Presidente Kast blinda a ministro Rabat, asume responsabilidad y califica de “error” decretos que liberaron a condenados de delitos sexuales contra menores

Presidente Kast blinda a ministro Rabat, asume responsabilidad y califica de “error” decretos que liberaron a condenados de delitos sexuales contra menores

El mandatario reconoció que otorgar las rebajas de pena fue un “error”, pero descartó sacar de su cargo al ministro Fernando Rabat, quien, sin embargo, constantemente a descartado que el procedimiento se haya hecho erróneamente, justificando los decretos en el derecho que tienen los condenados a solicitar el beneficio, pese a que hay una Ley que excluye los delitos sexuales contra menores, criterio que había sido usado por los gobiernos anteriores para rechazar administrativamente la decisión que adopta la Comisión de beneficio de reducción de condena.

Más temprano, el vocero Gonzalo Arenas, quien había calificado el procedimiento como “impecable”, negó haya existido errores: “Reconocemos, no un error, sino que hay un procedimiento que está mal hecho y que nosotros estamos comprometidos a mejorarlo en forma definitiva. Porque reconocer un error significaría que hicimos algo fuera de la ley, fuera de la Constitución”, aseguró.

Nuevamente el desorden comunicacional que existe en el Gobierno terminó siendo zanjado por el presidente, José Antonio Kast, pese a que el Ejecutivo designó hace 5 días a Gonzalo Arenas, subsecretario de la Segegob, como nuevo vocero.

Esta vez, fueron los 56 decretos firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que permitieron la libertad de condenados por violación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, luego que esta administración cambiara el criterio de rechazo que había sido adoptado por los gobiernos anteriores, destacando el secretario de Estado que se trata de derechos que tienen los condenados.     

Sin embargo, el presidente Kast hecho por tierra todas las justificaciones jurídicas-administrativas que venía planteando el Gobierno para justificar el cambio de criterio en favor de los condenados y no de las víctimas, decretos que se tramitaron sin que hubiera una sentencia judicial que los obligara.  

“No hay explicación técnica, ni criterio jurídico, ni procedimiento administrativo que pueda justificar ante una víctima que su agresor salga antes de la cárcel. Ninguna. A esas víctimas, a esos niños que hoy son jóvenes o algunos adultos y que vuelven a revivir lo peor de sus vidas, les digo con claridad que el Estado les falló”, afirmó el mandatario.

Por tal razón, y a diferencia de lo planteado en los últimos días por el ministro Rabat y el vocero, Gonzalo Arena, quienes han descartado un “error” de procedimiento en los decretos, el Jefe de Estado sostuvo que “como Presidente en ejercicio, me toca asumir la responsabilidad que corresponde como gobierno que va más allá del Poder Ejecutivo. Nos hacemos cargo con todo el costo que ellos tengan”.

Sin embargo, y a diferencia de cuando era candidato, el presidente Kast descartó que sacar al ministro Rabat del cargo sea la solución, ratificándolo en su puesto, pese a señalar que se debía asumir la “responsabilidad”.

“Frente a este hecho real, hay dos caminos. Uno, sacar a un ministro y a todo su equipo y dar por cerrado este tema. Ese camino tranquiliza por unos días, pero no cambia el fondo de este grave problema. El vacío legal que permitió que esto siguiera así, esperando, podría seguir hasta un próximo gobierno”, afirmó.

Pese a lo señalado por el mandatario, varios juristas han señalado que no existe ese vacío legal que ha tratado de instalar el Ejecutivo, sino que una nueva interpretación de la Ley que excluye de solicitar este beneficio a condenados por violación y abuso sexual de menores.

Es más, Ester Valenzuela, abogada y directora del Diplomado en Derechos de Infancia y Adolescencia de la Universidad Diego Portales (UDP), señaló a redacción “que es crucial entender que acá no se está transgrediendo este llamado principio de pro reo o el principio de retroactividad, porque no estamos hablando de dictar una pena o condenarlo por una pena distinta, más gravosa, sino que estamos hablando de la aplicación de un beneficio de índole administrativo-procesal”.

