Esta es una línea judicial civil, paralela a la acusación penal, que también incluye a Calisto. Mientras la defensa busca aplazar la solicitud de desafuero tras la reapertura de la causa, para el gobierno podría ser un respiro de cara a los votos que necesita para aprobar la Megarreforma.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) inició una demanda civil de indemnización de perjuicios en contra del senador Miguel Ángel Calisto, quien está imputado por fraude al Fisco reiterado. La presentación es por más de 105 millones de pesos presuntamente defraudados a través de asesorías parlamentarias falsas, montos que se busca recuperar para el erario nacional.
Esta acción se lleva paralela a lo que es la investigación de los delitos en el ámbito penal, instancia en la cual este martes el Juzgado de Garantía de Coyhaique accedió a la solicitud de la defensa de Felipe Klein de reabrir la investigación y obligar a que se realicen diligencias pendientes presentadas por las defensas y que no habían tenido lugar en el proceso investigativo del Ministerio Público.
Con esto se gana tiempo, ya que el pasado viernes 26 de junio la Fiscalía presentó la acusación en contra del senador Calisto y sus cómplices, pero la apertura de la causa obliga a esperar un plazo 60 días más para establecer los cargos y solicitar el desafuero del parlamentario, quien fue electo en cupo de la Federación Regionalista Verde Social y que ahora forma parte del comité de Evópoli e Independientes, y para quien el Ministerio Público solicita 12 años de cárcel.
Pero este movimiento de las defensas de los imputados, incluido el senador Calisto, también da un respiro a las pretensiones del gobierno de José Antonio Kast para aprobar en la Cámara Alta la Megarreforma, ya que el parlamentario es uno de los votos con que cuenta la Moneda para sacar adelante la reforma tributaria que baja los impuestos a las grandes empresas.
La acción indemnizatoria contra Calisto
La demanda del CDE plantea la restitución de $105 554 697, que el Congreso entregó a Carla Graf, cónyuge de Roland Cárcamo, excolaborador del parlamentario, quien aparecía contratada como asesora del entonces diputado. El CDE sostiene que no existen informes ni minutas que avalen el pago a Graf, sino que fueron destinadas al beneficio personal de la pareja de la mujer y del propio Calisto.
Pero, en esta presentación, el CDE también pide la devolución de otros $25 970 000 del Gobierno Regional (GORE) de Aysén, elevando el monto total de la demanda de restitución a más de 131 millones de pesos. Ello porque este segundo presunto fraude se hizo a través de la postulación de tres supuestos proyectos sociales sobre equidad de género y seguridad laboral que la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) regional debía ejecutar, pero cuyas capacitaciones y conversatorios nunca se concretaron.
La acusación que no será, por ahora
Por al menos por dos meses quedará pendiente la acusación presentada por la Fiscalía Local de Coyhaique, en contra de ocho imputados por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado, entre los que se encuentra el senador por la región, Miguel Ángel Calisto Águila.
El viernes 26 de junio, cuando se presentó la acusación, el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, indicó que “la prueba ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”.
Agregando que “respecto de los principales imputados, entre los que se encuentra Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, además del señor Calisto Águila, el Ministerio Público acusó por delitos que tienen asignadas penas de crimen. Ello, atendido el elevado monto de lo defraudado al Fisco de Chile, que supera los 100 millones de pesos, así como el carácter de reiterado de los delitos por los cuales fueron acusados”.
Según la investigación, los hechos “dan cuenta de un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios, determinándose que Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el señor Calisto Águila, siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”.
Asimismo, agrega que esos dineros públicos que corresponden a “honorarios pagados por el Congreso a la señora Graf Toledo, fueron transferidos, entre otros, al entonces diputado Calisto Águila y a Roland Cárcamo Catalán, siendo utilizados para su provecho y beneficio personal. En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”.
