Fundación Terram, en su análisis presupuestario anual, muestra que el monto asignado para el SBAP en 2027 agudiza la insuficiencia de recursos para personal, infraestructura y operación, que asegure una implementación efectiva del nuevo Servicio encargado de administrar las áreas protegidas terrestres en Chile.
¿Sabía usted que en Chile existe un guardaparque por cada 37.200 hectáreas a cuidar? Lo ideal, según recomendación internacional, es uno por cada 2.600 hectáreas. Las áreas protegidas terrestres son fiscales, es decir, nos pertenecen a todos, que son los parques nacionales, las reservas y monumentos naturales, hoy en manos de CONAF, y el financiamiento para sostener su protección y funcionamiento cada año tiene menos recursos. Pero se resiente aún más cuando la misma falta de recursos se advierte para la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) que se deberá hacer cargo de dichas áreas, y que según reciente informe publicado por Fundación Terram, tendría un déficit de $21.621 millones frente a los recursos proyectados por la propia DIPRES en 2022 para ponerlo en marcha adecuadamente.
El documento “Emergencia en el Financiamiento Público para Áreas Protegidas Terrestres en Chile”, contiene el análisis presupuestario que cada año realiza la organización, y “estudia dos cosas fundamentales. Una, el financiamiento para las áreas protegidas terrestres, hoy día en manos de CONAF, y que tienen una brecha histórica de financiamiento”, señala Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.
“En la actualidad, con el presupuesto asignado a CONAF para la Administración de Áreas Silvestres Protegidas Terrestres se mantiene una brecha estructural, o sea, un presupuesto mínimo para su gestión y administración. Y eso ha sido denunciado o puesto a la vista por Terram desde hace muchos años”, asegura.
El segundo punto que aborda el informe tiene que ver con la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que es una nueva ley que se aprobó el año 2023, regulación que establece la creación de un servicio público destinado a la conservación de la biodiversidad en Chile, y también la creación de un sistema de áreas protegidas, públicas, privadas, terrestres y marítimas, que empezará a operar, para lo cual las áreas protegidas que están en CONAF hoy día, que son terrestres, pasarían a este servicio.
Flavia Liberona explica que, “lo que el documento señala con relación al SBAP es que, mientras se tramitó la ley, el Ministerio de Hacienda junto con el Ministerio de Medio Ambiente comprometieron un presupuesto para la implementación de este servicio. Y hoy día, ese presupuesto no se está cumpliendo”.
La directora ejecutiva de Fundación Terram aclara que, “si bien hay un rezago en la implementación debido a diversas razones, una de ellas tiene que ver con que el financiamiento que ha ido siendo asignado el año 2024, 2025, 2026, y ahora 2027 con este actual gobierno es distinto al que se comprometió en el Parlamento. Es mucho menor”.
Todo esto evidencia, según el informe de Terram, que la creación de una nueva institucionalidad ambiental no ha resuelto el déficit estructural de recursos que afecta a la conservación del patrimonio natural del país.
Parque Nacional Patagonia, que abarca parte de las comunas de Chile Chico y Cochrane, en la región de Aysén, protege fauna y flora nativa.
SBAP y brecha de más de $21 mil millones para 2027
Uno de los principales focos del informe de Fundación Terram corresponde a la brecha entre los recursos que la propia Dirección de Presupuestos (DIPRES) estimó necesarios para implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) cuando fue creado, y aquellos efectivamente asignados en las leyes de presupuesto de los últimos años.
Según el Informe Financiero Sustitutivo N°252 de diciembre de 2022, el SBAP debía contar con recursos adicionales por $35.958 millones durante 2026 y $43.925 millones en 2027, considerando su implementación gradual. Sin embargo, el presupuesto aprobado para 2026 alcanzó solo $18.089 millones, generando una brecha de $17.565 millones respecto de las estimaciones oficiales. Para 2027, el proyecto de presupuesto contempla $22.304 millones, lo que representa un déficit de $21.621 millones frente a los recursos proyectados por la propia DIPRES, describe Terram en su análisis.
“Esta diferencia no responde a una nueva estimación de necesidades, sino a una asignación presupuestaria inferior a la comprometida originalmente en 2022, con consecuencias directas para la dotación de personal, la fiscalización, el manejo en terreno y la instalación institucional del Servicio”, plantea Terram.
Esto es un nudo crítico, por ejemplo, en la dotación, y provoca incertidumbre respecto de la incorporación de los 570 guardaparques que la DIPRES contemplaba para desempeñarse en terreno, así como la falta de certeza sobre los $10.120 millones destinados a infraestructura para alojar al personal y la débil instalación territorial del Servicio, con solo seis de sus 16 direcciones regionales contando con un director(a) titular, el resto cuenta con subrogantes.
Todo ello alerta sobre los riesgos asociados al traspaso de la administración de áreas protegidas desde CONAF al SBAP, proceso que originalmente iba a ocurrir en septiembre de este año, pero que fue reprogramado para marzo de 2027 por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, añaden desde Terram.
