Carlos Quezada, abogado defensor del juez, manifestó que “esta es una pasada de cuenta por otras cosas. Evidentemente, incomodaba a la Corte Suprema”.
Por su parte, la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) dicen que “resulta inevitable recordar el caso del ministro Antonio Ulloa, involucrado en graves hechos relacionados con sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla” y a quien el máximo tribunal estuvo por no expulsar, siendo destituido solo tras aprobarse una acusación constitucional en su contra en el Senado. La Corte estaba por mantenerlo en el poder.
Aunque ya era vox populi, la Corte Suprema finalmente hizo oficial la expulsión del Poder judicial de quien por 20 años fue magistrado del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Laubreaux, a quien se le abrió cuaderno de remoción junto a otros 55 jueces y juezas que salieron del país estando con licencia médica.
Ello, luego que la Contraloría General de la República emitiera un informe en el que detectó viajes al exterior de funcionarios públicos durante períodos de reposo médico. Del total de 55 magistrados investigados, 18 fueron removidos de sus cargos.
El Pleno de la Corte Suprema informó este miércoles 28 de octubre sobre esta decisión, tras la vista de cinco cuadernos de remoción que estaban pendientes, relativos a integrantes del escalafón primario. Y entre ellos está el ahora exjuez Urrutia.
La presidenta Gloria Ana Chevesich explicó que se trató de la situación de cinco integrantes de la judicatura, respecto de quienes en su momento se escuchó la relación y los alegatos de las defensas, pero que no se alcanzó a votar, debido a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la tramitación de esos casos, haciendo referencia a la presentación que la defensa de Urrutia hizo ante el TC.
Pasada de cuenta
Daniel Urrutia registra dos viajes, uno a Costa Rica en enero de 2020 y otro a Ecuador en junio de 2022, ya que estaba en un tratamiento de carácter psiquiátrico, y la salida habría sido recomendada por su médico “por una readecuación conductual”, según demostró ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que le había sobreseído y absuelto.
Pero, como la última palabra la tiene el máximo tribunal del país, dieron vuelta el tablero y destituyeron al juez, con quien tuvieron una relación bastante controvertida.
“Tenemos claro que esto no tiene relación con la infracción al deber de reposo ni con el hecho de haber sido absuelto en la Corte de Apelaciones. Esta es una pasada de cuenta por otras cosas. Evidentemente, incomodaba a la Corte Suprema”, señaló Carlos Quezada, defensor del ahora exjuez.
Tiene que ver con otros temas específicos, aclaró Quezada, “que no guardan relación con el tema judicial. Y es muy peligroso lo que ha hecho la Corte Suprema y, especialmente la presidenta, porque efectivamente uno puede compartir sus valores y sus principios sobre la probidad administrativa y la probidad judicial, pero uno siempre tiene que pensar que, eventualmente, puede haber una persona no tan proba en el cargo que ella ocupa hoy día”.
“Esta decisión ha sido tomada por, probablemente, la Corte Suprema con mayores problemas de corrupción en la historia de este país, con tres ministros que tienen la calidad de imputados en causas donde Daniel Urrutia es querellante, y donde se ha sometido a los jueces a un juicio ético por una integración del pleno que, probablemente, tenga muy poco de ética”, aseguró el abogado defensor.
Agregó que, “con el precedente que ella (Chevesich) ha establecido, es perfectamente posible que algún juez o algún ministro de la Corte Suprema comience el día de mañana a abrir cuadernos de remoción porque no le gustaron los fallos, o porque abrieron investigaciones en su contra, y un juez de primera instancia autorizó medidas intrusivas en su contra”.
Sin embargo, no dan esta pelea por perdida. “Creo que esta historia aún no termina y vamos a ver cómo avanza, y cuáles son las acciones que podemos seguir”, planteó el abogado, siendo una de las primeras consideraciones la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Y el fuero sindical?
