El Senado decidió reducir el aplazamiento de un año que propuso el Gobierno y despachó la norma a su segundo trámite con fecha 15 de octubre de 2027. Además, ratificó aumentar de 3 a 5 el número de miembros que integrarán el consejo directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales.
La iniciativa legal presentada por el Ejecutivo fue ampliamente apoyada por la sala del Senado, que despachó el proyecto a su segundo trámite con 33 votos a favor y 6 en contra.
Sin embargo, los senadores redujeron en un mes y medio la postergación de un año que propuso el Gobierno, respecto del proyecto que modifica la Ley N°21.719 que regula la protección y el tratamiento de los datos personales, posponiendo su entrada en vigencia hasta el 15 de octubre de 2027.
Según explicaron desde el Senado, “los cinco consejeros durarán seis años en sus cargos y no podrán ser designados para un nuevo periodo. El consejo se renovará parcialmente cada dos años con el acuerdo de los 2/3 de los senadores en ejercicio”.
El proyecto adecúa también la forma en que se hará la primera designación de los consejeros de la Agencia de Protección de Datos Personales, estableciendo que la propuesta que haga el Presidente de la República al Senado será “en un solo acto, identificará a dos personas que durarán seis años en sus cargos, a dos personas que durarán cuatro años en sus cargos y a una persona que durará dos años en su cargo”, indicaron.
Congreso tramita proyecto que aplaza entrada en vigencia de la Ley de Datos Personales para octubre de 2027.
Datos personales: las razones para aplazar
Durante la exposición que hizo ante la Comisión de Constitución del Senado el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, cuando presentó el proyecto de ley a mediados de octubre, dio a conocer los datos de una reciente encuesta que revela un alto porcentaje de empresas que declara no estar preparadas para implementar la Ley de Datos Personales a contar de 1 de diciembre.
Según refirió el subsecretario de Economía, el primer estudio nacional realizado por LemonTech y la Asociación Chilena de Ética y Compliance (ACEC), determinó que “el 72% de las organizaciones consultadas todavía no se consideran preparadas para la entrada en vigencia” de la Ley 21.719.
Respecto de las “empresas de menor tamaño, tenemos que, a nivel de pequeñas empresas el 90% no está preparada y en las medianas el 85,2% tampoco lo está. Mientras que el 45,7% de las empresas en total no había implementado ninguna de las medidas de cumplimiento evaluadas. Además, el 15% todavía no tenía procedimientos documentados para efecto de responder sobre los derechos que consagra la ley y un 40,9% carece todavía un protocolo de notificación de brechas de seguridad”, sostuvo el subsecretario Koehler.
En este sentido, la autoridad explicó esto es un cambio de cultura. “Porque esto no es algo típico como crear una oficina, sino que esto es algo que requiere de una implementación transversal a lo largo de cualquier institución privada o cualquier institución pública. El mundo privado, el manejo de datos, tiene que estar presente en el mundo del marketing, de las ventas, de las operaciones, de los proveedores, transversalmente. Y en el mundo público, en lo que atañe a las obligaciones que nos impone la ley”.
Por tal razón, el subsecretario Karlfranz Koehler agregó que “esto requiere modificar contratos, requiere sistemas, medidas de seguridad, protocolos de atención de derechos, y ciertamente también todas las entidades necesitan saber, en aquellas partes que hoy día todavía existen ciertas dudas respecto a los conceptos y ámbitos de extensión de los mismos, en cuanto cómo se va a interpretar la ley y cómo va a ser aplicada por la autoridad”.
