Hay una forma de matar una política pública sin anunciarla: se recorta el presupuesto, se desvincula al personal, se deja sin dirección a la institución y se espera que nadie haga demasiado ruido. Eso parece estar ocurriendo con la Agencia de Sostenibilidad Energética, y el sector energético tiene la obligación de decirlo en voz alta.
La renuncia del director ejecutivo apenas un mes después de asumir no fue una anécdota administrativa más. Fue una señal. A ella se sumó, el 3 de junio, un comunicado del sindicato que describió lo que muchos ya intuían. Aproximadamente el 30% de la dotación desvinculada entre marzo y abril, sumando además incertidumbre presupuestaria para 2026, y programas emblema —Casa Solar, Mi Taxi Eléctrico, Mejor Escuela— sin garantía de continuidad. No es restructuración. Es desmantelamiento.
La ciudadanía hoy en día exige avances inmediatos y la AgenciaSE es la institución que traduce los grandes discursos de la transición energética en hechos concretos: paneles solares para familias vulnerables, electromovilidad para pequeños transportistas, eficiencia energética en escuelas públicas. Es el puente entre el compromiso climático que Chile proclama en foros internacionales y la realidad de una familia en regiones que por primera vez redujo su cuenta de luz. Ese puente se está rompiendo.
“El Gobierno, en su conjunto, debe decidir si la transición energética es una política de Estado o sólo un eslogan para la vitrina internacional”.
Exseremis de Energía
Y aquí está la contradicción que el gobierno debe explicar: Chile aspira a ser líder mundial en hidrógeno verde y minerales críticos para la descarbonización, mientras precariza a la única institución con capacidad técnica, territorial y acumulada para implementar la transición en la vida cotidiana de las personas. No se puede sostener un liderazgo climático con una mano en el podio internacional y la otra desfinanciando lo que hace posible ese liderazgo en casa.
La eficiencia energética no es una agenda secundaria. Es, probablemente, la política energética más rentable, más rápida y más justa para enfrentar el alza de tarifas, reducir emisiones y mejorar competitividad. Cada peso invertido en eficiencia evita costos futuros al sistema. Debilitar al organismo ejecutor de esa política no es austeridad inteligente: es un error que pagarán las comunidades que más necesitan apoyo.
La situación es muy grave porque que las capacidades institucionales no se reconstruyen con un decreto. Quince años de equipos especializados, redes territoriales, metodologías y transferencia tecnológica pueden perderse en meses. Recuperarlos toma años que Chile no tiene si quiere cumplir sus compromisos climáticos.
El Ministerio de Energía debe responder con claridad qué va a pasar con la AgenciaSE, con sus programas y con sus equipos. Y el gobierno, en su conjunto, debe decidir si la transición energética es una política de Estado o sólo un eslogan para la vitrina internacional.
Porque hablar de transición justa mientras se abandona a la institución que la hace justa no es política energética. Es hipocresía.
- Dafne Pino Riffo – Exseremi de Energía de Antofagasta
- Claudio Martinez Molina – Exseremi de Energía de O’higgins
- Camilo Villagran Barrera – Exseremi de Energía de La Araucanía
