El senador socialista Gastón Saavedra, calificó la instancia como una “mesa ideológica” que solo “representa a la CPC y que busca reinstaurar el “plan laboral de la dictadura”.
Un rotundo rechazo recibió desde el mundo sindical, laboral y la oposición, las 22 propuestas que elaboró la mesa técnica convocada por el Gobierno para hacer frente al problema del desempleo y que, según los involucrados, busca retroceder en derechos y precarizar el trabajo, terminando con el pago de la indemnización por despido de un mes por año, con un tope de 11, y las 40 horas, entre otros puntos.
En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aseguraron que el Gobierno está presentando “una reforma laboral completa”, agregando que “no son medidas aisladas. Es un plan. Cada anuncio nuevo, es una pieza más de esta reforma laboral que nos quieren instalar sin que nos demos cuenta. Jornada por hora, cambios a la indemnización por años de servicio y las 40 horas que tanto costó conseguir”.
En el organismo detallaron que la propuesta de la mesa de reactivación laboral, “parte de una premisa que la CUT no comparte, señalan que para crear empleo se requiere reducir el costo del trabajo transfiriendo el riesgo a las y los trabajadores. Esta visión ideológica asume que, los costos laborales son la causa del desempleo, obviando maliciosamente el comportamiento del mercado del trabajo, con anterioridad a la promulgación de leyes laborales como las 40 horas”.
“El Gobierno sustenta su plan laboral en la flexibilidad, informalidad y tercerización. Nosotros a eso le llamamos precariedad. Si, tres ministros hablan de tema laboral en simultáneos, es una política de gobierno centrado en una agenda de debilitamiento del mundo del trabajo”, señalaron.
David Acuña, vicepresidente de Comunicaciones de la CUT, reflexionó que “el Gobierno fue el que generó la crisis con el alza en el costo de los combustibles (“bencinazo”), lo cual desarrolla y genera una crisis colectiva, los encadenamientos productivos suben el valor de los costos y esos costos lamentablemente los terminamos asumiendo los trabajadores y también hay un costo que va directamente a las empresas, pero ese lo traspasan directamente a los usuarios”, manifestó.
“Entonces, cuando se habla de beneficios para las empresas. Nosotros nos hacemos la pregunta al revés: Si se bajan los impuestos a las grandes empresas, ¿Eso va a significar que también van a bajar los costos de los servicios o solamente va a significar que incrementarán sus utilidades? Porque históricamente han aumentado solamente las utilidades de las empresas”, aseguró Acuña.
Rematando con que “las empresas no están quebradas, han generado utilidades, acá los sistemas funcionan muy bien para los empresarios”.
Finalmente, Acuña agregó que “Chile es un país de servicios y lamentablemente los servicios cada vez son más precarizados. Cuando se habla de que hoy día hay trabajadoras con pañales (retail) eso es verdad, eso ocurre y no solamente en el comercio, sino que también en el transporte público”.
Cuestionamientos a la mesa técnica
Karen Palma, vicepresidenta de la Mujer y la Equidad de Género de la CUT, por su parte, aclaró que el organismo “no se hace cargo de las propuestas de las medidas, porque no fue incorporada en la participación del debate respecto del desempleo”, señalando que “claramente este documento refleja la mirada y la visión del gran empresariado y no la de los trabajadores y trabajadoras”.
“Plantear como medida el aumento de la jornada a 52 horas, medidas como terminar con los años de indemnización y fortalecer la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras sean despedidos o trasladarle el financiamiento de la capacitación a las Pymes, son claramente medidas de retroceso que atentan contra los derechos laborales”, sostuvo Palma.
La dirigente gremial indicó que ven “con preocupación cómo el Gobierno está planteando que esta crisis del desempleo se pague a costa de retrocesos laborales. ¿Qué tenemos que hacer, volver a la época de la esclavitud para que se pueda generar más empleo?”
Asimismo, Palma cuestionó que “no es menor que hoy se pretenda camuflar una posible legislación laboral que impacte la calidad de vida de las familias de los trabajadores. No aceptaremos que con el discurso del crecimiento y del mayor empleo, pretendan quitar los derechos que han costado tantos años de lucha”.
Reforma proempresario
Para el asesor sindical, Juan Vergara, todas propuestas de “cambio regulatorio son en beneficio de empresas y en perjuicio de trabajadores. Reducir la indemnización por años de servicios para abaratar el costo de despido, ampliar la causal de necesidades de la empresa para abarcar más despidos, aumentar la polifuncionalidad contractual, bajar la judicialización laboral hacia las empresas y hasta promover teletrabajo por ley de conciliación sujeto a que trabajador este excluido de jornada”, sostuvo.
