El alcalde Rodrigo Díaz Brito cree que la ley era necesaria, pero esta no considera los matices que hacen diferentes una comuna de otra. Además, dice que elimina cuestiones que han sido exitosas, como el Convenio OS-14 entre municipios y Carabineros, que permite el patrullaje mixto de policías e inspectores de seguridad, y que ahora será una excepcionalidad. A eso se suma la falta de recursos, ya que esta nueva normativa no contempla financiamiento.
Lo único que logran este tipo de leyes es poner a los municipios rurales y pobres en una situación todavía más desmejorada de la que ya estaban. O nos obligan también a sacar recursos que debieran ir hacia las verdaderas problemáticas sociales, de salud, que es con lo que lidiamos nosotros todos los días, y tenemos que desviar recursos que pudiésemos tener en esos ítems, para dar cumplimiento a las leyes.
Los problemas prácticos de la implementación de la Ley de Seguridad Municipal (Ley 21.802), que tampoco cuenta con financiamiento, van mucho más allá de la polémica que surgió con los alcaldes por el reglamento de esta norma que, finalmente fue retirado de Contraloría para su mejoramiento. Pero la normativa sigue sin considerar las diferencias abismales que hay entre comunas rurales y urbanas, por ejemplo, que profundizan desigualdades en el uso de recursos, porque esta normativa obliga a desembolsar dineros que, muy bien podrían ser utilizados en otras necesidades que el gobierno no ve, pero los alcaldes sí.
Para hacernos una idea, el dato oficial es que, de las 346 comunas del país, 84 se clasifican como predominantemente urbanas, 76 como mixtas y 185 como predominantemente rurales, según la actualización de la clasificación comunal utilizando los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 que realizó de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) y dio a conocer a fines del año pasado.
Más de la mitad de las comunas en Chile son rurales, lo que condice una realidad muy distinta en todos los aspectos que implican la administración de un municipio, pero mucho más en cuanto a la seguridad ciudadana, porque no cuentan con los recursos y despliegues que acostumbran a mostrar en televisión las comunas que tienen mayores ingresos en la Región Metropolitana. Y donde la realidad es diametralmente distinta.
Ejemplo de ello es Catemu, localidad ubicada en la Provincia de San Felipe, Valparaíso, donde “por cierto tenemos delitos, pero muy diferentes en la cantidad y en las motivaciones que tienen también. El delito más habitual en nuestra comuna es la violencia intrafamiliar, que se produce especialmente los días domingo después de las seis, siete de la tarde, cuando terminan los partidos del torneo local, donde normalmente hay un consumo excesivo de alcohol, y que se posiciona ya hace muchísimo tiempo como el delito más recurrente en la comuna”, explica el alcalde, Rodrigo Diaz Brito.
“El segundo delito es el robo en un lugar no habitado, que se genera en la época de cosecha de los sectores agrícolas. Es el robo que tiene que ver con las paltas, las nueces, los cítricos, en fin, esos son esos nuestros principales delitos. Entonces, ¿qué da cuenta esto? Que la realidad de una comuna rural pequeña como la nuestra dista mucho de la realidad de las comunas ubicadas en los centros urbanos, y que hoy día son las que copan todos los medios de comunicación, y que hacen que la gente viva en una situación o en una sensación de inseguridad permanente, cuando la verdad es que esos delitos están lejos de comunas como la nuestra”, añade el alcalde de Catemu, sobre la diferencia de realidades que no contempla la ley.
Muchos municipios han hecho uso de los patrullajes mixtos de Carabineros e inspectores municipales, lo que ha sido beneficioso para todos, pero principalmente la ciudadanía que vive en zonas rurales o alejadas. En la imagen, la vigilancia conjunta que se hace en Coronel, Región del Biobío.
Choque de realidad
¿Alcalde, qué es lo que no se contempla en esta normativa y en este reglamento, y que va a chocar con la realidad en comunas pequeñas como Catemu?
Creo que lo que sí va a chocar con la realidad es algo que está contemplado en la ley, porque dice que el patrullaje mixto, es decir, integrado por un inspector de seguridad y un carabinero en un vehículo municipal, debe ser una excepcionalidad.
Cuando la realidad es que, para nosotros, el Convenio OS-14 que firmamos con Carabineros ha resultado una de las mejores soluciones para ambas instituciones. Porque nos permite patrullar con un solo inspector que va acompañado de un carabinero, y eso le permite al inspector de inmediato participar en muchos más procedimientos.
