Lorenzo Gónzalez: Académico vinculado a la Ciencia Política.
El 30 de enero de 1933 asumió Adolf Hitler como canciller de Alemania. El 1º de febrero disolvió el parlamento y convocó a elecciones. El 4 de febrero hizo promulgar el “Decreto del Presidente del Reich para la protección del pueblo alemán”.
Una secuencia tan rápida como brutal. Además, el punto de partida de la destrucción de la institucionalidad democrática de la república de Weimar.
El decreto permitía restringir y prohibir las reuniones y manifestaciones públicas, disolverlas en caso de desobediencia o insulto a las autoridades o instituciones del Estado, e infiltrar policías en ellas.
¿El argumento? El de siempre: proteger al pueblo. En este caso, alemán.
La historia es conocida. Luego vino el incendio del Reichstag (27 de febrero) y la promulgación del nuevo “Decreto para la protección del pueblo y del Estado” (28 de febrero), que suprimió todas las libertades individuales. En seguida la transferencia de poderes del parlamento a Hitler (Ley de Habilitación del 23 de marzo).
Ese mismo día, en que Hitler pidió al Reichstag la aprobación de la Ley de Habilitación, prometió que “El Gobierno solo hará uso de esta autorización en la medida en que sea necesario para la aplicación de medidas vitales”.
De ahí hubo un paso a la censura de la prensa y al sangriento desenlace en la Noche de los Cuchillos Largos (30 de junio y 2 de julio de 1934). En ella Hitler hizo una purga interna en el partido para consolidar su poder, eliminó la cúpula de las temidas SA y ordenó asesinar a oponentes políticos. Sin contar los miles de detenidos.
La Ley de Habilitación cuya aplicación sería, según señaló, excepcional, se transformó en la base para desmontar el Estado de Derecho. Este es un caso extraordinario del uso de la legalidad para destruir la propia legalidad.
Ya no fue posible detener la erosión sistemática de la institucionalidad: la administración estatal, la justicia, los establecimientos educativos y otros ámbitos, incluidas la ciencia y el arte. Todo fue “nazificado”.
Una maquinaria, además, cimentada en el terror que sin piedad desataban la Gestapo (la policía política) y las SS.
Así se destruyó un Estado de Derecho desde dentro, bajo el argumento de proteger al propio pueblo que se va a reprimir.
El presidente José Antonio Kast ha propuesto reformar la Constitución y crear un nuevo estado de excepción que conculca las libertades individuales y que puede ser establecido por él sin la aprobación del parlamento. Su argumento: “La libertad necesita instituciones firmes, leyes, orden y autoridad para perdurar”.
Ambas historias tienen una curiosa familiaridad.
NOTA DIRECTOR: El autor de esta columna, cuya expertiz es reconocida fehacientemente por redacción, solicitó expresamente escribir bajo un seudónimo, por razones de seguridad laboral.