En ese sentido, expresó que “todas esas materias son de interés de grandes empresas, es ahí donde estos problemas se han planteado”, explicando que “se cubre todo el itinerario de la relación laboral: que la persona trabaje más (polifuncionalidad), si quiere teletrabajo por ley de conciliación familiar que se le excluya de jornada (no pagar horas extra), que se le pueda despedir libremente (ampliar necesidades de la empresa), que el despido sea más barato (reducir la indemnización por años de servicio y convertirla en costo fijo que no disuade del mal despido), y luego adoptar medidas para lograr que se baje la cantidad de demandas contra las empresas”.
Juan Vergara fue enfático en plantear que “estas medidas solo reducen el costo de las empresas en sus “gastos de personal” y aumentan sus márgenes de ganancia, los pagos de dividendos y bonos de gerentes por resultados y metas, pero ninguna vincula a la necesidad de mejorar remuneraciones y aumentar la contratación. Más que propuestas de expertos, parecen de gerentes de control de gestión”.
En el detalle, Vergara explica que “aumentar la polifuncionalidad implica que un trabajador realice el trabajo de varios. Eso no es proempleo, es reducción de contratación. El ejemplo más claro son los supermercados, donde bajaron la dotación. Las empresas de café igual, bajaron la cantidad de trabajadores por turno y el costo laboral”, sostiene.
Asimismo, señala que “bajar los impuestos a las empresas y reducir el costo laboral tiene el mismo objetivo, que las empresas ganen más, ningún trabajador cree que por ser más barato para el empleador (te pagan lo mismo por trabajar más y te pagan menos en caso de despido) el delta de ahorro el empleador lo va a destinar en contratar más personal”.
Mínimos comunes en la oposición
El senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, afirmó a redacción que “el Gobierno está enfrentando de mala forma las situaciones complejas que le toca enfrentar”.
“Ahora tenemos una emergencia laboral ante la falta de empleos y escoge un mal camino, de una receta que ya se ocupó en Chile cuando se aplicó el plan laboral en 1981, ahí se terminó con la indemnización por años de servicios a todo evento. El resultado de eso fue que, en plena dictadura, el mismo modelo económico que están aplicando hoy día, generó un 33% de desempleo. Ese es el resultado de esta política”, sostuvo Saavedra.
Agregando que “con eso lo que viene después es la rebaja de los sueldos, entonces a la gente que se contrate nuevamente se les va a pagar, evidentemente, menos plata. Es toda una apuesta por parte de los empresarios”.
Según el parlamentario por la Región del Biobío, “además, se está atentando contra la jornada de trabajo para ir al contrato por hora o jornadas extendidas, precarizando el empleo y debilitando el acceso a servicios tales como la negociación colectiva y la misma organización sindical, que también están en juego en esta contrarreforma laboral que están presentando”.
Saavedra recordó que el Gobierno de José Antonio Kast “reflotó el proyecto que llevaba varios años durmiendo en el Senado y que tiene que ver con trabajar 52 horas semanales, contrato por horas y con ello precarizar el empleo y aplicar la inestabilidad en el país”.
En cuánto rol que debiera ejercer la oposición, el senador Saavedra sostuvo que deben “tener una opinión conjunta sobre algunos mínimos comunes en la oposición y que son los que vamos a tener que defender después en las comisiones de Trabajo y donde se dé el debate. La oposición tiene una opinión respecto de los derechos laborales, organizacionales, donde tanto el de sindicalización como el de negociación colectiva son derechos constitucionales”.
Para él, los mínimos debieran ser “una jornada de trabajo de 40 horas, el ingreso de los trabajadores no puede ser menos que la línea de la superación de la pobreza y los derechos tanto sindicales como de negociación colectiva”,
Respecto de los integrantes de la mesa técnica convocada por el Ejecutivo y las declaraciones del presidente de la instancia, David Bravo, quien aseguró que no había flancos en la mesa respecto de las propuestas, Saavedra indicó que el economista “ha estado siempre pensando lo mismo, esto nos nuevo para nosotros, no nos sorprende y es una disputa ideológica de fondo en la sociedad. Es más bien una mesa ideológica que solamente reúne a los que piensan iguales y además es solo para tratar un proyecto que representa a la CPC, pero no es un proyecto que incluya a los trabajadores y sus propuestas”.
