Son tres hechos, todos ellos relacionados entre sí, ocurridos al interior del establecimiento educacional propiedad del Arzobispado de Linares, y por los cuales la fiscalía local determinó formalizar cargos en contra de la subdirectora, la psicóloga y cuatro alumnas de tercero medio.
Una situación de convivencia escolar que no fue considerada o tratada en base a los protocolos que exige la ley para resolver circunstancias complejas o violentas en los establecimientos educacionales, llevó al Ministerio Público a investigar y, posteriormente, formalizar a dos docentes y cuatro alumnas del Liceo Bicentenario Inmaculada Concepción de Cauquenes, establecimiento particular subvencionado propiedad del Arzobispado de Linares.
Según informó la fiscal subrogante Carolina Cisternas Guzmán, el miércoles 30 de septiembre, el Ministerio Público formalizó a la directora subrogante del liceo por el delito de omisión de denuncia, y a la psicóloga del mismo establecimiento por el delito de violación de secreto en relación con la divulgación de información correspondiente al diagnóstico médico de una estudiante.
El mismo día fueron formalizadas cuatro adolescentes, todas alumnas de tercero medio A del liceo, por el delito de amenazas en contra de otra estudiante.
“Como Ministerio Público queremos relevar la importancia de que quienes se desempeñan en establecimientos educacionales conozcan y cumplan las obligaciones que establece la ley en materia de denuncia. Se debe tener presente que, frente a hechos que pueden revestir caracteres de delito, corresponde ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes, sin que sea el establecimiento educacional el que determine por sí solo si estos constituyen o no delito”, explicó la persecutora penal.
Ello, porque “es el Ministerio Público, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, quien debe investigar los hechos denunciados y determinar, sobre la base de los antecedentes reunidos, si estos revisten o no el carácter de delito y las responsabilidades que eventualmente correspondan”, afirmó la fiscal Cisternas.
Desde el Ministerio Púbico, además, hacen un llamado a la comunidad educativa a cumplir oportunamente con sus obligaciones legales de denunciar, especialmente cuando se trata de hechos que puedan afectar gravemente los derechos y la integridad de los niños, de las niñas y adolescentes tal como lo establece el artículo 175 del Código Procesal Penal.
Reglamento de Liceo del Arzobispado
El tema de la omisión de denuncia en el contexto de violencia escolar está plasmado -o debe estarlo- en los reglamentos de cada establecimiento educacional. Así lo obliga la ley. En este caso, el Liceo Bicentenario Inmaculada Concepción de Cauquenes si existe.
Incluso está publicado en su página web el “Reglamento Interno 2026 Liceo Inmaculada Concepción Cauquenes”. En el texto se lee claramente: “De la obligación de denunciar los delitos, Art 226. Los profesionales, asistentes de la educación, equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia de género que afecten a las mujeres y adolescentes que forman parte de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento”
Agrega que “si la víctima es un estudiante, deberá informarse al área de convivencia educativa; si es un funcionario, al área de recursos humanos y si es otro miembro de la comunidad educativa y los hechos revisten caracteres de delito, deberá hacerse la denuncia correspondiente. En cualquier caso, se le deberá informar a la víctima de las instituciones existentes en la comuna dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género”.
En el artículo siguiente se explicita que: “serán consideradas faltas gravísimas todas las acciones constitutivas de delito, tales como: lesiones; agresiones sexuales; explotación sexual; maltrato; amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño); porte o tenencia ilegal de armas; robos; hurtos; venta o tráfico de drogas, entre otros”.
Luego se indica que “el Colegio está obligado a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento educacional. En caso que el delito denunciado sea un hecho de violencia de género, junto con la denuncia, el denunciante deberá informar a la víctima de las instituciones existentes en la comuna dedicadas a la atención y protección ante casos de violencia de género. La denuncia respectiva debe ser realizada dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que se tome conocimiento del hecho, ante cualquiera de los siguientes organismos: Ministerio Público; Carabineros de Chile; Policía de Investigaciones”.
Cabe indicar que este establecimiento fue propiedad de la Congregación de las Hermanas de la Inmaculada Concepción quienes, posterior al terremoto de 2010 y debido a dificultades administrativas internas de la comunidad religiosa, se decide cesar su labor educativa en esta institución, traspasando el colegio al Obispado de Linares.
