Gloria Ana Chevesich reiteró que fue el Ministro de Justicia quien “dictó un decreto conforme a las facultades legales que tiene”, lo que confirma que se trató de un acto administrativo impulsado por el Ejecutivo y no del cumplimiento de una orden emanada de los tribunales, lo que permitió disminuir la sentencia de 56 violadores y abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Además, descartó jurisprudencia de la Suprema en el tema.
El ministro Fernando Rabat, en tanto, se negó a comentar el criterio usado por la administración pasada que rechazaba las solicitudes de rebaja a este tipo de delincuentes e insistió en que existe “una jurisprudencia asentada y, por lo tanto, se actuó en consecuencia”.
Pasando por alto el interés superior del niño, niña y adolescente, principio jurídico que obliga a que toda medida, ley o decisión pública o privada anteponga su bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos por encima de cualquier otro interés en conflicto; el ministro de Justicia, Fernando Rabat, insistió en que la rebaja de pena a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad fue una decisión adoptada según la Constitución y una supuesta “jurisprudencia” de la Corte Suprema.
Fue la propia presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, quien dilucidó este último punto, aclarando que “cada caso se analiza” y que en esta oportunidad los decretos los firmó el ministro Rabat en un acto netamente administrativo.
“En realidad, sobre la materia no me voy a pronunciar, ya lo dije ayer (miércoles) que fue el ministro de Justicia que dictó un decreto conforme a las facultades legales que tiene y no me voy a pronunciar tampoco respecto a las decisiones tomadas por la Corte Suprema, porque cada caso se analiza, cada caso concreto”, aseguró Chevesich.
Ante la insistencia sobre esta supuesta jurisprudencia, la presidenta de la Corte Suprema – que tenía a sus espaldas al ministro Rabat – agregó que “en realidad yo para ese efecto tendría que analizar cada una de las sentencias a que se hace referencia, para poder eventualmente generar si hay o no jurisprudencia y esa labor corresponde a los doctrinarios, a los estudiosos de la sentencia dictada por la Suprema”.
Asimismo, la jueza aclaró que “aquí hay una Comisión de Rebaja de Condenas que dicta una determinada decisión y consecuencialmente si no se recurre de amparo respecto de aquella decisión es imposible que los tribunales, la Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, pueda emitir un pronunciamiento sobre la materia”, como fue el caso de la rebaja para los 56 condenados de violar y abusar sexualmente de niños, niñas y adolescentes.
Gloria Ana Chevesich, presidenta de la Corte Suprema.
Beneficios que no se tocan
Al ser consultado el ministro de Justicia y Derechos Humanos por el tema volvió a reiterar que la medida se sustenta en una “jurisprudencia bastante generalizada” de la Corte Suprema, pese a que la presidenta del máximo tribunal dijo que siempre se evalúa caso por caso, y que se vieron movido por un mandato constitucional. No considerando nunca el principio de respetar el interés superior de los menores de edad.
El ministro Rabat argumentó que “existe un principio de orden constitucional y es que no se puede aplicar de manera retroactiva una ley en perjuicio del condenado. Es el llamado principio in dubio pro reo. Desde esa perspectiva, entonces, es que hay una jurisprudencia bastante generalizada, que ha acogido recursos de amparo respecto de aquellas personas que durante muchos años solicitaron este beneficio y les fue rechazado”.
En su última frase, el secretario de Estado confirma lo que han planteado las autoridades del gobierno anterior respecto del tema, quienes optaron siempre por rechazar las solicitudes de rebaja de pena a este tipo de delincuentes y solo llevarla a cabo si existía una orden judicial que los obligara.
“Creo que el resultado es el mismo al que yo le estoy señalando. Durante el gobierno anterior también se dictaron más de 275 resoluciones administrativas en que acogieron estos beneficios”, sostuvo Fernando Rabat, sin hacer la diferencia de quién ejecuta la medida.
Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Ministra de Desarrollo Social y Familia se cuadra con Justicia
María Jesús Wulf, por su parte, también fue abordada por el tema en su calidad de Ministra de Desarrollo Social y Familia, sin embargo, no se salió de la bajada comunicacional elaborada por el segundo piso de la Moneda y evitó calificar la medida impulsada por el ministro Fernando Rabat.
La secretaria de Estado señaló que el gobierno ha trabajado desde el día uno por la protección de la infancia, negando que esta rebaja de penas concedida de manera administrativa por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a 56 condenados por delitos sexuales contra menores, sea contradictorio con las políticas sobre el cuidado infantil que impulsa el Ejecutivo.
“En esto yo quiero ser muy clara. Este gobierno trabaja por la protección de la infancia y así lo ha hecho desde el primer día. El ministro de Justicia ya señaló de que el gobierno está cumpliendo con la ley. Pero nosotros siempre vamos a estar disponibles a evaluar mejoras legislativas. Tenemos que cumplir con la ley”, afirmó Wulf.
Quien adelantó que este viernes presentarán “un proyecto de ley que lleva meses trabajándose, que el Presidente anunció que es parte del Plan Chile Cuida a los Niños, un plan integral que busca mejorar la prevención y la protección de los niños. Y ese proyecto de ley aborda una materia muy sensible en nuestro país, que es la explotación sexual, específicamente, en las residencias”.
La ministra de Desarrollo Social enfatizó que “estamos viendo que hay niñas en las residencias, adolescentes que están siendo abordadas por mafias. Los equipos de las residencias tienen que enfrentarse a estas mafias. Necesitamos coordinación, necesitamos justamente poner la prioridad en esto y es algo que el gobierno ha hecho desde el día uno”.
