El abogado, que hasta septiembre formaba parte del Partido Republicano, critica al Congreso por haber hecho una mala ley y dice que “con una norma transitoria bastaba. Pero no hubo ninguna regla interpretativa para dejar un solo criterio claro” para estos casos.
Una denuncia por eventual prevaricación judicial en contra de todos los que resulten responsables en la aplicación de rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, presentó esta semana el abogado y representante de Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara quien, en conversación con redacción, dice que administrativamente no hay responsabilidad del ministro Fernando Rabat y apunta, no sólo a quienes ejercen la magistratura, sino también al Congreso por no haber dotado a la ley, en 2022, de una regla interpretativa clara para estos casos.
La denuncia, que fue presentada directamente ante el Fiscal Nacional, pide investigar 14 fallos que favorecieron a condenados, y la lista de quienes pueden ser objeto de investigación incluye a ministros de la Corte Suprema, de cortes de apelaciones, jueces y funcionarios que han participado en la Comisión Evaluadora de Rebaja de Condenas.
Previamente, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia por presunta prevaricación administrativa en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del entonces subsecretario, Luis Silva, tras lo cual la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte abrió una investigación penal a cargo del fiscal regional Francisco Jacir, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción e Investigación Especializada.
Palamara plantea la denuncia contra todos los que participaron en decisiones favorables para la rebaja de condena. “El objetivo es claro y es concreto. Si la fiscalía, cuando toma la denuncia de los dos diputados en contra de Rabat y en contra del ex subsecretario, por el principio de objetividad, igualdad ante la ley y el principio que queramos aplicar, debiese investigar a todos los que resultaran responsables y aplicaron la norma de igual manera”, explica el abogado, quien hasta fines de septiembre pertenecía al Partido Republicano.
“Que el Ministerio Público investigue a todos los que resulten responsables, porque si le da seriedad a la denuncia de los dos diputados, entonces tiene que investigar también al comité de jueces, también a los ministros de la Corte de Apelaciones, a los ministros de la Corte Suprema, a todo aquel que con su venia o su decisión favorable a rebajar las condenas la aplicó administrativa o judicialmente”, plantea Palamara.
Sin embargo, no consideraron una querella “porque tendría que estar convencido que efectivamente hay un delito. A mi juicio no hay delito. Pero si para la fiscalía hay antecedentes serios para investigar a dos, tiene que investigar a todos”, señala el líder de Fundación Fuerza Ciudadana, un movimiento ultraconservador, hoy más cercano al Partido Nacional Libertario (PNL).
Fotografía de las redes sociales del abogado Raimundo Palamara, que aparece junto al presidente José Antonio Kast.
Dos denuncias, distintos objetivos
Si bien en el Ministerio Público ahora hay dos denuncias por prevaricación, no se trata de un mismo objetivo en ambas acciones.
Los parlamentarios buscan establecer si las autoridades administrativas dictaron resoluciones contrarias a derecho y se arrogaron facultades judiciales, ignorando las restricciones legales que prohíben estos beneficios en estos casos.
La denuncia que presentó Palamara, junto a Maximiliano Murath -abogado de uniformados en causas de DD.HH. y ex candidato diputado de Libertarios-, es por eventual prevaricación judicial, o sea, apunta a la magistratura, y plantea lo mismo que el ministro Rabat, en cuanto a que se estaban siguiendo criterios de jurisprudencia mayoritaria de la Corte Suprema.
En la imagen, también de las redes sociales del abogado, una foto selfie de Palamara junto al diputado Johannes Kaiser, en el matrimonio de la diputada Antonia Barchiesi, el viernes 2 de febrero de 2024 en el Club Naval de Campo Las Salinas en Viña del Mar, evento que fue criticado, porque se realizó mientras se producían los devastadores incendios forestales que afectaban a la Región de Valparaíso.
Responsabilidad no es del ministro, sino del Congreso
El abogado denunciante asegura que esto no es una maniobra que busca quitar responsabilidad al ministro Fernando Rabat en la decisión final de liberar a 56 pedófilos y otra centena de criminales y narcotraficantes. Palamara manifiesta, categórico, que el secretario de Estado no es responsable de los decretos de libertad ni de la situación generada por ellos.
“Es que la responsabilidad no es del ministro, la responsabilidad es de los que hicieron la ley mal. En verdad, no es quitarle la responsabilidad al ministro, pero si aplico contra el sentido de la norma y los principios que rigen, ya sea administrativo o penal, ahí sí obviamente habría prevaricación”, declara.
Según Palamara, “cuando hay una interpretación válida en base a ciertos principios y teorías del derecho penal, en rigor, para todos los penalistas, se debía aplicar siempre la norma más favorable. Ahora cuando de una facultad administrativa se entra en la pena, ahí va a estar la discusión. Entonces por eso la norma se tuvo que haber aclarado desde un inicio. Y el objetivo es que se aclare lo antes posible”, afirma.
El abogado, que también fue candidato por Republicanos al Consejo Constitucional en 2023, advierte que “igual va a seguir existiendo discusión, pero ahí sí o sí se va a tramitar por la arena judicial, porque también van a haber penalistas que van a ir al Tribunal Constitucional a decir que por el principio de irretroactividad y el principio de prorreo, se tienen que aplicar para los casos anteriores la norma más beneficiosa para el condenado. Y ahí va a haber una discusión judicial posterior, pero por lo menos administrativamente, tanto para el comité como para el ministro que le toca aplicar la norma, va a estar claro que tiene que rechazar”.
“Con una norma transitoria bastaba”
“Es simplemente una interpretación distinta de una ley que está mal hecha. Porque cuando las leyes se aplican, se suelen aplicar hacia el futuro. Esa es la regla general”, sostiene Raimundo Palamara.
Por eso, “la ley tuvo que haber sido clara al momento de querer aplicarla también a las situaciones pendientes. Me refiero a cuando el hecho ocurrió antes del año 2022, cuando empezó a regir la ley, o la condena ocurrió antes del 2022. Con una norma transitoria bastaba. Pero no fue así, no hubo ninguna regla interpretativa para dejar un solo criterio claro. Pese a que hubo dudas durante la tramitación de dicha ley respecto a cuál se aplicaba”, critica el abogado.
Palamara añade que, por esa razón, considera que “es el Congreso el que se está aprovechando como de su propio dolo o su propia culpa, como órgano me refiero, de una ley mal hecha, y ahora quiere ajusticiar, dos disputados mediante la denuncia contra Rabat y contra Silva, y aparte la acusación constitucional, por aplicar el criterio o la interpretación que a ellos supuestamente no les gusta”.
