Además del parlamentario otras siete personas fueron investigadas por los hechos, que implicaron una defraudación de 100 millones de pesos al Estado, aparentemente, para uso político.
La Fiscalía Regional de Aysén, informó que luego de “una larga y acuciosa investigación desarrollada en conjunto con la Policía de Investigaciones de Chile, se presentó acusación en contra de ocho imputados, por los delitos de fraude al Fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterado”.
El comunicado agregó que entre los acusados por el delito de fraude al Fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila, quien pese a encontrarse investigado fue electo en noviembre pasado como independiente en cupo del partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), dentro del pacto Verdes, Regionalistas y Humanistas. Sin embargo, hoy integra el comité parlamentario de Evópoli e Independientes.
El fiscal regional Hernán Libedinsky Moscovich, sostuvo que la documentación “ofrecida por el Ministerio Público considera numerosa prueba documental, testigos y prueba pericial la que, a juicio de la Fiscalía, permitirá acreditar en un futuro juicio oral cada uno de los hechos que se imputan a los acusados en esta causa”.
Los principales imputados de la causa, según la Fiscalía, son Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo y el senador Calisto”, a quienes el Ministerio Público “acusó por delitos que tienen asignadas penas de crimen. Ello, atendido el elevado monto de lo defraudado al Fisco de Chile, que supera los 100 millones de pesos, así como el carácter de reiterado de los delitos por los cuales fueron acusados”.
Esquema de defraudación
Según explicó el fiscal Libedinsky, la indagatoria permitió establecer que el grupo mantenía un esquema de defraudación “sistemático de recursos públicos consistente en servicios contratados y rendidos ante el Estado meramente ficticios, determinándose que Carla Graf nunca realizó asesorías parlamentarias reales para el Calisto (cuando era diputado), siendo sus contratos un mero mecanismo instrumental para la obtención irregular de fondos fiscales”.
La investigación determinó que los dineros correspondían a “honorarios pagados por el Congreso a la señora Graf Toledo, fueron transferidos, entre otros, al entonces diputado Calisto Águila y a Roland Cárcamo Catalán, siendo utilizados para su provecho y beneficio personal. En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, sentenció el fiscal. La investigación liderada por el Ministerio Público fue realizada con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna de la Fiscalía Nacional.
Querella CDE
Además de la indagatoria que lleva adelante la Fiscalía, que ya ha solicitado la petición de desafuero en contra de Miguel Ángel Calisto anteriormente cuando era diputado, está secundada por una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del diputado Calisto, Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein.
El CDE asegura en su querella que Carla Graf se habría coludido con el diputado Miguel Ángel Calisto para celebrar una serie de contratos y prestaciones de servicios para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, los cuales nunca se prestaron.
Según el CDE, Calisto –que pertenecía en ese momento a la bancada de Demócratas, Amarillos e Independientes- habría sabido que los servicios nunca fueron prestados por Carla Graf, generando el prejuicio al Fisco de más de $100 millones.
En la querella, en tanto, se detectaron también transferencias de dineros entre Carla Graf y los otros dos querellados: Ronald Cárcamo y Felipe Klein.