Nos complementamos porque, por otro lado, a Carabineros también le resuelve un problema para dotaciones pequeñas como nuestra comuna, que tiene 12 carabineros. Entonces, no siempre se dan las condiciones para cumplir con los turnos básicos que impone, porque hay licencias, porque además tienen que estar constantemente saliendo a apoyar a otras comunas, y tienen también roles, como las notificaciones que entrega el Juzgado de Policía Local. Ese es un trabajo que hoy día estamos haciendo en conjunto.
¿Entonces es una buena estrategia de recursos y logística, que se va a quitar prácticamente?
Nosotros ponemos el vehículo, ponemos el inspector, Carabineros ponen un funcionario y nos complementamos. ¿Es bueno para Carabineros? Sí es bueno. ¿Es bueno para nosotros? Es muy bueno. Y la ley viene en contra de aquello, y dice que ese, que es un procedimiento habitual en nuestro caso, ahora se habla de una excepcionalidad
Nosotros prácticamente cuatro o cinco días de la semana hacemos ese patrullaje bajo el Convenio OS-14 y, por tanto, Carabineros ya no va a estar tan abierto a disponer de funcionarios para que nos apoyemos mutuamente y podamos cumplir con estas rondas.
Y como ese, y otros puntos que también vienen más bien a entorpecer una labor que se está haciendo, pero como son leyes que están hechas muchas veces desde escritorio y lejos de la realidad, caen en este tipo de contradicciones, que en vez de ayudarnos nos van a perjudicar.
Las cámaras de seguridad son un aliado a la hora de mantener vigilancia 24/7 en las comunas. Muchos municipios licitan el servicio de monitoreo, pero la nueva le obliga a contratar personal para ello. En la imagen, el centro de monitoreo de la municipalidad de Victoria, en la Región de La Araucanía.
Lo impráctico de la ley en comunas pequeñas
Alcalde, se torna complejo el tema de recursos para poder implementar toda esta normativa. ¿Han estimado ustedes cuánto dinero o recursos se necesita para poner en marcha estos planes y todo lo que exigirá esta ley y su reglamento?
El problema de aplicación de la ley, por cierto, tiene un componente económico, y se refleja en cuestiones como que la nueva ley exige que exista un funcionario o funcionaria municipal que sea planta o contrata, por la responsabilidad administrativa que eso conlleva, para que resguarde los implementos y los uniformes que utilizan los guardias o los inspectores de seguridad.
Lo que claramente para un municipio pequeño como el nuestro es un despropósito, porque aquí estamos hablando de cuatro o cinco inspectores de seguridad, y estoy obligado a que una persona con responsabilidad administrativa vaya a ocupar un cupo de planta o de contrata para poder realizar esa función, cuando tenemos un montón de problemáticas ligadas a temas sociales, y tenemos un espacio chiquito para contratar gente. Entonces ahí tengo un problema que es más bien administrativo, que no supone la ley.
¿Qué otros elementos de esta naturaleza la ley obliga y que implican más costo que beneficio?
También hay un problema similar y pasa a ser económico, porque la nueva ley exige que quienes monitoreen las cámaras de seguridad sea personal contratado específicamente para ese punto. En nuestra comuna tenemos 18 cámaras instaladas en puntos estratégicos, y tenemos ese servicio externalizado, porque nos permite licitarlo y usar el recurso que disponemos para pagar eso. Ahora voy a tener que internalizarlo.
Y de nuevo. Hay una cuestión administrativa, porque para una planta chica como la nuestra de 60 personas, y lo mínimo que tengo que tener son seis personas para poder monitorear esas cámaras en turnos 24-7, cuando esos cupos los necesito para otras diez problemáticas que tiene el municipio.
Y además que va a salir más caro que lo que estamos trabajando hoy, con un contrato que ha sido licitado por una empresa externa que administra. Si bien nosotros financiamos la mantención, la instalación, tengo una empresa que administra todo el sistema y que nos permite monitorear. Entonces allí se produce también un problema administrativo y económico.
¿Algún otro ejemplo de impracticabilidad?
Es que, finalmente, se generan cuestiones que escapan a lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, cuando se instauran los comités de seguridad y se obliga a que ahí tienen que estar las policías, el municipio y el Ministerio Público.
Lo veo sumamente complejo, porque no hay Fiscalía en Catemu, la única que hay para toda la provincia, que está integrada por seis comunas, está en San Felipe.
Esas personas van a tener que hacer reuniones, participar. ¿Cuántas personas tienen en esa Fiscalía? Tiene también una cantidad de causas que están pendientes, las cargas laborales que ya están absolutamente sobrepasados y además los vamos a obligar a que estén en reuniones que tienen que ser mensuales en cada una de las seis comunas.
