Luego de defender por semanas la reforma constitucional que, entre otros puntos, crea un nuevo estado de excepción para ser invocado por el Presidente de la República, hasta por 8 meses y sin pasar por el Congreso, el mandatario terminó cediendo ante el escenario adverso que tiene el proyecto de ley en el Parlamento.
Mientras en el Senado los parlamentarios oficialistas de la Comisión de Constitución Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (PRCh), además del PPD, Pedro Araya, trabajan un texto para reemplazar la iniciativa legal del Ejecutivo, el presidente, José Antonio Kast, accedió a retirar el proyecto de ley para destrabar la tramitación de aquellas iniciativas que si encuentran algo más de apoyo parlamentario.
De gira por Antofagasta, el presidente Kast señaló que “a nosotros lo que nos importa es derrotar al crimen organizado. Quién se adjudica la autoría de una ley, de una reforma, la verdad es que a mí no me importa y creo que a los chilenos tampoco”.
“Lo que nos interesa es terminar con la inmigración irregular. Lo que nos interesa es combatir el narcotráfico. Lo que nos interesa es perseguir a los delincuentes que asesinan a nuestros carabineros”, aseguró el mandatario.
De igual forma, José Antonio Kast, llamó a los parlamentarios a lograr un acuerdo en torno a las medidas, argumentando respecto de la reforma en seguridad que era tan solo una propuesta.
“Nosotros hemos hecho planteamientos, presentamos iniciativas legales, reconocimos las iniciativas legales de los parlamentarios, hicimos una presentación de una reforma constitucional, puede que no haya sido del gusto de los parlamentarios. Si hay que retirarla, no tengo ningún problema en retirarla, pero busquemos un consenso. Lo importante es derrotar al crimen organizado”, sostuvo.
Presidente José Antonio Kast firmando la reforma constitucional en seguridad.
El quiebre en la Comisión de Constitución
Si bien la propuesta que trabajan los senadores Longton, Squella y Araya se presenta como una salida para el Ejecutivo, no tiene garantizado un apoyo transversal que le haga más expedita su tramitación, toda vez que las otras dos senadoras que conforman la Comisión de Constitución, Claudia Pascual (PC) y Paulina Vodanovic (PS), no son parte de las tratativas.
Sin embargo, el presidente Kast emplazó a los demás parlamentarios a sumarse como lo ha hecho el senador Pedro Araya.
“Ojalá más senadores se sumen, ojalá más diputados se sumen, ojalá la senadora Vodanovic se sume, porque ella también hizo una presentación de una reforma constitucional para administrar las cárceles. ¿Está contenido en la reforma? Sí. ¿Tenemos que combatir el crimen organizado? Sí. ¿Tenemos que avanzar? De todas maneras”, afirmó.
Por tal razón, el mandatario insistió en que si tenían “que retirar la reforma que presentamos, la vamos a retirar. Lo que nos importa es avanzar, no quedarnos en las discusiones políticas de si la mía reforma es mejor que la tuya. Les aseguro que usted le pregunta a cualquiera de las personas que están acá y lo único que le interesa es llegar sano y salvo a su casa”.
En esa misma línea, el presidente Kast aseguró que “cuando se viene a instalar una faena minera, a veces hay que hacer zanjas para que no nos roben la maquinaria, hay que poner una sobredotación de seguridad, cosa que antes no teníamos en Chile. Éramos el país más seguro y vamos a volver a serlo, más allá de quien firme o no firme una reforma constitucional”.
Reforma iliberal
Entre los puntos de la reforma generan mayor controversia por su carácter autoritario está la facultad que se le otorga al Presidente de la República para decretar un nuevo estado de excepción constitucional, sin autorización del Congreso y por un tiempo de hasta 8 meses. Asimismo, se le faculta, previa recomendación del Cosena o el Ministerio Público, determinar qué organización es o no terrorista o del crimen organizado.
Ante esta normas, el abogado constitucionalista, Javier Couso, señaló a redacción que “esto es como si el Gobierno hubiera detonado, digamos, una bomba nuclear, en términos constitucionales y en términos de libertades que se ponían en riesgo de todos los chilenos, no de los líderes del crimen organizado ni bandas terroristas, sino que, de todos los chilenos, porque estaba mal diseñada la herramienta. Ni siquiera estaba claro que se necesitaba una reforma constitucional para abordar el flagelo del crimen organizado y el terrorismo”.