Suspensión de futuros decretos

En su intervención, el presidente Kast asumió que fue un “error” haber aprobado los decretos de solicitud de rebaja de penas, pero no habrá consecuencias para el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el equipo del Ministerio que visó la documentación.

Según el mandatario, “el camino difícil es hacerse cargo, corregir el error, cerrar la puerta para siempre y no soltar este tema hasta que quede solucionado. Ese es el camino que hemos elegido. La solución no era dejar que esto siguiera pasando”.

Por tal razón, reiteró que han “suspendido toda tramitación de rebaja de condenas para condenados por delitos sexuales contra menores. Por eso también estamos revisando caso a caso cada uno de estos decretos y vamos a usar todas las herramientas legales, administrativas, que nos permitan revisar estas decisiones y que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas”.

Asimismo, el Jefe de Estado insistió en que buscarán dar una salida legislativa al tema, para lo cual se recogerán “las mociones parlamentarias que están hoy día en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados e implementaremos y presentaremos un proyecto de ley que, sin ambigüedades, sin interpretaciones, sin espacio alguno para algún criminal que abusa o viola a un niño y dejarle claro que nunca más tendrá acceso a la rebaja de una condena” y pidió al Congreso despachar “estas iniciativas en el más breve plazo”.

Decretos
Ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha descartado errores en los decretos que firmó y permitió la libertad de 56 pedófilos y pederastas.

Hechos graves, pero…

En medio de los cuestionamientos al ministro Fernando Rabat para que renuncie al cargo, como lo planteó el senador oficialista, Rojo Edwards, el presidente Kast lo blindó y si bien calificó los hechos como “graves”, adelantó que no habrá sanciones: “Quiero ser muy claro en algo. Frente a los hechos de esta gravedad, las responsabilidades deben asumirse, los errores deben corregirse y las soluciones deben implementarse”.

Según el mandatario, “el ministro Rabat ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y está trabajando para corregirlo. He decidido que continúe en sus funciones con una responsabilidad muy concreta, liderar las soluciones, esclarecer lo ocurrido y asegurar que una situación como esta jamás vuelva a repetirse. Tampoco vamos a buscar culpables en el pasado”, afirmó.

“Prometimos ser un gobierno que ponía a las víctimas en primer lugar y a los delincuentes en su lugar. Hoy, frente a nuestro propio error, ese compromiso se pone a prueba y vamos a estar a la altura para que nunca más en Chile un niño tenga que sufrir un abuso, una violación”, aseguró.

Decretos

Para el vocero no hay error

Antes que el presidente, José Antonio Kast, interviniera desde la Moneda en compañía de los ministros de Justicia, Desarrollo Social y Familia, Secretaría General de la Presidencia, Interior y Secretaría General de Gobierno, el vocero del Ejecutivo, el subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, había descartado en entrevista con T13 Radio que fuera un “error”.

“Reconocemos, no un error, sino que hay un procedimiento que está mal hecho y que nosotros estamos comprometidos a mejorarlo en forma definitiva. Porque reconocer un error significaría que hicimos algo fuera de la ley, fuera de la Constitución, hicimos algo que humanamente pudo haber sido mucho mejor hecho. Pero lo que nosotros buscamos ahora es darle una solución definitiva”, afirmó Arenas.

Declaración que en nada ayuda a la ofensiva que ha instalado la oposición de acusar constitucionalmente al ministro de Justicia, Fernando Rabat, ya que, según Gonzalo Arenas, reconocer el error, significaría que actuaron “fuera de la Constitución”.

De hecho, en su primera vocería, Arenas sostuvo de manera tajante que, “el Ministerio de Justicia no tiene nada que ocultar en esta materia y que, por el contrario, el procedimiento fue impecable”.

Vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, había calificado el procedimiento que culminó con los decretos como “impecable”.

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