La Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de la causa, pide 8 años de presidio para Izurieta, multa de 500 UTM, el comiso de un inmueble comprado con estos dineros ilícitos, y también las ganancias obtenidas, unos 166 millones de pesos en arriendos. La sentencia se conocerá el 27 de noviembre.
El Cuarto Juzgado Oral en lo Penal de Santiago, por unanimidad, resolvió dictar veredicto condenatorio contra el excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, por dos delitos de lavado de activos, relacionados con la adquisición, utilización y ocultamiento de bienes y recursos provenientes de fondos públicos destinados a gastos reservados del Ejército.
La investigación contra Izurieta Ferrer, iniciada en 2022, permitió establecer los mecanismos utilizados para incorporar estos dineros al patrimonio personal del exoficial, entre ellos el pago de un crédito hipotecario con recursos de origen ilícito, la posterior transferencia de un inmueble a su hija, y la utilización de operaciones financieras y tributarias destinadas a ocultar la procedencia de esos fondos.
El persecutor Marco Muñoz Becker, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, explicó que el Ministerio Público “solicita la imposición de una pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 500 unidades tributarias mensuales, comiso de un inmueble, así como también de las utilidades y ganancias obtenidas a través de el (estimadas en $166 millones) y la inhabilitación perpetua para cargos y oficios públicos, entre otras medidas accesorias”. La sentencia que se dará a conocer el próximo 27 de noviembre.
La Fiscalía Regional de Los Lagos, que llevó esta investigación a través de su Unidad de Delitos Económicos, valoró el veredicto como un resultado relevante en una investigación de operaciones destinadas a ocultar el origen ilícito de recursos públicos, y “en la cual colaboraron activamente personal de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (BRILAC) y de la Brigada Investigadora de Delitos de Corrupción, de la PDI, quienes lograron recopilar todos los antecedentes necesarios que llevamos a juicio permitieron obtener esta sentencia condenatoria en esta investigación que es de alta complejidad”, expresó el fiscal Muñoz.
Mesada: en efectivo, por mano y sin registro alguno
El veredicto condenatorio indica que, con relación al delito base de malversación de caudales públicos, que se sigue investigando en la justicia militar, se logró determinar “que los comandantes en jefe del Ejército de Chile desde el año 2010 en adelante (esto es, los señores Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo) entregaron sumas periódicas de dinero, generalmente de forma mensual, a los excomandantes, en efectivo, por mano y sin ningún tipo de registro contable, y por sumas que iban desde los $400.000 en el año 2010, hasta el millón de pesos para el año 2017”.
“Estos aportes testimoniales, documentales y otros medios de prueba observados, sumado al contexto en que se verificaron las actividades de ejecución de los gastos reservados, permiten adquirir convicción en el tribunal en cuanto a que los comandantes en jefe del Ejército procedieron a destinar y distraer dineros entregados como gastos reservados a fines y usos diversos a aquellos autorizados por la ley, entre los que incluía el pago mensual de una suma de dinero para uso personal de los excomandantes en jefe”, releva.
Además, aclara la resolución que condena a Izurieta, “en el delito de lavado de activos debe buscarse cuál fue la intención o finalidad de ocultar o disimular el origen ilícito de dichos bienes, constituyendo dicha finalidad el elemento que permite determinar si hubo o no aprovechamiento de los efectos del delito base”, plantea el acta deliberativa.
Y juzga que los descargos de la defensa de Izurieta, “no alcanzaron una plausibilidad suficiente, es más, aparecieron falaces, en atención a la prueba que se presentó, la que demostró que sus explicaciones alternativas para justificar esas acciones eran acomodaticias. Fue en atención al conocimiento que tenía del origen de los dineros que provienen del delito base que comenzó a ejecutar operaciones mercantiles”, dice el tribunal, en referencia al delito de lavado de activos.
Óscar Izurieta Ferrer fue Comandante en Jefe del Ejército de Chile entre el 10 de marzo de 2006 y el 9 de marzo de 2010. Posterior a ello, y en calidad de oficial retirado, comenzó a recibir los “apoyos EX-CJE”, dineros que se malversaron desde los gastos reservados.
Derivada de caso Milicogate
Todo parte por una denuncia efectuada por la Fiscalía Militar de Santiago con relación a la investigación que se llevaba a cabo en dicho tribunal por malversación de caudales públicos provenientes del uso de gastos reservados en el Ejército de Chile, caso más conocido como Milicogate, y en la que cinco excomandantes en jefe de dicha rama militar han sido procesados.
Izurieta Ferrer fue procesado en febrero de 2022, como autor de malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento militar, acusado de mal uso de $6.374.996.162 en gastos reservados, por la entonces ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford. Esa investigación involucra a los comandantes en jefe al mando del Ejército entre el 09 de marzo de 2010 y el 09 de marzo de 2018, es decir, Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.
“Para sustraer los dineros de gastos reservados, los mencionados comandantes en Jefe, de manera metódica y sistemática, durante sus periodos respectivos, dispusieron verbalmente a los Directores de la Dirección de Finanzas del Ejército de la época, en adelante DIFE, que entregaran periódicamente parte de los recursos de gastos reservados a los Jefes del Departamento de Finanzas de la Comandancia en Jefe del Ejército de la época, los Coroneles Jorge Cortés Diaz (periodo año 2006 al 2014), Sergio Vásquez Undurraga (periodo 2014 al 2017) y Pablo Rosas García (periodo 2017 a 2018) quienes los recibían y guardaban en una caja fuerte mantenida para tal efecto en dependencias de la Comandancia en Jefe y a disposición del Comandante en Jefe en ejercicio”, según da cuenta la acusación que presentó Fiscalía contra Izurieta en la causa penal.
