Durante la última década, más de 33 000 millones de pesos ha entregado la SUBDERE a los municipios para estos fines, y este informe revela que hay falencias en la ejecución de programas, inconsistencias en los registros nacionales de mascotas, y en varios casos, falta de respuesta a los requerimientos de Contraloría, que ahora fiscalizará a la Subsecretaría que transfiere los recursos.
Una de las campañas más valoradas por la población es aquella que resuelve ciertas necesidades vinculadas a las mascotas, ya que entrega servicios que por su costo o falta de lugares donde acceder a ello, complican la vida de los propietarios. Por eso, desde hace unos años el Estado entrega recursos a los municipios para llegar con esa ayuda a la población.
Pero esos dineros no siempre se usan en lo que deben, o al menos eso da cuenta el segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR) de la Contraloría General de la República (CGR), cuyo objetivo es identificar amenazas en el uso de recursos públicos destinados a promover el bienestar animal, prevenir el abandono y resguardar la salud pública y el medioambiente.
En su análisis, la CGR señala que “entre 2017 y marzo de 2026, las municipalidades han recibido $33.647.556.550 a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC). No obstante, el análisis evidenció que 61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni de control poblacional, pese a haber recibido, desde 2022, casi $5 mil millones desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) para esos fines. En tanto, 162 no respondieron a los requerimientos de información de la CGR sobre el uso de más de $16 mil millones transferidos por la misma Subsecretaría”.
Se constató también que 25 municipalidades no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable; 178 no disponen de lector de microchip o no informaron sobre su disponibilidad; 31 mantienen o financian caniles que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.
Otra inconsistencia detectada está en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, a cargo del Ministerio del Interior, particularmente en la identificación de los responsables de los animales. Además, en este último se observó que aparece que solo 748 personas -de un total de 39.987- han realizado el curso de adiestramiento exigido para este tipo de animales.
Estos resultados configuran una alerta de riesgo relevante, por lo que la CGR fiscalizará a la SUBDERE, en su calidad de entidad que transfiere los recursos, y exigirá a las municipalidades que no cuentan con ordenanza dictarla en un plazo de 90 días hábiles.