A mí me parece que es absolutamente impracticable, pero la nueva ley lo exige. Por tanto, ellos van a tener que saber cumplir y nosotros también, pero no va a depender de nosotros.
Creo que en estos tres ejemplos que he dado se resume que hay problemáticas que son económicas, hay problemáticas que son administrativas y otras que derechamente no responden a la realidad de los territorios donde estamos tratando de implementar la ley.
Una vista de un sector de la ciudad de Catemu, comuna ubicada en el valle de Aconcagua, en la Provincia de San Felipe.
Ley sin recursos
¿Cómo se financia algo así, más cuando les han quitado la mayor cantidad de los recursos? Y como ya sabemos, esta ley no contemplaría los recursos para implementarla.
Este es un vicio, ya que no depende de un gobierno u otro. Aquí hay una realidad en Chile, que en el Congreso son muy buenos para sacar iniciativas legales, que exigen mucho y que no se asocian con ningún recurso. Uno de los casos más emblemáticos es este, el de la Ley de Seguridad, pero tampoco olvidemos la Ley Cholito, que obliga a un montón de acciones que deben realizar los municipios, sin tener ningún recurso asociado.
Entonces, eso supone dos problemas. Primero, entramos en una abierta disputa o somos blanco de la crítica de la ciudadanía que dice, bueno, pero si la ley exige y ustedes tienen que hacerlo, y este es el derecho, por ejemplo, de los animalitos callejeros, ustedes tienen que preocuparse, que cuenten con tales y tales condiciones, y digo, ya, pero no tenemos el recurso.
Y eso la gente muchas veces no lo entiende nomás y cree que, por el solo imperio de la ley o el hecho de promulgar una ley, nosotros estamos facultados para hacer un gasto del cual no disponemos de ese recurso. Entonces se genera ahí una primera problemática.
¿Cuál es la otra problemática que indicaba?
La segunda es que, cuando se infringe algún tipo de normativa ligada a los puntos que plantea la ley, nosotros quedamos expuestos de inmediato, porque cualquier persona que venga y demande que esta es una acción del municipio, tiene toda la razón, porque hay un cuerpo legal atrás que ratifica y refuerza esa postura.
El tema es que nadie dice, y el municipio, ¿alguien le dio los recursos para que pudiese dar cumplimiento a lo que exige la ley? Y ahí es cuando empezamos a tener estas diferencias, estas disyuntivas, en un país que somos número uno a la hora de hacer y hacer leyes, pero estamos muy lejos de la realidad que esas leyes quieren instaurar, que por el mero hecho de estar escritas y estar promulgadas esto va a cambiar la realidad del país. No, no la cambia.
Lo único que logran este tipo de leyes es poner a los municipios rurales y pobres en una situación todavía más desmejorada de la que ya estaban. O nos obligan también a sacar recursos que debieran ir hacia las verdaderas problemáticas sociales, de salud, que es con lo que lidiamos nosotros todos los días, y tenemos que desviar recursos que pudiésemos tener en esos ítems para dar cumplimiento a las leyes.
¿Pero la ley en sí misma es el problema?
Debo ser súper claro, me parece que el tema de la Ley de Seguridad Municipal sí tiene una buena intención, sí era necesaria, y que el problema se está dando porque no nos están dando la opción de que la aplicación de esa ley considere los matices que hacen diferentes una comuna de otra.
Pero sí creo que era una ley que nosotros necesitábamos, por eso la esperanza está en el que el reglamento logre resolver aquellos temas que nos ponen en una situación difícil de poder cumplir específicamente con todos los puntos e incisos que trae esa ley.
¿Cuáles son los principales riesgos que ve usted en esta normativa, o vacíos que aún se deben conversar o mirar con más atención para evitar problemas para los propios municipios y para la ciudadanía?
Creo que a estas alturas la única opción que tenemos con la ley ya promulgada es lograr que el reglamento, que va a determinar la aplicación de este cuerpo legal, recoja aquellos puntos que ya he planteado. Yo he señalado solo algunos, que son las revisiones que hemos hecho, pero que sin duda hay muchos otros que se va a incurrir en un error.
Cuando queremos homologar una ley para una comuna grande de la Región Metropolitana como Puente Alto y una comuna rural y pequeña como Catemu, son dos realidades tan diferentes que hacer las mismas exigencias, entregar las mismas atribuciones o normar los procedimientos de la misma forma, es muy complejo. La situación de los inspectores de seguridad de las comunas santiaguinas grandes es muy diferente a la nuestra y de ahí en adelante.
