Con el presidente, José Antonio Kast, de gira por Europa, el Ejecutivo ha decidido mantener el respaldo al ministro de Justicia, pese al rechazo que genera en la opinión pública el cambio de criterio jurídico que aplicó, Fernando Rabat, para resolver administrativamente las rebajas de pena a condenados por delitos sexuales contra menores, donde, según Pulso Ciudadano, un 64% está por acusarlo constitucionalmente, como anunciaron los partidos de la oposición.
Poco o nada descomprimió el ambiente político la salida del subsecretario de Justicia, Luis Silva, luego que publicara un video sin autorización del Gobierno, explicando por qué estaba su firma en varios de los decretos que rebajaron administrativamente la pena de 56 violadores y abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes.
Además, las encuestas del fin de semana muestran un alto rechazo a la forma cómo el Gobierno ha enfrentado la crisis donde el 71,7% considera que lo ha hecho mal, un 74,2% cree que el presidente Kast comete un error al mantener al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y donde un 64,3% está a favor de que se le acuse constitucionalmente, como ya ha anunciado la oposición, según reveló la consultora Pulso Ciudadano.
Criteria, por su parte, señala que el 72% está en desacuerdo con que el secretario de Estado permanezca en el cargo, algo que ha sido ratificado por el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, quien volvió a respaldar la gestión de Fernando Rabat, pese a la calificar la crisis como una “verdadera catástrofe”.
En declaraciones a Canal 13, Arenas puso como ejemplo la administración de Sebastián Piñera para explicar por qué no le piden la renuncia a Fernando Rabat, sabiendo que se presentará una acusación constitucional en su contra: “El presidente Sebastián Piñera nunca le pidió la renuncia a ninguno de los ocho ministros que fueron acusados. Porque, igual que en este caso, consideraba que no se cumplían con los requisitos de una acusación constitucional”.
Asimismo, Gonzalo Arenas, aseguró que la salida de Rabat “no va a ayudar en nada a la solución. Y el Presidente le ha encargado a este ministro que sea parte de la solución en forma rápida, expresa y, por lo tanto, que consiga el objetivo político. Porque, además, aunque le pidiera la renuncia al ministro esta acusación seguiría”, agregando que el fin último de la posición “es causar un daño político al Gobierno, y esa intencionalidad va a seguir esté dónde esté el ministro”.
Luis Silva, exsubsecretario de Justicia; Fernando Rabat, ministro de Justicia, y Pablo Mira, susecretario de Derechos Humanos.
Casos graves, pero…
Desde que intervino en el conflicto el presidente, José Antonio Kast, desde la Moneda se quiso instalar el relato que con el reconocimiento del “error” por parte del mandatario se solucionaba la crisis, toda vez, que fue el propio Jefe de Estado quien asumió la responsabilidad política para blindar a Fernando Rabat.
Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo no hizo más que exacerbar los cuestionamientos, ya que se decidió no tocar al ministro de Justicia y dejarlo a cargo de la “solución”, pese a haber sido quien causó la crisis política al cambiar el criterio jurídico para otorgar rebaja de penas vía administrativa a violadores y abusadores de menores. Tampoco lo hizo la renuncia de Luis Silva a la subsecretaria de Justicia.
Ahora, el vocero de Gobierno lanzó un nuevo argumento para enfrentar la crítica de la oposición y de algunos parlamentarios oficialistas que piden la salida de Rabat, acusando un “ataque político” y que “los antecedentes, estoy convencido que los tenían todos de antes. Las personas que están tratando de poner este tema en debate”.
“Es un tema importante, yo con esto no quiero decir que este es un tema menor, es un tema gravísimo. El gobierno está consciente, el gobierno asume el error, el Presidente pidió perdón públicamente al país, que el Estado le falló. Y nuestra principal preocupación es solucionar este tema, es una ley de nunca más”, dijo el subsecretario del Interior.
Según Arenas, “coinciden muchas cosas como para tratar de poner un relato político que es legítimo, pero ojo, un relato político que se olvida de que esta ley lleva más de 20 años funcionando, que esta excepción a los violadores lleva más de 5 años funcionando y que desde el 2019 se han dado más de 10 000 decretos de rebaja de penas y, por lo tanto, se trata de culpar al último que firmó. Yo considero que eso es armar un relato político”.
El subsecretario Arenas argumentó que “cuando ocurren estas catástrofes, porque es una catástrofe, todos empiezan a deslindar responsabilidades. Pero esta era una jurisprudencia que estaba consolidada. Los cambios que se producían eran muchas veces porque cambiaba el abogado integrante de la sala”.
