Ambos exfuncionarios públicos estuvieron en prisión preventiva más de dos años, periodo en el cual confesaron haber dispuesto una operación que buscaba, de manera ilícita, interceptar información que eventualmente podía recibir Weibel en el desarrollo de su labor investigativa.
Tras seis años de investigación judicial, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó veredicto condenatorio al expresidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó, Juan Poblete, y al exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general en retiro Shafik Nazal, luego de establecer que, usando sus cargos, diseñaron y ejecutaron una operación de espionaje ilegal contra el periodista Mauricio Weibel Barahona, cuando investigaba casos masivos de corrupción militar asociados a los procesos de compra de armas de guerra en el país.
Si bien el acuerdo entre Fiscalía y las defensas implicaría una condena de cinco años de cárcel y a la pérdida de derechos políticos a perpetuidad a ambos exfuncionarios públicos, el tribunal dictó el veredicto condenatorio y fijó audiencia de lectura de la sentencia para el próximo jueves 2 de julio.
Según se indicó a través de un comunicado por parte de la defensa del periodista, esta sentencia se da en el marco de un juicio abreviado, al cual se llega luego de que los imputados reconocieran su culpabilidad y los hechos de la acusación, tras haber estado más de dos años en prisión preventiva cada uno de ellos desde el inicio de las pesquisas en 2020. Durante la investigación, tres ministros de Defensa ampararon el actuar de los condenados ante el Congreso.
“Este fallo inédito en la historia judicial del mundo marca un precedente de máxima importancia para la defensa de la libertad de expresión, pues constituye una señal clara de que no puede haber impunidad para quienes agreden a periodistas, en especial a aquellos que investigamos casos de corrupción e interés público”, remarcó Weibel tras la sentencia.
El acuerdo
Según se lee en el acta de audiencia de preparación de juicio oral, citada para este martes 30, se especifica que “el Ministerio Público modifica su acusación, manteniendo los hechos, pero modificando el criterio de determinación de la pena y las circunstancias modificatorias de responsabilidad, indicando una oferta en procedimiento abreviado por una pena de 5 años, comiso y accesorias legales”.
Esto implica que se negoció realizar un procedimiento abreviado por lo que, al momento de la lectura de los hechos de la acusación, se incorporó este cambio, dado que ambos imputados aceptaron su responsabilidad en los hechos y los antecedentes de la investigación. Con esto se evita el juicio oral y las defensas logran disminuir la pena que, en el caso del exministro, se estaba considerando solicitar 20 años de presidio.
Lo que queda por dilucidar es si esta condena va a ser de cumplimiento efectivo o en libertad vigilada. Pero, si efectivamente hubo un acuerdo, como se constata en el acta, lo más probable es que sean condenados a los 5 años acordados.
Valoran el fallo en términos de Derechos Humanos
Los abogados Karinna Fernández y Cristián Cruz, que representaron al profesional, valoraron la sentencia, y sostienen que espiar a un periodista constituye una agresión al derecho de todas las personas a acceder a información de interés público veraz y oportuna.
“Cuando se interviene el teléfono de un periodista que investiga, se interviene la democracia misma”, remarcó la abogada Fernández, quien además destacó el carácter de graves violaciones de los derechos humanos de los delitos cometidos y que, al cierre del proceso judicial, fueron reconocidos por los agentes estatales condenados, quienes debían actuar precisamente para salvaguardarlos.
Cristián Cruz, por su parte, indicó que “esta sentencia ratifica lo expuesto en múltiples ocasiones por la Relatoría Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, que ha recalcado que los trabajadores de los medios de comunicación que indagan casos de corrupción o actuaciones indebidas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su labor de interés público”.
En un amicus curiae presentado ante el tribunal, la Global Freedom of Expression de la Universidad de Columbia subrayó que “este caso se enmarca en un contexto regional e internacional preocupante para la libertad de expresión”, donde se observan “prácticas como el uso ilegítimo de tecnologías de vigilancia para monitorear el trabajo de periodistas, así como para interceptar sus comunicaciones o recabar información de índole privada”.
“Esta tendencia -agregó este informe- ha sido reconocida por órganos internacionales de protección de derechos humanos, que han alertado sobre el uso arbitrario e ilegal de mecanismos como la interceptación de comunicaciones o la recopilación de datos personales, prácticas que constituyen graves violaciones a los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión”.
Interceptación telefónica ilegal
Operación Topógrafo fue como se denominó a este caso de espionaje ilegal y escuchas telefónicas realizado por la Dirección de Inteligencia del Ejército de Chile (DINE) entre 2016 y 2018.
En particular, el espionaje telefónico contra el periodista de investigación chileno Mauricio Weibel se efectuó en el año 2017, cuando investigaba casos masivos de corrupción en las Fuerzas Armadas de Chile, según comprobó la investigación de la fiscalía y luego admitieron los propios condenados en sus confesiones.
Para realizar esta interceptación ilegal de sus comunicaciones, el juez Poblete y el general Nazal emitieron una orden de escucha fraudulenta en la que consignaron el número de teléfono del periodista, pero anotaron el nombre de una inmigrante irregular boliviana, a quien acusaron falsamente de ser una agente extranjera.
Esta operación ilegal fue descubierta dos años después, cuando un funcionario de inteligencia la reveló de forma anónima a un periódico. Una vez conocidos los hechos, tres ministros de Defensa -Alberto Espina, Baldo Prokurica y Mario Desbordes- defendieron esta agresión a la libertad de prensa ante el Congreso Pleno.
