Dafne Pino Riffo: exseremi Energía de la Región de Antofagasta
Resultaba impensable antes que asumiera este Gobierno, que el primer gran error llegaría por una decisión económica tan innecesaria como irresponsable: debilitar el mecanismo que protegía a Chile de la volatilidad internacional del precio de los combustibles.
Durante más de una década, Chile fue perfeccionando instrumentos para enfrentar una realidad que ningún país puede controlar: la volatilidad del precio internacional del petróleo. Desde el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPP), pasando por el SIPCO y posteriormente el MEPCO, el objetivo siempre fue el mismo: evitar que cada crisis internacional, cada guerra o cada salto del precio del crudo se trasladara de forma inmediata al bolsillo de las familias y a los costos de producción del país.
No se trataba de subsidiar el consumo de combustibles. Se trataba de proteger a la economía chilena de una volatilidad que no genera y que tampoco puede controlar. Porque la energía nunca ha sido un producto cualquiera; se trata del insumo que mueve prácticamente toda la economía. Con esta medida hemos visto como se trasladó la volatilidad internacional al mercado interno.
En estos días, el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, en una entrevista concluyó que el deterioro de las expectativas económicas comenzó tras el shock provocado por el alza de los combustibles, agregando que, cuando se tomó la decisión respecto del MEPCO, probablemente no se calibró el impacto que tendría sobre las expectativas de las personas y el comportamiento de los consumidores.
Y las expectativas en economía importan tanto como las cifras. Cuando una familia percibe que llenar el estanque cuesta mucho más que hace apenas unas semanas, comienza a restringir gastos. Cuando una pequeña empresa enfrenta un incremento inesperado en sus costos logísticos, posterga inversiones. Cuando un emprendedor observa un escenario de mayor incertidumbre, deja de contratar. Así comienzan las desaceleraciones económicas.
Hoy las cifras muestran un escenario preocupante. Chile acumula varios meses de debilitamiento de la actividad económica, mientras el desempleo vuelve a instalarse como una de las principales preocupaciones de los hogares. La ciudadanía siente algo que la economía confirma: cuando el petróleo sube, los combustibles aumentan rápidamente. Cuando baja, ese alivio tarda mucho más en llegar. Y esa percepción erosiona la confianza.
En regiones conocemos ese impacto mejor que nadie. A nivel central se discute el precio del combustible, pero en Antofagasta, Atacama, Arica, Aysén o Magallanes, se discute el precio del pan, el valor de una caja de leche, el precio de las frutas y verduras. Porque antes de llegar a una góndola de supermercado o a la estantería de un almacén de barrio, prácticamente todos esos productos recorrieron cientos o miles de kilómetros utilizando diésel. Vivir en regiones ya significa asumir un costo logístico adicional.
La minería tampoco escapa a esta realidad. Existe la percepción de que la gran minería chilena ya opera casi completamente con energías renovables. Es cierto que Chile ha liderado una transformación extraordinaria de su matriz eléctrica y que hoy gran parte de la electricidad que consume la minería proviene de fuentes limpias.
Pero esa es solo una parte de la historia. Según Cochilco, el 48,7% del consumo energético de la minería del cobre sigue dependiendo de combustibles, principalmente, diésel utilizado en camiones de extracción, equipos móviles, procesos y maquinaria pesada.
Mientras esa realidad tecnológica exista, cada aumento abrupto del precio del diésel incrementa directamente los costos de producción de la principal industria del país. Y cuando aumentan los costos de producir del cobre, disminuye la competitividad de nuevos proyectos, se ralentizan inversiones y se debilita toda la red de empresas proveedoras que genera miles de empleos en las regiones mineras. Se trata de un verdadero efecto dominó.
Resulta paradójico que, tras debilitar el mecanismo estabilizador, el propio Gobierno terminó anunciando subsidios, congelamientos y medidas compensatorias para contener parte del impacto social. Es decir, desarmó una herramienta cuyo propósito era amortiguar la volatilidad para luego destinar recursos públicos a corregir las consecuencias de su propia decisión.
La transición energética sigue siendo el camino correcto. Pero una transición seria y responsable no es trasladar abruptamente toda la volatilidad internacional del petróleo a las familias y a las empresas. Consiste en reducir de manera progresiva nuestra dependencia de los combustibles fósiles acelerando la electrificación del transporte, impulsando la eficiencia energética, desarrollando nuevos combustibles y creando alternativas reales antes de retirar los mecanismos que entregan estabilidad.
Las malas políticas energéticas no terminan en una estación de servicio. Llegan a la familia que vuelve a sacar la calculadora antes de llenar el carro del supermercado. Y cuando incluso un exministro de Hacienda reconoce que no se dimensionó el impacto de una decisión sobre las expectativas de la economía, la discusión deja de ser ideológica. Pasa a ser una discusión sobre capacidad para gobernar.
Porque gobernar no consiste solo en administrar cifras o equilibrar presupuestos. Gobernar exige comprender cómo una decisión aparentemente técnica puede alterar la vida cotidiana y material de millones de personas.
La historia económica de Chile demuestra que las grandes crisis rara vez comienzan con un solo error. Comienzan cuando quienes toman las decisiones dejan de comprender cómo funciona el país real.
Y pocas cosas reflejan mejor esa desconexión que olvidar una verdad tan simple como decisiva: cuando la energía se encarece, no solo sube el precio de los combustibles; se encarece el costo de vivir.
Ese fue, finalmente, el verdadero costo de un error que era completamente evitable.