Entonces, creo que lo principal sería poder resolver las aplicaciones de uno u otro reglamento, considerando el per cápita, el número de población, las condiciones de urbanidad o ruralidad, en fin, creo que todavía estamos a tiempo para corregir aquellos temas que la ley no consideró y que finalmente será el reglamento el que deberá explicitar en la aplicación de esta ley.
El alcalde de Catemu Rodrigo Díaz Brito, en marzo de 2025, hace entrega oficial de la pistola radar de velocidad a la Tenencia de Carabineros de Chile, en manos del subteniente Marco Castro.
La diferencia que ayuda a Catemu
Alcalde, pero, además deben costear los certificados para los inspectores, cursos, capacitaciones, examen de drogas, equipamientos, vehículos, un seguro de vida para los funcionarios. Es un costo económico muy alto. Entonces, ¿cómo se hace si la ley no incorpora financiamiento?
Todos los costos que supone la implementación de los departamentos de seguridad son a costo del presupuesto municipal. Si bien es cierto que la Subsecretaría de Prevención del Delito libera un fondo que es bianual, que nos permite usar ese recurso para equipamiento y lo hemos utilizado en cámaras, en recambio de luminaria de sodio a LED, en fin.
Pero lo más alto tiene que ver con las remuneraciones. La contratación de todo el personal que necesita este departamento de seguridad, además de la implementación, la compra del equipamiento de cada uno de los guardias, lo podemos financiar hoy día gracias exclusivamente a la Ley del Royalty. Para nosotros es un costo no menor, son poco más de 100 millones anuales.
Somos comuna minera, por tanto, recibimos más que las que solo reciben el Fondo de Equidad Territorial. Para que se hagan una idea, el Fondo de Equidad Territorial, en el caso nuestro, y de una comuna de este tamaño, anda levemente superior o inferior a los 300 millones de pesos. El Fondo de Comuna Minera son 1.300, 1.200 millones, entonces hay una gran diferencia.
Si mañana, por alguna cuestión el royalty se elimina después de los 10 años que rige la ley o se disminuye, una de las áreas que se van a ver afectadas de inmediato es seguridad. No sé cómo lo están haciendo el resto de las comunas que no tienen ese fondo que ha sido para nosotros fundamental, que es el que nos permite la ley del royalty.
A mediados de septiembre el Gobierno debió retirar el reglamento de la Ley de Seguridad dese Contraloría, tras críticas de los alcaldes por disposiciones como el artículo 8, que hacía recaer en ellos la responsabilidad administrativa si las direcciones de seguridad o inspectores no cumplían estrictos requisitos de perfil, que podía llegar a interpretarse como abandono de deberes y llevar a su destitución.
Decreto retirado y su discusión
¿En qué está la situación del decreto supremo 97 del Ministerio de Seguridad Pública, que había entrado a toma de razón a contraloría el 2 de septiembre, pero evidentemente fue retirado después de todos los reclamos de los alcaldes? ¿Han tenido alguna novedad respecto?
Respecto del decreto 97, que es uno de los que va a definir la aplicación de la Ley de Seguridad Municipal, nosotros estábamos preocupados, obviamente, por lo que establecía ese decreto, especialmente cuando incorporaba nuevas causas para la destitución de un alcalde o alcaldesa, causales que ya están absolutamente determinadas en la Ley 18.695, que rige el funcionamiento de los municipios.
Sabemos que fue retirado, pero nosotros no hemos tenido más novedades al respecto. Entiendo que lo está analizando la Subsecretaría de Prevención del Delito, en aquellos párrafos o puntos más complejos, y esperamos que sea un decreto que cumpla con su objetivo central, que es entregar la posibilidad para que la ley sea aplicada de forma correcta.
¿Hay algún tipo de conversación o negociación en este momento después del retiro de ese reglamento? ¿Se ha hecho algo? ¿El ministerio ha tomado algún camino de aclaración para salvar esta situación? Con los alcaldes, me refiero.
Hasta ahora nosotros, o al menos en mi condición de alcalde de Catemu, no hemos estado participando en ninguna mesa de trabajo. Entiendo que la Asociación Chilena de Municipalidades, de la cual somos miembro, ha tenido injerencia en todo este tema del reglamento y de la aplicación de la Ley de Seguridad Municipal.
