La audiencia se efectuó esta mañana en el Tribunal de Garantía de Coyhaique. Ahora queda que la Corte de Apelaciones de esa ciudad resuelva la petición de desafuero en contra del parlamentario solicitada por el Ministerio Público.
El Juzgado de Garantía de Coyhaique rechazó la cautela de garantías solicitada por la defensa del senador Miguel Ángel Calisto en caso de fraude al Fisco, con la cual se pretendía la reapertura de la investigación.
Con esta determinación, la causa donde hay ocho imputados, incluido el parlamentario, sigue su tramitación legal tras la acusación y solicitud de desafuero presentada recientemente por la Fiscalía, luego de una extensa investigación, en que el monto de lo defraudado supera los 100 millones de pesos.
La audiencia se efectuó de forma presencial y telemática en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, la cual fue presidida por el juez Mario Devaud Ojeda, quien no acogió los planteamientos de la defensa del senador por Aysén.
Por la Fiscalía compareció el fiscal regional, Hernán Libedinsky Moscovich y el fiscal jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro. También estuvo presente el Consejo de Defensa del Estado a través del abogado procurador fiscal, Paulo Gómez Canales, quienes argumentaron que con la decisión de cierre de la investigación no se había vulnerado ni afectado ningún derecho ni garantía del senador, lo que fue acogido por el tribunal.
Ahora, se está a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Coyhaique en cuanto a la petición de desafuero solicitada por el Ministerio Público.
Recordemos que el viernes pasado Fiscalía presentó acusación en contra de los ocho imputados, por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado. Tras ello, el fiscal regional Hernán Libedinsky dijo que la documentación “ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”.
Esquema de defraudación
Según explicó el fiscal Libedinsky el vuernes pasado, la indagatoria permitió establecer que el grupo mantenía un esquema de defraudación “sistemático de recursos públicos consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios, determinándose que Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el Calisto (cuando era diputado), siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”.
La investigación determinó que los dineros correspondían a “honorarios pagados por el Congreso a la señora Graf Toledo, fueron transferidos, entre otros, al entonces diputado Calisto Águila y a Roland Cárcamo Catalán, siendo utilizados para su provecho y beneficio personal. En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, sentenció el fiscal. La investigación liderada por el Ministerio Público fue realizada con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional.
Querella CDE
Además de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía, que ya ha solicitado la petición de desafuero en contra de Miguel Ángel Calisto anteriormente cuando era diputado, está secundada por una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del diputado Calisto, Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein.
El CDE asegura en su querella que Carla Graf se habría coludido con el diputado Miguel Ángel Calisto para celebrar una serie de contratos y prestaciones de servicios para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, los cuales nunca se prestaron.
Según el CDE, Calisto –que pertenecía en ese momento a la bancada de Demócratas, Amarillos e Independientes- habría sabido que los servicios nunca fueron prestados por Carla Graf, generando el prejuicio al Fisco de más de $100 millones.
En la querella, en tanto, se detectaron también transferencias de dineros entre Carla Graf y los otros dos querellados: Ronald Cárcamo y Felipe Klein.
