La sociedad sostiene que Fernando Peña presentó maliciosamente una denuncia contra la empresa, sabiendo que los hechos ya fueron investigados por la Fiscalía y se dictó el sobreseimiento definitivo del caso, por no haber delito.
La Sociedad de Servicios de Alimentación, Soser S.A., interpuso una querella en contra del director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, por los delitos de denuncia calumniosa y prevaricación administrativa. Ello en relación con la denuncia que el directivo realizó a fines de mayo de este año ante la Fiscalía, en la que acusó supuestas irregularidades que habrían derivado en el pago de $ 14 mil millones a Soser por raciones alimenticias no entregadas.
En el escrito ingresado en el Cuarto Juzgado de Garantía, la empresa proveedora de alimentos escolares sostiene que Fernando Peña presentó maliciosamente una denuncia contra la empresa, “a sabiendas que estos hechos idénticos ya fueron sometidos a una investigación por parte del Ministerio Público, en un procedimiento que culminó con la dictación del sobreseimiento definitivo del caso” por no existir hechos constitutivos de delito.
“Resulta paradójico y profundamente preocupante que, quien encabeza el organismo público encargado de velar por la alimentación de estudiantes que necesitan del apoyo del Estado, no esté orientando sus esfuerzos a garantizar la continuidad y calidad del servicio”. En vez de ello, agrega, “(Peña) ha privilegiado la persecución reputacional de una sociedad que ha demostrado históricamente su compromiso con el servicio público”. “Lo anterior resulta incompatible con los deberes de probidad y objetividad que el ordenamiento jurídico impone a todo funcionario público”, dice.
La denuncia contra la empresa
En 2020 Soser participó en la licitación ID 85-18-LR20 abierta por Junaeb para los años 2021, 2022 y 2023 en las regiones de Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Biobío, Ñuble, Aysén y Región Metropolitana, en un contexto marcado por las consecuencias sociales y económicas que trajo la pandemia por Covid-19. Soser se adjudicó el contrato para la región de O’Higgins.
Las bases de licitación tomaron como base el año 2019 para el cálculo de la demanda proyectada, incorporando un componente fijo de pago equivalente al 40% del contrato, para asegurar la empleabilidad de las personas a cargo del procesamiento y elaboración de alimentos. El factor definitorio fue el monto total ofrecido por el contrato, no el precio individual de cada prestación (desayunos, almuerzos, onces básicas y colaciones). De esta forma, los precios unitarios de cada servicio se fijaron con discrecionalidad por los oferentes, sin que ello afectara su posición competitiva en el proceso.
En el curso del contrato, Junaeb introdujo una serie de cambios en los contratos para la industria. En 2021, en pandemia, permitió cambiar la entrega de raciones por canastas de provisiones en todos los colegios municipalizados y subvencionados. Ello, en consideración, de las restricciones derivadas de la situación sanitaria en que se encontraba el país. En 2022, aumentó de 40% a 60% el componente fijo del pago, con el objeto de asegurar la empleabilidad de las manipuladoras de alimentos, y estableció un Mecanismo de Estabilidad Operacional por fuerza mayor. Asimismo, actualizó el mecanismo de reajuste de precios por polinomio: en vez de ser trimestral, pasó a ser mensual.
En noviembre de ese mismo año, y luego de una revisión caso a caso de todos los proveedores, modificó el número total de raciones de desayunos, almuerzos, onces y colaciones. Junaeb buscaba evitar un mayor impacto económico en las adjudicatarias, restablecer el equilibrio económico contractual de aquellas y fortalecer la continuidad al Programa de Alimentación Escolar (PAE), dado que el valor final a pagar a las empresas no debía ser un 10% menos del umbral referencial fijado.
Eso significó un incremento porcentual específico para cada una de las empresas involucradas en la licitación. Es decir, para todas las operadoras con contratos vigentes, no para una en particular, como se ha sostenido, lo cual quedó claro en la investigación realizada por el Ministerio Público en 2023, en que se determinó la inexistencia de ilícitos y se dispuso el sobreseimiento definitivo de la causa porque los hechos no revestían carácter de delito.
