El Ministerio Público allanó dependencias del Senado e incautó celulares y computadores del UDI, Sergio Gahona, y el independiente, Miguel Ángel Calisto. Este último, también está siendo investigado por fraude a las asignaciones parlamentarias.
Allanamientos simultáneos en más de 10 domicilios, incluido el Senado, llevó a cabo la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía Regional Oriente respecto de licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junta Nacional de Auxilio, Escolar y Becas (Junaeb).
La entrada, registro e incautación se llevó a cabo en varios domicilios de la Región Metropolitana y de Valparaíso, además de las oficinas centrales de Junaeb, donde la PDI incautó celulares y computadores para extraer información.
La fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, afirmó que la diligencia es “bastante relevante para la investigación que seguíamos, que tiene relación con varios delitos que se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohechos, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción, todos ellos en el marco de las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb”.
Según detalló Encina, si bien la causa surgió de una denuncia en la Región de O’Higgins, cree “que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país”, agregando que los allanamientos realizados “tiene como fundamento una orden judicial de entrada, registro e incautación de más de 10 domicilios”.
“Fue una diligencia que nosotros catalogamos como exitosa, logramos obtener todos los medios que necesitábamos. Ahora, la investigación se encuentra en carácter de reservada, por lo tanto, no voy a dar antecedentes en relación a la dinámica de los hechos y qué es lo que se está investigando”, aclaró Encina.
Asimismo, complementó que “la diligencia que se realizó el día de hoy y cuáles van a ser las futuras decisiones, todo ello se va a ver en su oportunidad una vez que podamos revisar toda la evidencia que incautamos el día de hoy y en base a ello se va a tomar una decisión respecto de formalizar o no, desafueros, etc”.
Respecto de los delitos por los cuales están siendo investigados los senadores oficialistas, la fiscal de Alta Complejidad explicó en específico con los parlamentarios, la diligencia tiene relación con “delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en varios delitos de cohecho”.
En el caso Junaeb están siendo objeto de investigación además del senador de la UDI Sergio Gahona y su par independiente Miguel Ángel Calisto – también indagado por fraude en las asignaciones parlamentarias-, el exdiputado comunista, Hugo Gutiérrez; el exgobernador DC de la Provincia de Marga Marga, Gianni Rivera Foo.
Asimismo, también se ha solicitado el alzamiento bancario de la exdirectora de Junaeb, Camila Rubio; del exjefe jurídico del organismo, Alejandro Leyseca; el dueño de Soser, Jaime Rey Cortés; el gerente general, Matías Pizarro O’Ryan; la exdirectora (s) de Junaeb Atacama, María José Robles; el exjefe del Departamento de Alimentación Estudiantil de Junaeb, Claudio Alcatruz; el presidente interino de la Asociación Gremial para el Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia, que reúne a las principales firmas proveedoras del Programa de Alimentación Escolar, Reinaldo Oliva; Hans Linneberg; el exjefe del Departamento de Alimentación Estudiantil de la Junaeb, Francisco Pizarro y el abogado, lobbista y expresidente de Nutre Chile, Darío Calderón, conocido como “el conde negro”.
Junaeb y licitación con Soser
La investigación en contra de Soser apunta a supuestas irregularidades en la ejecución de contratos del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, respecto de raciones sobreestimadas, falsificación de documentos y adulteración de registros informáticos, en principio, en la Región de O’Higgins.
Según la Fiscalía, los imputados habrían compartido información reservada para defraudar al fisco, presionado fiscalizadores, donde involucrados los altos ejecutivos de Soser, lobistas, funcionarios de la Junaeb y senadores.
Asimismo, se indaga la potencial entrega indebida de excedentes y otros beneficios a directores de establecimientos y encargados del Programa de Alimentación Escolar, además de la distribución de alimentos contaminados. A ello se suma la arista más grave: el preseunto pago de sobornos a funcionarios públicos para acceder a información reservada y favorecer los intereses de SOSER en procesos de licitación.
Asimismo, respecto de los dos parlamentarios en ejercicio que aparecen mencionados, la fiscal Encina señaló en conferencia de prensa que el rol de ellos “tiene relación con delitos que nosotros consideramos que pueden enmarcarse en varios delitos de cohecho”.
la Brigada Anticorrupción de la PDI allanó domicilios en la comuna de Vitacura, Lo Barnechea, Santiago y La Florida, en la Región Metropolitana, además de Coquimbo, Viña del Mar y Copiapó.
Involucrados se descartan y Senado se pronuncia
El exparlamentario comunista Hugo Gutiérrez, por su parte, negó cualquier participación en los hechos investigados por la Fiscalía, asegurando que “siempre dignifiqué el cargo que otorgó el pueblo de Tarapacá. Quiero ser categórico: en mi calidad de Diputado de la República NUNCA utilicé el cargo para beneficio personal, ni para beneficiar a terceros. Como parlamentario, fiscalicé y perseguí la corrupción en el Estado, y todo lo hice con estricto apego a derecho. Jamás recibí una coima ni la otorgué a nadie para que actuara reñido a la ley”.
El senador de la UDI, Sergio Gahona, en tanto, dijo “estar tranquilo” y haber “colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad“, agregando que “quedará acreditado que no existe ninguna irregularidad en mis actuaciones como parlamentario”.
Desde el Senado, por su parte, manifesatron “su plena disposición a colaborar con la investigación que corresponda, entregando oportunamente los antecedentes que sean requeridos por las autoridades competentes y facilitando, dentro del marco de sus atribuciones, el esclarecimiento de los hechos”.
En ese sentido, expresaron que “corresponde al Ministerio Público y a los tribunales de justicia determinar los hechos, establecer eventuales responsabilidades y adoptar las decisiones que correspondan conforme a la ley. El Senado respeta la autonomía de dichas instituciones y el desarrollo de las diligencias que se encuentran llevando adelante”.
El senado planteó que “en un Estado de Derecho, la investigación de eventuales delitos debe desarrollarse con rigor, independencia, imparcialidad y transparencia, pero también con estricto respeto por las garantías, el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas mencionadas“, argumentando que “la existencia de una investigación, una diligencia judicial o una mención en antecedentes preliminares no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad“.
