La audiencia continuará el lunes, ya que se debe discutir las cautelares solicitadas por la Fiscalía, que son arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la municipalidad y de contactarse con funcionarios municipales ya que, según la fiscal Nadia Espinoza, se han “enterado de ciertas presiones, por parte del ente municipal, hacia sus subalternos al momento de declarar en la investigación” de esta compraventa y sus alcances.
Por dos delitos de fraude al fisco fue formalizado el alcalde de Chillán, Camilo Benavente Jiménez (PPD, con militancia suspendida), ilícitos que se habrían generado en la compraventa del sitio donde estaba la medialuna de la ciudad, pagando un sobreprecio de 1900 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que “el imputado, contraviniendo las normas y principios que debe cumplir, actuando contra el interés general y en razón de su cargo de alcalde decidió adquirir el predio denominado Medialuna de Chillán, ubicado en el sector Schleyer de la comuna”.
La imputación se basa en que la transacción con el dueño del predio, la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno, se hizo por $3 276 160 000 pesos, ocasionando una pérdida al patrimonio municipal y fiscal por 1900 millones de pesos, ya que no se utilizó una tasación fidedigna.
La fiscal de Chillán, Nadia Espinoza Caro, expuso que el 9 de noviembre de 2021 se reunió el concejo municipal y aprobó suscribir los contratos de promesa y compraventa del inmueble, por el monto ya mencionado, y recién un mes después se realizaron las tres tasaciones ordenadas por el municipio. “A nuestro entender este predio tiene un valor muy inferior al cual efectivamente se pagó”, precisó la fiscal.
El segundo hecho imputado se produce cuando el alcalde Benavente acordó con la sociedad vendedora de la propiedad restituirles las graderías, corrales, estructuras de madera, techumbres, ventanales y demás enseres de la medialuna, omitiendo esta información al concejo municipal cuando aprobó la compraventa.
“Dichas especies tenían un valor económico y su valor se incluyó en el precio pactado, defraudando con ello al patrimonio municipal por cerca de 200 millones de pesos”, expuso la fiscal en la audiencia de formalización.
La magistrada del Juzgado de Garantía de Chillán, Claudia Madsen Venegas, suspendió la audiencia hasta el lunes, cuando se retomará para resolver las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, que son arresto domiciliario total, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la municipalidad y de contactarse con funcionarios municipales.
La fiscal explicó que estas medidas cautelares “dicen relación con garantizar los fines del procedimiento, puesto que hay diligencias pendientes que son necesarias de evaluar, y también nos hemos enterado de ciertas presiones, por parte del ente municipal, hacia sus subalternos al momento de declarar en la investigación”.
Cronología del caso
Como indicó la Fiscalía en su relato de formalización de cargos, en diciembre de 2021, recién un mes después de la aprobación del Concejo Municipal para la firma de las promesas y contratos de compraventa de la medialuna, se hicieron las tres tasaciones oficiales requeridas por ley para estos fines, lo que reveló que el municipio pagó casi el doble del valor real de la propiedad.
Un año después, en octubre de 2022 se concreta la compraventa. Pero, con la suspicacia de que el alcalde había firmado un contrato privado, oculto, por el cual autorizaba a desmantelar la infraestructura del lugar y llevárselas, gratis. El alcalde, en su declaración durante la indagatoria, dijo que él firmaba lo que los abogados le decían, “confiando en la responsabilidad administrativa de la dirección jurídica”, según da cuenta un reportaje de Canal 13.
Dos años más pasaron y denuncias de concejales ante la Contraloría General de la República obligaron al ente fiscalizador a realizar una revisión de todo el proceso de compraventa, y el posterior desmantelamiento de las estructuras que allí existían al momento de la adquisición.
Debido a la gravedad de los hallazgos y a presuntas presiones internas, la contralora (en esa época subrogante) Dorothy Pérez trasladó el sumario administrativo desde Chillán a Santiago para asegurar la independencia de la investigación.
