La solicitud de información fue realizada por la unanimidad de los senadores el pasado 26 de octubre, sin embargo, el ministro de Justicia llamó a considerar que se trata de “datos sensibles en juego”, lo que los “obliga a ser especialmente cuidadosos”.
En el oficialismo, en tanto, anunciaron el ingreso de un proyecto para eliminar la ley que otorga el beneficio de rebaja de condena, con lo que se evita que sea el ministro de Justicia quien figure presentando la iniciativa, ante la negativa de los senadores de oposición de que sea el mismo Rabat quien lidere una eventual solución, cuando fue él quien ajustó el criterio para entregar vía administrativa la disminución de pena a violadores y abusadores sexuales de menores.
A casi tres semanas de que el medio Interferencia diera a conocer los 56 decretos de rebaja de condena a pederastas y pedófilos por parte del Gobierno, lo que significó la liberación de cada uno de ellos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sigue en el cargo, a pesar de la crisis que le ha significado al Ejecutivo la decisión del presidente, José Antonio Kast, de mantenerlo en el Ministerio.
Pese a que fue el mismo oficialismo el que hizo correr el rumor en la prensa de que el mandatario haría un ajuste mayor de gabinete tras el regreso de su gira por Europa, donde el caso Rabat atravesó la agenda, una vez en Chile, las presiones a la Moneda para que saque al ministro de Justicia han cesado un poco. No así los cuestionamientos por parte de la oposición.
En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, por ejemplo, los senadores de la oposición han señalado que no permitirán que sea el mismo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien aparezca liderando una eventual solución al tema de los decretos, cuando fue él quien cambió el criterio jurídico que generó la crisis que vive el Gobierno, por lo que decidieron no invitarlo a las sesiones, aunque no necesita de la autorizar de los senadores para asistir e intervenir.
El presidente de la instancia, el senador Vlado Mirosevic, explicó las razones por las que se desinvitó al ministro Rabat a la Comisión de Constitución, apuntando a “la demora en la entrega de los antecedentes, en particular, el oficio que nosotros despachamos semanas atrás respecto de los decretos firmados”.
Según explicó el parlamentario, la solicitud es “vital, porque se trata de información base para la discusión de lo que vamos a ver el miércoles y también de lo que vamos a ver mañana (martes). Estamos tramitando proyectos donde necesitamos esa información”.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo en su intervención que estaba en la Comisión “cumpliendo evidentemente las obligaciones que me impone la Constitución Política de la República, en tanto soy el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del presidente, José Antonio Kast”.
En relación con la solicitud de información hecha por los senadores de la oposición, Rabat explicó que “todas ellas se encuentran trabajándose para responderle al Congreso Nacional, tenemos aproximadamente 50 solicitudes de información”.
“Por lo tanto, se están recabando los antecedentes que son de variada naturaleza y se va a hacer esa respuesta con la información más completa para que el Congreso pueda adoptar las decisiones que correspondan, teniendo todos los antecedentes y principalmente también tener en cuenta que estamos con lo que se denominan datos sensibles en juego, lo que también nos obliga a ser especialmente cuidadosos”, afirmó Rabat.
Por transparencia sí, por solicitud formal no
Pese a la explicación del ministro de Justicia ya han pasado dos semanas desde que los senadores de oposición, además de varios otros organismos públicos incluidos los diputados, pidieron al Gobierno conocer los 56 decretos de rebaja de condenas.
La senadora del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, sostuvo que no están “pidiendo estos antecedentes solamente para informarnos, lo que por sí es necesario, porque lamentablemente hemos ido conociendo toda la información literalmente por la prensa y cada día es peor. Pero aquí hay un deber desde el Ministerio de Justicia que no se está cumpliendo”.
“Tampoco se ha cumplido con la Defensoría de la Niñez, una institución pública que alza la voz por las víctimas y que tampoco ha tenido respuesta, tanto que la Contraloría General de la República ha intervenido el Ministerio para efectos de recabar la información, según informa la prensa. El ministro mueve la cabeza, pero es lo que hemos leído en la prensa ministro, porque aquí no hay información”, emplazó Vodanovic.
La también presidenta del PS, aseguró que “cuando se pidieron los oficios, los senadores Longton y Squella ampliaron la solicitud para que no fueran sólo los decretos de este gobierno, sino de los del gobierno anterior, y yo señalé que eso no sea óbice para que llegue la información oportunamente. El propio senador Longton dijo que se aprieta un botón y sale la información. Entonces, ojalá podamos apretar el botón de aquí a mañana y que esta Comisión sea tratada con el respeto que merece para poder mejor legislar”.
Vodanovic llamó al Ejecutivo a no “entramparnos en temas administrativos, porque aquí el tema de fondo son los graves errores cometidos de los que nadie se hace cargo hasta ahora y donde se nos pone la urgencia legislativa, política y mediática de avanzar. Nosotros estamos en condiciones de tomar los proyectos, pero con responsabilidad ministro y esa responsabilidad exige que esa documentación esté aquí”.
La senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, por su parte, indicó que le “llama la atención que a la fecha que se ha solicitado, la prensa reportaba que había solicitado la información vía transparencia y por algo están los antecedentes en la prensa. Entonces, es bien poco razonable que a solicitud formal de la Comisión de Constitución no podamos tener la respuesta solo de los primeros 56 oficios, más los tres oficios que involucran a criminales de lesa humanidad, son 59″, indicó.
Senadores de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Senadores oficialistas defienden los tiempos y anuncian proyecto
El senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, defendió el actuar del Ministerio de Justicia respecto de los plazos para la entrega de la información de los 56 decretos a pederastas y pedófilos, indicando que la norma no fija un plazo de contestación por parte del Ejecutivo al Congreso, cuestionando además que se haya retirado la invitación del ministro Rabat a la Comisión.
Longton sostuvo que por lo que pudo recabar, en “la mayoría de las comisiones, no hay precedente respecto de que se deje de invitar a un ministro de Estado para hacer un punto político. Entendiendo que el ministro constitucional, legal y reglamentariamente tiene funciones colegisladoras. Por lo tanto, inhibir al ministro que venga a una comisión es inhibir sus funciones constitucionales, que no pueda tramitar proyectos de ley”.
Por otro lado, el parlamentario aseguró que el Ejecutivo está “cumpliendo el plazo. No han pasado ni 15 días hábiles. La Ley Orgánica no establece plazo y la única vez que establece plazo es constitucionalmente, cuando se pide a través de la Sala un oficio que son de 30 días. Por lo tanto, si uno extiende esa norma serían 30 días que al momento no han transcurrido”.
El senador del Partido Republicano (PRC), Arturo Squella, por su parte, anunció el ingreso de un proyecto junto a otros senadores, para derogar la ley que entrega el beneficio de la rebaja de condena por buena conducta e intentar solucionar la crisis que generó la decisión del ministro Rabat de ajustar el criterio administrativo para el caso de pederastas y pedófilos.
Squella agregó que esto “probablemente modifique o altere las urgencias tal como lo hemos conocido por parte del mismo Ejecutivo, que al saber que nosotros íbamos a presentar este proyecto de derogación, ha dicho que esa es la solución definitiva, independiente que probablemente el proyecto fusionado también va a ser necesario para los casos del intertanto y eso lo podremos estudiar ya técnicamente”.
La jugada del oficialismo evita que sea el ministro de Justicia quien figure presentando la iniciativa, ante la negativa de los senadores de oposición de que sea Rabat quien lidere una eventual solución, cuando fue él quien la generó a favorecer a violadores y abusadores sexuales de menores por sobre las víctimas.