El primer Parque Nacional de Chile declarado como tal es el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, que el 17 de agosto de este año cumplió 100 años de historia, conservación y patrimonio natural.
Déficit histórico que compromete capacidades
El informe de Fundación Terram da cuenta que “Chile ha mantenido una inversión estructural en conservación muy por debajo del promedio de los países pertenecientes a la OCDE. Según la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) del organismo, desde el año 2012 al 2021 el gasto público ambiental del país se ha situado históricamente en torno al 0,1% del PIB, mientras el promedio de los países de la OCDE alcanza aproximadamente el 0,6%”, indica desde Terram.
Este déficit de inversión también se refleja en el financiamiento por hectárea terrestre. Entre 2015 y 2026, el presupuesto promedio alcanzó US$1,58 por hectárea, mientras que en 2026 se situó en apenas US$1,31. Esta cifra representa una caída real de 43% respecto de los US$2,30 registrados en 2017 y se encuentra por debajo del promedio regional de US$1,95 por hectárea.
El análisis plantea que “el aumento sostenido de las hectáreas protegidas no ha sido acompañado por un incremento proporcional de los recursos públicos destinados a su administración y gestión, profundizando una brecha que compromete las capacidades del Estado para conservar efectivamente su patrimonio natural”.
El Parque Nacional Lauca es una de las áreas naturales más emblemáticas del norte de Chile, ubicada en la comuna de Putre, Región de Arica y Parinacota.
El autofinanciamiento no reemplaza el aporte fiscal
Otro de los principales hallazgos del análisis de Fundación Terram corresponde a la creciente dependencia de los ingresos de operación, provenientes principalmente del cobro de entradas y concesiones, para financiar las áreas protegidas terrestres, administradas históricamente por CONAF.
“Entre 2015 y 2026, los ingresos de operación representaron, en promedio, el 54,3% del financiamiento total, superando al aporte fiscal en todos los años, excepto 2017. Esta situación evidencia que el autofinanciamiento no ha logrado sustituir de manera estable los recursos estatales y mantiene al sistema expuesto a fluctuaciones en las visitas del público, emergencias e incendios, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19 o las paralizaciones de guardaparques de fines de 2022”, detalla Terram.
A ello se suma que, durante todo el período analizado, el aporte fiscal fue insuficiente para cubrir el gasto en personal. En promedio, este financiamiento alcanzó solo el 61,6% de las remuneraciones, mientras que para 2027 se proyecta una cobertura de apenas 55,9%.
Déficit de guardaparques es una situación que se arrastra hace años, según Fundación Terram, y hoy tampoco están los recursos para contar con los 570 que se estima serían el mínimo de funcionarios para todas las áreas a resguardar.
Qué hacer ante la emergencia financiera
Frente a este escenario, el documento de Fundación Terram plantea una serie de recomendaciones prioritarias para la discusión presupuestaria y la implementación de la Ley N°21.600, entre las que indican “ajustar el presupuesto del SBAP a las estimaciones oficiales de DIPRES, cerrando gradualmente la brecha de $21.621 millones para 2027, priorizando la contratación de guardaparques y la infraestructura necesaria para su desempeño en terreno”.
También plantean la necesidad de “incrementar el aporte fiscal directo a las áreas protegidas, asegurando que cubra al menos el 100% del gasto en personal y recuperando los recursos destinados a bienes y servicios para su adecuada operación”, así como “establecer una trayectoria explícita de aumento del financiamiento por hectárea, orientada a alcanzar el estándar de US$ 6/ha”.
Lo importante es “asegurar una transición institucional financiada y transparente entre CONAF y el SBAP, incorporando los recursos necesarios para el traspaso de personal, bienes y capacidades, evitando que el nuevo Servicio herede el déficit estructural del Programa 04”, dice el análisis de Fundación Terram.
Otros puntos que consideran relevantes en materia económica están “fortalecer la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas, mediante informes trimestrales al Congreso sobre ejecución, contratación de personal, instalación regional y avances del proceso de transición; implementar mecanismos de ajuste automático del presupuesto y la dotación, de manera que cada nueva área protegida o incremento de superficie cuente con recursos proporcionales para su gestión; definir asignaciones presupuestarias específicas para áreas marinas protegidas y humedales, asegurando un financiamiento identificable y acorde con la superficie que el Estado se ha comprometido a conservar”.
El informe de Terram concluye que “la creación del SBAP constituye una oportunidad para corregir décadas de brechas en el financiamiento destinado a la conservación de nuestro patrimonio natural, pero advierte que sin una decisión política que asegure recursos suficientes, estables y proporcionales a las necesidades del sistema, la nueva institucionalidad corre el riesgo de reproducir las mismas limitaciones que históricamente han afectado a la administración de las áreas protegidas terrestres en Chile”.