Nosotros no hemos conversado, nadie nos ha contactado, lo que por un lado me parece que profundiza la brecha que hay entre los municipios rurales y urbanos, y que también de alguna manera marca ese acento que traen las leyes en este país, que se centran en tratar de resolver problemas que se sitúan en los núcleos urbanos y que poco consideran a los municipios rurales y pequeños.
lo que no deja de ser una contradicción, primero porque el 80% de los municipios en Chile se asumen rurales, aunque la gran concentración de gente está en los municipios urbanos, no es menor, el 80% de los municipios somos rurales. Por tanto, debiéramos tener una mayor consideración. Puedo hablar por mi… Personas por esta comuna y por las comunas del sector, digamos, por los vecinos, por los que ocupan la provincia de San Felipe, que entiendo ninguno de ellos ha estado participando en ninguna conversación respecto de los problemas que hemos levantado sobre esta ley.
El cronograma que tenía establecido el gobierno, ¿se corre al haber sacado desde la contraloría el reglamento? ¿Se atrasa todo o las fechas siguen igual? Se lo pregunto, porque se supone que el 11 de octubre debería ya haber un primer comité de coordinación operativo, y se debería entregar por parte de los municipios la primera nómina de inspectores. Entonces, yo creo que eso está atrasado, pero quisiera confirmar.
Hasta ahora a nosotros no se nos ha señalado que haya un cambio de fecha por el retiro del reglamento. De hecho, nosotros ya estamos con todo preparado para cumplir y sesionar con ese comité de seguridad antes del 11 de octubre, tal como lo indica la ley. Sería ideal. que al haber retirado el reglamento se aplazara todo el cronograma que se ha fijado desde la ley, pero hasta ahora oficialmente no se nos ha comunicado nada al respecto.
El foco de seguridad de Catemu
¿Cuál es la estrategia de prevención del delito que ustedes, como comuna rural, han observado que da resultados?
Para nosotros la mejor estrategia de seguridad es la seguridad vecinal. En comunas como las nuestras, donde hay barrios donde la gente conversa, la gente sale, donde todavía no tenemos temor a ocupar el espacio público, son los vecinos los que saben. Los cuatro o cinco problemas que pueden surgir en sus barrios, saben dónde hay violencia intrafamiliar, dónde se está vendiendo drogas, o en qué situaciones o qué territorios se están produciendo incivilidades. Son ellos los que conocen y que manejan la información.
Por tanto, lo primero para poder levantar una política de seguridad, es escuchar a los ciudadanos. Y eso es a lo que nos hemos dedicado todos estos meses, desde que iniciamos nuestra Dirección de Seguridad en abril de 2026. Hemos ido juntándonos con todas las juntas de vecinos, organizaciones deportivas, organizaciones comunitarias en general, para escuchar a los vecinos. Y primero poder mapear bien dónde están pasando los delitos, en qué horario están ocurriendo y a qué situaciones tenemos que poner atención.
También hay un montón de cuestiones que se generan problemáticas entre los mismos vecinos y que, cuando no incluyen un delito, perfectamente pueden ser mediadas por una abogada. En nuestro caso, hemos venido haciendo un trabajo con la Universidad Católica para levantar un protocolo de mediación, que nos va a permitir intervenir cuando hay un conflicto entre vecinos, o entre un vecino y una empresa, cuando hay un conflicto entre un vecino y una organización comunitaria, un club de fútbol, etc.
Porque todas esas cosas que de pronto en las grandes urbes, como tienen los niveles delictuales disparados, aparecen como muy menores, pero para nosotros no son menores, porque de pronto un conflicto entre vecinos que pudo haber sido resuelto mucho antes, termina transformándose en un delito.
¿O sea, en Catemu la ciudadanía es parte relevante y participativa de la prevención?
Nuestra política de seguridad ciudadana pasa por integrar a la comunidad en toda la información, en toda la toma de decisiones respecto de cómo operar de mejor forma en los territorios. Y para ello también nos entregan información para disponer bien las cámaras de seguridad, para hacer recuperación de espacio público, iluminar tal o cual sector o incluso para mejorar la seguridad vial, que también es un tema para nosotros, el exceso de velocidad, la falta de lomos de toro, la falta de señalética, en fin.
Todo aquello lo estamos trabajando con nuestra comunidad, y espero ya en el primer semestre de 2027 comenzar a implementar los proyectos que ellos mismos nos han ido solicitando para cada uno de sus territorios.
Porque no queremos cometer el mismo error que se comete con las leyes, que se miran desde la centralidad, y desde allí se aplican para todos los territorios. Nosotros sabemos que nuestros territorios tienen diferencias y hemos ido conversando con cada uno de ellos para ver cuál es la medida que va a resolver más acertadamente la problemática que ellos nos han presentado.
