La Fiscalía estableció que, producto de los delitos de cohecho y soborno cometidos por los imputados, “se obtuvieron dineros de origen ilícito por un monto total de $1.087.952.876 pesos aproximadamente”. De ello, 91 millones de pesos habrían sido pagados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su ahora expareja, Gonzalo Migueles.
Con arresto domiciliario total y arraigo nacional quedó el exdiputado DC y abogado Gabriel Silber, luego de ser formalizado por delitos reiterados de soborno y lavado de activos, en el marco de la investigación del llamado caso Muñeca Bielorrusa, en el que se investiga una red de corrupción, con delitos de soborno, cohecho y lavado de activos, que incluye a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, como funcionaria del Poder Judicial que recibió los cohechos por una cifra estimada de 97 mil dólares, para resolver a favor de clientes del estudio jurídico al cual pertenece el exparlamentario.
Según detalló el fiscal Andreas Kusch Frez, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, “el señor Silber fue formalizado, al igual que los coimputados socios del estudio jurídico, por los delitos reiterados de soborno, que es el delito que cometen los particulares al cohechar al funcionario público, en este caso la ex ministra de la Corte Suprema”.
En la formalización, el fiscal Kusch se refirió a los hechos investigados y, en relación con Gabriel Silber Romo, indicó que tuvo participación en calidad de autor en cinco delitos reiterados de soborno a funcionario público. Y en cuanto al delito de lavado de activos, también en calidad de autor, todos en grado de desarrollo consumado. Cabe señalar que entre todos los dineros recibidos por el exparlamentario sumarían unos 95 millones de pesos en todos los hechos mencionados en su formalización.
Consultado al término de la audiencia por la solicitud de medida cautelar de arresto domiciliario total para Gabriel Silber, el persecutor explicó que, tal como se ha ventilado en las audiencias previas, “el imputado prestó declaración en diversas oportunidades, ha comparecido a todas las citaciones del Ministerio Público y dado el plazo de investigación que ya lleva esta causa, tanto desformalizada como formalizada, es que se pidió la medida cautelar. Había consideración también de que, respecto de coimputados, se sustituyeron las medidas cautelares de prisión preventiva que pesaban sobre ellos”.
Los sobornos
Específicamente, la investigación ha buscado establecer, con trazabilidad incluida, los pagos ilícitos que habría recibido los abogados imputados -Eduardo Lagos, Mario Vargas Cociña y Gabriel Silber, que representaron al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM)-, luego de conseguir resultados sorprendentes jurídicamente, dado que daban vuelta situaciones muy complejas para sus defendidos, lo que era resultado, según la investigación, de sobornos que habrían realizado a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a cambio de fallos favorables para sus clientes.
Ejemplo de ello fue el pago indemnizatorio por incumplimientos de la empresa CBM, que finalmente ganó en tribunales gracias a las gestiones de Vivanco, y Codelco se vio obligada a pagar 17 mil millones de pesos por dichos incumplimientos de la empresa bielorrusa, algo incomprensible si la falla estuvo en la compañía indemnizada.
Según lo descrito en audiencia, tras los pagos efectuados por el consorcio de Belaz Movitec, por concepto de honorarios por representación jurídica en una causa ante la Corte Suprema, “con posterioridad a la recepción de los fondos por parte de Codelco (de la indemnización), el 13 de diciembre de 2023, Movitec transfirió a la cuenta corriente del Banco Itaú de la sociedad Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales, un monto de $198.711.729 pesos”.
Se estableció que de ahí salieron los pagos o sobornos realizados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su ahora expareja, Gonzalo Migueles, habrían sido de 97 mil dólares (91 millones de pesos), los que se hicieron en distintas fechas, formas y según los recursos que se iban revisando en la corte.
En montos aproximados que han recibido durante los distintos cohechos que se les están imputando, “podemos decir que de los cinco hechos (o pagos formalizados), el primero y segundo tienen que ver con un monto de 15.000 dólares cada uno, el tercero y cuarto de aproximadamente 10.000 dólares por cada uno, y el último que tiene que ver con 47.000 dólares”.
Lavado activos
También se detalló que, producto de los delitos de cohecho y soborno, “se obtuvieron dineros de origen ilícito por un monto total de $1.087.952.876 pesos aproximadamente”, cifra que el Ministerio Público desglosó en maniobras de lavado de activos, trazabilidad y participantes durante las casi seis horas formalización de Silber y reformalización de los otros imputados.
De acuerdo con lo señalado en audiencia, “con estos dineros, mezclados con otros de sus cuentas bancarias, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, los imputados Lagos, Vargas y Silber procedieron a efectuar maniobras de lavado de activos (…) se realizaron diversas operaciones destinadas a ocultar y disimular el origen ilícito mediante sucesivas operaciones bancarias orientadas a desligar el dinero de la cuenta que originalmente recibió los fondos. A su vez, se usaron con ánimo de lucro mediante el pago de pasivos”, los que fueron ampliamente detallados.
Y entre los muchos pagos señalados respecto de cómo usaron los abogados del estudio jurídico esos dineros, además, se mencionó uno efectuado el 14 de julio de 2023, por medio de una transferencia a una cuenta específica del Banco Santander, perteneciente al exfiscal Manuel Guerra y por un monto de 2 millones de pesos.
Plazo cierre de investigación
El magistrado del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Cristian Sánchez, acogió la solicitud de las defensas de no dar una ampliación de plazo investigativo que solicitó la Fiscalía al término de la audiencia. El juez decretó solo 25 días más para cerrar la investigación.
El Ministerio Público planteó que había diligencias pendientes, sin embargo, ante la negativa del tribunal de otorgar más tiempo, el fiscal dijo que “hay una serie de diligencias de testigos, requerimientos de información básicamente y ciertas diligencias que tienen que ser agotadas por las policías”, sobre todo relacionadas con las comunicaciones a través de los equipos de telefonía y computadores que fueron incautados en los diversos allanamientos ocurridos cuando se produjeron las detenciones de los imputados.
