Durante esta jornada se inició la formalización de ocho personas por delitos de corrupción. Según se informó desde la Fiscalía, primero se vio la arista Gendarmería con ocho detenidos -cuatro de ellos funcionarios activos-, quedando para este lunes lo que se indagó del fraude respecto de un funcionario del Ejército y otro del Servicio de Reinserción Social Juvenil.
Más de $1000 millones de pesos sería el perjuicio generado por los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, según se dio a conocer este domingo en la audiencia de formalización de ocho detenidos en una investigación interregional, que involucró acciones en tres regiones del país y que surge en Copiapó a partir de una denuncia de Gendarmería por fraude en compras públicas irregulares.
“La Fiscalía logró argumentar los antecedentes de la primera arista de esta causa, que es la de Gendarmería, y que es la que contempla el perjuicio económico global más importante. Estamos hablando de una afectación fiscal de más de $1000 millones de pesos, concretando la comunicación a los imputados que están siendo investigados por delitos de fraude al fisco, cohecho, asociación criminal y lavado de activos”, indicó el fiscal Luis Miranda Flores, de la Unidad Anticorrupción y Litigación Estratégica de la Fiscalía de Copiapó.
En la audiencia, el fiscal Miranda dio cuenta detallada de la participación de ocho imputados en la arista “Gendarmería”, explicando paso a paso las distintas etapas de la comisión de los ilícitos, esto es las coordinaciones y la postulación para la venta de insumos para el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, la adjudicación de las compras, el pago de los proveedores y finalmente la distribución de dinero obtenido de forma ilícita, según la evidencia reunida por la Fiscalía y la PDI.
En la investigación hay 10 personas en total vinculadas por fraude al fisco, cohecho, lavado de activos y asociación ilícita. De ellos, cuatro son funcionarios activos de Gendarmería (tres detenidos en Copiapó y uno en Mulchén); un funcionario del Ejército y una funcionaria del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. También hay cuatro personas particulares formalizadas correspondiente a proveedores y un familiar de una de las funcionarias investigadas.
Una investigación interregional de la Fiscalía permitió detener a funcionarios de Gendarmería por fraude.
Cómo operaban
Los hechos indagados por el Ministerio Público abarcan desde febrero del año 2022 hasta el año 2026, periodo en que se detectó el perjuicio fiscal mediante la tramitación de órdenes de compra adjudicadas a la Comercializadora Santa María de la comuna de Buin, y otro monto a través de comprar ágiles aprobadas irregularmente a la empresa FyF SpA.
Durante la investigación, además, se detectó que parte importante de estos montos se tramitaron los últimos días de los años en que se centró la presente investigación, incumpliendo los imputados funcionarios públicos los deberes de probidad de sus cargos, previa coordinación con las personas naturales detenidas en esta causa.
“La investigación llevada a cabo pudo determinar que los montos que fueron adjudicados a las mencionadas empresas proveedoras de insumos a Gendarmería fueron creciendo de manera exponencial año a año”, dijo el fiscal Luis Miranda, quien agregó que, respecto del delito de cohecho, la investigación en esta arista detectó 11 episodios de pagos a una de las imputadas, dinero que luego fue transferido al resto de los investigados.
Además, “la empresa Santa María se adjudicaba de manera privilegiada estas operaciones teniendo presente que prometía entregar los insumos sujetos a la compra en el plazo de un día, en circunstancias que estaba ubicada a más de 650 kilómetros de Copiapó. Ese antecedente junto a muchos otros como conversaciones vía WhatsApp, interceptaciones telefónicas, transferencias bancarias y declaraciones permiten a la Fiscalía de manera fundada entender que nos encontramos ante esos crímenes cometidos de manera reiterada”, señaló el persecutor.
Sobre los insumos adquiridos, Miranda aclaró que no está en discusión que éstos hayan llegado finalmente a la comuna, sino que lo que se investigó fue que los precios asociados no eran los más competitivos, que las empresas recibían información privilegiada, que había coordinación previa con determinados funcionarios públicos y que éstos recibían pagos irregulares por este concepto.
Por otra parte, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI Copiapó, desarrolló diligencias “tendientes a poder esclarecer la existencia de bienes que podían haber sido adquiridos de manera ilícita producto de alguna actividad que hayan realizado los imputados. Dentro de la función que llevó a cabo la Brilac Copiapó, se identificaron cuatro bienes, entre ellos un bien raíz, camiones de alto tonelaje y un vehículo, con un avalúo comercial total de más de 230 millones de pesos”, según comentó el subprefecto Luis Valenzuela Ríos.
Formalización de funcionarios de Gendarmería en Copiapó.
Cautelares y lo que falta formalizar
En esta primera parte de la formalización, quedaron con cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional, dos funcionarios públicos pertenecientes a Gendarmería que solicitaron prestar declaración, y una detenida adulta mayor, que es familiar de una de las imputadas uniformadas, y quien recibía los pagos irregulares, estimados entre 20 y 30 millones de pesos en su cuenta bancaria, para luego ser distribuidos entre los involucrados.
Este lunes, según informó el fiscal Luis Miranda, seguirá la formalización respecto de las otras personas detenidas, instancia en que se conocerán los antecedentes indagados respecto de las otras aristas investigativas referidas al Ejército y al Servicio de Reinserción Social Juvenil.
Cabe informar que, por orden del tribunal de garantía de Copiapó, se prohibió a los medios de comunicación mostrar rostros y revelar los nombres de los imputados.
