Según el documento elaborado por el Consejo, se trata de “deudores” que acumulan 155 multas, de las cuales, más de dos tercios son por no tener publicados en sus sitios web información de contratos, compras, personal y remuneraciones, entre otros.
En medio de la toda la polémica que ha generado la ola de demandas interpuestas por la Tesorería General de la República (TGR) en contra de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), un informe del Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer una serie de multas impagas por parte de alcaldes y jefes de servicio que incumplieron la norma, respecto de la transparencia en el acceso a la información.
El CPLT detalló que se trata de 155 multas impagas, correspondientes a sanciones aplicadas por el organismo durante los últimos cuatro años (2022-2026), “por infracciones en materia de acceso a la información pública y transparencia activa”.
La información fue entregada por el consejo directivo del CPLT al subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, para “que la Tesorería General de la República avance decididamente en las acciones de cobro correspondientes y que le competen”, indicó en un comunicado el organismo.
“De acuerdo con el catastro elaborado por el CPLT, las multas impagas involucran a 142 funcionarios, de más de 90 organismos públicos distintos, entre ellos municipalidades, gobiernos regionales, servicios públicos, corporaciones y asociaciones municipales, además de una superintendencia”, agregaron.
Asimismo, se especifica que “más de la mitad de las multas impagas fueron impuestas a alcaldes o jefes de servicio. Las demás se reparten entre encargados de transparencia, administradores y secretarios municipales, asesores jurídicos y otros funcionarios responsables”.
Desde el Consejo para la Transparencia explicaron que, en ciertos casos, se “acumulan dos o hasta tres multas impagas. Asimismo, hay algunos que se encuentran actualmente en funciones y otros que, a la fecha, han dejado sus posiciones en el aparato público”.
En el organismo añadieron que “una vez que las sanciones se encuentran firmes, la gestión de cobro corresponde a la Tesorería General de la República, servicio dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, competente para realizar las acciones destinadas a obtener el pago de las multas adeudadas”.
Valores multa
Los valores de las multas están establecidas en la Ley de Transparencia y fluctúan entre el 20% y 50% “de la remuneración mensual del jefe de servicio o de quienes resulten responsables, dependiendo del tipo de infracción y de lo acreditado en el respectivo procedimiento”, indicaron del CPLT.
De igual forma, detallaron que “más de dos tercios de las multas impagas se vinculan con incumplimientos de transparencia activa, es decir, información que los organismos deben mantener publicada y actualizada en el Portal de Transparencia -o sus sitios web si no están adscritos al Portal-, como contratos, compras, personal, remuneraciones, ejecución presupuestaria y otros antecedentes muy relevantes para el control ciudadano. También se registran sanciones asociadas a incumplimientos en la entrega de información pública solicitada por personas”.
Desde el CPLT recalcaron que estas multas fueron legalmente cursadas y que su pago efectivo forma parte del deber de probidad y transparencia que asumen quienes ejercen funciones públicas.
La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que “una autoridad o un funcionario público no pague una multa que se encuentra a firme y que se asocia al incumplimiento de la Ley de Transparencia, es una señal muy grave. En Chile nadie está sobre la ley”.
“Como Consejo para la Transparencia estamos ejerciendo plenamente nuestras atribuciones para el debido cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Entre ellas, fiscalizamos, instruimos los procedimientos sancionatorios cuando corresponde, y sancionamos con multas cuando se constatan las infracciones legales, todo ello tras un debido proceso y conforme al marco legal vigente“, afirmó.