“Así -relata la acusación-, en forma parcializada, dispusieron su uso, entre otros fines distintos de los permitidos, para la entrega periódica de una mensualidad, generalmente de pago mensual, de sumas de dinero en efectivo a los ex Comandantes en Jefe del Ejército bajo el concepto o ítem denominado “APOYO EX-CJE”, o apoyo a ex Comandantes en Jefe de lo cual no se dejó registro contable o documental alguno, por disponerse la destrucción de todo rastro o vestigio de la entrega de estos dineros”.
Es en ese contexto que Óscar Izurieta Ferrer, en su condición de ex comandante en jefe del Ejército de Chile, recibió periódicamente sumas de dinero por este ítem, “montos que fueron incrementándose con el transcurso del tiempo, recibiendo inicialmente la suma de $400.000 pesos, luego $600.000 pesos, posteriormente $800.000 pesos, para finalmente llegar a los $1.000.000 de pesos mensuales a fines del año 2017 e inicios del 2018”.
Es así como, el ahora condenado, “a sabiendas de su procedencia ilícita, recibió indebidamente fondos públicos destinados a gastos reservados bajo la modalidad antes descrita, esto es el pago de una suma de dinero en efectivo contenido en un envoltorio o sobre cerrado, entregado por mano y sin dejar registro alguno, por montos que como mínimo totalizan la cantidad de $61.200.000 pesos y como máximo, la suma de $78.000.000 pesos, los que exceden las 40 UTM, y que no fueron ingresados en sus cuentas bancarias en que administraba sus ingresos formales declarados”.
Vista exterior del conjunto de edificios donde Óscar Izurieta compró un departamento, con bodega y dos estacionamientos, para ponerlos en arriendo. Dicha adquisición, según el tribunal, corresponde a uno de los delitos de lavado de activos por el cual fue condenado.
Compra de propiedad para arrendar
De acuerdo con lo que se estableció en la investigación penal, Oscar Izurieta Ferrer realizó varias acciones destinadas a adquirir, poseer, tener y usar los referidos valores o activos, con ánimo de lucro, así como como también de ocultar o disimular su origen, a sabiendas que provenían del delito de una sustracción de gastos reservados del Ejército.
Se comprobó que parte de esos dineros fueron utilizados para pagar las cuotas de un crédito hipotecario de un departamento en Las Condes, inmueble que Izurieta compró en febrero de 2008, ubicado en calle Cerro Colorado 6130, más bodega y dos estacionamientos.
Ese inmueble “fue destinado para fines de inversión y generación ganancias mediante su arrendamiento a terceros, con un canon mensual que varió entre 34 a 36 UF, dineros que a su vez fue generando nuevas utilidades estimadas desde abril de 2010 al mes de enero de 2025, en la cantidad de al menos $ 166.228.700 pesos y que entre el mes de enero de 2012 a enero de 2025 totalizaron al menos la suma de $ 151.806.071 pesos, dineros que a su vez fue usando con ánimo de lucro y generando nuevo capital que incrementó su patrimonio”.
Palos blancos para ocultar la adquisición y sus ganancias
Sucede que, cuando en febrero de 2019 se conoció púbicamente que había una investigación en manos de la Fiscalía Militar por uso de gastos reservados en el Ejército y las “millonarias mesadas” a excomandantes en jefe, para ocultar, disimular y dar falsa apariencia de legitimidad del origen ilícito de estos dineros, el Izurieta Ferrer realizó varias acciones.
Lo primero que hizo fue declarar esos fondos ante el SII. En abril de2019, Izurieta presentó ante el SII una solicitud de declaración de rectificación de impuestos a la renta F22 de los años tributarios 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, sin dar cuenta de la procedencia de esos dineros, “fingiendo con ello una actividad comercial lícita generadora de dicha renta, girándosele el impuesto correspondiente a la mayor renta y pagándolo, con miras a obtener así la validación del servicio público de recaudación fiscal, utilizado de este modo para brindar una apariencia de legitimidad a dineros de fuente ilícita antes señalados”, describe la acusación del Ministerio Público.
El 14 de abril de 2021, procedió a efectuar la separación total de bienes y liquidación de la sociedad conyugal que mantenían hasta ese momento con Ginetta Fornazzari Bustos.
Después ejecutó el traspaso de esos de bienes. Según estableció su procesamiento por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad de documento público en el marco del caso Milicogate, el 29 de julio de ese año el 27° Juzgado Civil de Santiago, en procedimiento voluntario autorizó la donación los cuatro inmuebles.
Quienes recibían la supuesta donación en vida de las propiedades del exoficial, eran su hija, María Constanza Izurieta Fornazzari, quien entonces era fiscal en la zona Metropolitana Oriente, junto a su yerno, el también fiscal Andrés Iturra.
En diciembre de ese año, la entonces fiscal e hija de Óscar Izurieta, “otorgó poder especial de duración indefinida a su padre, para que entregue en arriendo, administre, cobre y perciba las rentas de arrendamiento, sin especificación de rendición de cuentas”, dineros que ingresaron a la cuenta corriente de la esposa del excomandante en jefe, antecedentes que estableció como demostrados el 4º TOP de Santiago.
Cabe recordar que, si bien la hija y yerno de Izurieta no fueron procesados penalmente como autores del fraude militar, si se les investigó como colaboradores en el papel de testigos en la “insinuación de traspaso de bienes”. Esto significó que el Ministerio Público les abrió una investigación penal de oficio por presunto lavado de activos, y en octubre de 2022 fueron removidos de sus cargos tras un sumario administrativo por faltas a la probidad y por afectar la imagen institucional.