Desde la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) expresaron su “más enérgico rechazo a la decisión de la Corte Suprema de remover de su cargo el juez Daniel Urrutia, dirigente de nuestra organización, por estimar que constituye una grave afectación de la libertad sindical del debido proceso y de las garantías que deben resguardar la independencia judicial”, indican en un comunicado.
Señalan que es “especialmente grave que esta decisión se haya adoptado sin otorgar la debida protección al fuero sindical que ampara nuestro dirigente, reconocido expresamente en el artículo 25 de la Ley Nº 19.296. Esta garantía tiene por objeto proteger el ejercicio de la representación sindical y evitar que quienes defienden los derechos a los trabajadoras y trabajadores puedan ser separados arbitrariamente de sus funciones. Su desconocimiento o aplicación restrictiva constituye un procedente profundamente preocupante para el conjunto de las organizaciones sindicales del poder judicial”.
Además, son críticos en su declaración, apuntando a que “especial preocupación nos merece la evidente diferencia de criterios que parece manifestarse en las decisiones disciplinarias de del máximo tribunal. Resulta inevitable recordar el caso del ministro Antonio Ulloa, involucrado en graves hechos relacionados con sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo cuestionamientos por intervenciones en nombramientos judiciales, filtración de información reservada y faltas al deber de probidad. Pese a la gravedad de estos antecedentes, la Corte Suprema no reunió los votos necesarios para removerlo de su cargo”, plantean los trabajadores judiciales.
“Este contraste resulta difícil de justificar ante la ciudadanía. Mientras un ministro involucrado en hechos compromete directamente la probidad y la independencia de la función jurisdiccional no fue removido, un juez que había concluido su procedimiento disciplinario sin sanciones termina separado de sus funciones. Esta disparidad plantea una interrogante que la Corte Suprema tiene el deber institucional de despejar. ¿Se están aplicando criterios jurídicos objetivos y uniformes o las relaciones personales, las cercanías y las enemistades terminan influyendo en la distinta severidad con que se juzga a sus integrantes?”, cuestionan.
Mala relación
Daniel Urrutia Laubreaux ingresó al Poder Judicial el año 2000, y su primer cargo fue como juez de garantía en Freirina (2001), luego fue trasladado a Ovalle (2003) y Coquimbo (2004), para luego asumir el año 2006 en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se mantuvo hasta este 28 de octubre, cuando se conoce la resolución que mata su carrera judicial.
Y es que el estricto apego a los Derechos Humanos en la aplicación de la ley y las normas, hizo que se ganara muchos enemigos en el ámbito no sólo judicial, sino también político.
Pero todo partió cuando, en 2004, tras concluir un diplomado en Derechos Humanos, Urrutia presentó una tesis bastante crítica sobre el rol de la Corte Suprema en la dictadura y abiertamente señalaba que los debían pedir perdón por haber rechazado miles de recursos de amparo que en esos años presentaron familiares de detenidos desaparecidos.
Eso le valió una sanción inmediata de parte de la jerarquía judicial, lo que fue denunciado por Urrutia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que finalmente el año 2020 condenó a Chile por vulnerar la libertad de expresión del entonces magistrado.
Desde entonces, nada fue miel sobre hojuelas para el hasta hoy juez del 7º de Garantía de Santiago donde, entre miles de causas, tuvo que definir muchos de los casos de personas detenidas en las protestas del estallido social de 2019, y su postura más garantista, le significo críticas desde la derecha.
Ejemplo de ello, fue lo que ocurrió el 3 de enero de 2020, cuando Daniel Urrutia recibió una queja disciplinaria, luego de citar a comparecer al entonces intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, ello en el marco de la causa por la detención arbitraria de un manifestante.
Cinco días después, la Corte de Apelaciones de Santiago establecía la apertura de un nuevo sumario disciplinario en contra del magistrado, luego de declaraciones del juez en la prensa. Estas quejas se sumarían a otras acciones que intentaban impedir el ejercicio en libertad del magistrado, según denuncia la página Front Line Defenders, que hace seguimiento a casos de vulneración de derechos en el mundo.
