Gastón Saavedra, senador PS por la Región del Biobío.
Hay preguntas que definen el alma de una sociedad. Preguntas que no se responden con un reglamento, ni con un uniforme, ni con el ruido de las armas. Se responden mirando de frente a la humanidad que decimos defender.
Una de ellas es esta: ¿cuánto vale una vida frente al cemento y el acero?
No se trata de negar la importancia de las infraestructuras críticas. Necesitamos electricidad, agua, hospitales y telecomunicaciones. Pero no perdamos el sentido de las cosas: las infraestructuras existen para servir a las personas; jamás las personas para servir a las infraestructuras.
Un centro de datos puede costar millones. Una red de comunicaciones puede ser estratégica para el país. Pero ninguna instalación tiene una madre que espere su regreso, ningún edificio tiene hijos que lloren su ausencia, ninguna máquina deja una silla vacía en la mesa familiar. Las personas, sí.
Por eso, antes de acelerase a publicar reglamentos sobre el uso de la fuerza, hay que preguntarse ¿para qué existe el Estado?
Nuestra Constitución, en su artículo primero, establece que el Estado está al servicio de la persona humana. No al servicio del cemento, ni del acero, ni de la conservación de sus propias estructuras. Al servicio de las personas, de su dignidad y de sus derechos.
Y ese principio no es una frase decorativa para los discursos oficiales. Es un mandato que debe poner límites al poder, especialmente cuando ese poder lleva un arma en las manos.
Porque una cosa es utilizar la fuerza, incluso la fuerza letal para proteger la vida de un agente del Estado que está ejerciendo su función o de un tercero frente a una amenaza grave. Otra, radicalmente distinta, es poner en riesgo una vida humana por la sola necesidad de proteger una instalación.
La diferencia entre ambas situaciones es la diferencia entre defender la vida y ponerla al servicio de las cosas.
Y aquí está el dilema moral y jurídico que Chile no puede eludir: ¿puede la protección de una infraestructura crítica convertirse, por sí misma, en una justificación para emplear fuerza potencialmente letal contra una persona?
La respuesta debe ser categórica: ningún bien material, por estratégico que sea, puede convertirse automáticamente en una licencia para matar.
La fuerza del Estado no puede depender del valor económico de aquello que protege. La legitimidad de sus actos debe medirse por el respeto a la vida, la necesidad de la intervención, su proporcionalidad y los límites que impone el derecho.
Porque cuando el poder comienza a confundir autoridad con arbitrariedad, el Estado de derecho deja de ser una garantía para convertirse en una amenaza.
Un reglamento no puede transformarse en un cheque en blanco. Un uniforme no puede reemplazar a la conciencia. Y ninguna autoridad debería esconderse detrás de una norma para eludir la pregunta fundamental: ¿era necesario poner en peligro una vida humana para cumplir esa misión?
Si nuestras reglas de uso de la fuerza permiten interpretaciones que subordinan la vida a la protección de bienes materiales, tenemos el deber de revisarlas. No para debilitar al Estado, sino para impedir que, en nombre de la seguridad, termine traicionando la razón por la que fue creado.
Porque la verdadera fortaleza de una democracia no consiste en demostrar cuánta fuerza puede desplegar, sino en saber hasta dónde puede llegar sin destruir aquello que tiene la obligación de proteger.
Al final, las instalaciones se reconstruyen. Los cables se reemplazan. Los edificios vuelven a levantarse. El acero se funde y el cemento se mezcla otra vez. Pero hay cosas que no se pueden reparar.
No existe licitación pública que devuelva a un hijo a sus padres. No existe presupuesto capaz de borrar el dolor de una familia. No hay infraestructura, por estratégica que sea, que justifique olvidar el valor irreemplazable de una vida humana.
Por eso, cuando discutamos seguridad, orden público y uso de la fuerza, no perdamos de vista la pregunta que debería estar en el corazón de toda decisión del Estado: ¿a quién estamos protegiendo y para qué?
Porque si para defender las estructuras de una sociedad estamos dispuestos a sacrificar los principios que la sostienen, entonces habremos conservado sus edificios, pero comenzado a destruir sus cimientos.
El cemento sostiene las paredes. El acero sostiene las estructuras. Pero es la dignidad humana la que sostiene a una sociedad.
Cuando un Estado olvida esa verdad, no son las personas las que dejan de estar a su servicio. Es el Estado el que deja de estar a la altura de las personas.
