemos que es una señal clara de que, contrario a la opinión de cierto sector, los humedales constituyen ecosistemas de gran relevancia y que el mismo tribunal resolvió en ese sentido. Cabe destacar que es una sentencia que aún no se encuentra firme, pudiendo ser revisado por los tribunales superiores y, por ende, es importante estar al tanto de cómo se resolverá posteriormente”, relevó Diego Rojas, abogado de Fundación Terram.
Más de 30 causas actualmente en curso
La primera condena del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia “es un hito histórico para la institucionalidad ambiental chilena, al materializar la aplicación de las nuevas disposiciones penales ambientales incorporadas por la Ley N.º 21.595 de Delitos Económicos, publicada en agosto de 2023, materia en que Chile estaba en deuda a nivel internacional”, indica Francisco Riestra Miranda, experto en Medio Ambiente y Recursos Hídricos en Minería en Chile.
“Con más de 30 causas actualmente en curso, y más de la mitad en el sector minería, este primer fallo representa una señal clara de que el incumplimiento de la legislación y normativa ambiental puede trascender las sanciones administrativas y generar consecuencias penales para quienes resulten responsables”, explica Riestra.
Agrega que “hoy fue la intervención ilegal de un humedal, su destrucción y daño ambiental grave e irreversible lo que condena penalmente al responsable. Pero, su importancia no radica únicamente en la condena, sino también en su potencial efecto disuasivo. La posibilidad real de enfrentar responsabilidades penales constituye un incentivo adicional para que empresas, ejecutivos y responsables de proyectos adopten decisiones oportunas frente a los riesgos ambientales, hoy la ética, la preocupación por el medio ambiente y sus consecuencias ambientales tienen límites que no son aceptables”, plantea el experto, quien también es Máster en Gestión y Tecnología del Agua.
Por todo ello, a juicio de Francisco Riestra, “este fallo marca un punto de inflexión en la protección ambiental en Chile. Refuerza la necesidad de avanzar desde una gestión centrada exclusivamente en el cumplimiento formal de permisos y autorizaciones hacia una verdadera cultura de prevención, responsabilidad y gestión efectiva de los riesgos ambientales.
