Este impuesto del 12,5% a poco menos de la mitad de los productos que se envían a EU se debe, según las autoridades de ese país, a la “falta de compromiso” de Chile en adoptar medidas que prohiban el ingreso de suministros realizados bajo trabajo forzoso. En el Gobierno anunciaron negociaciones bilaterales con la administración de Donald Trump y los gremios rechazaron el gravamen.
Nuestra economía está entre los 60 países que fueron notificados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), respecto de la imposición de aranceles a sus exportaciones de entre 10% a 12,5%, diferenciando aquellas naciones que prohiben vía legislación la importación de productos realizados bajo trabajo forzoso y las que no lo hacen, como es el caso de Chile.
Por tal razón, el país quedó en el segundo grupo, el cual se verá afecto a este nuevo arancel adicional del 12,5% que comenzó a regir este viernes 24 de julio, para poco menos de la mitad de la exportaciones que Chile hace a Estados Unidos (EU) y que previo a esta medida era de un 10%.
Desde la USTR señalaron que el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer, tomó medidas definitivas sobre los “actos, políticas y prácticas de varias economías relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”.
Por ello, agrega la información, los socios comerciales que se hayan comprometido a adoptar y hacer cumplir eficazmente las prohibiciones de importación de trabajo forzoso tendrán un arancel del 10%, y los socios comerciales que no lo hicieron tendrán un arancel del 12,5%.
Entre los productos que deberán pagar la sobretasa está el salmón, la uva, los arándanos, el vino, carnes de ave, sal, frutas frescas y algunos cítricos, entre otros -46,5% de las exportaciones a Estados Unidos-, pese a que hace dos semanas representantes de SalmonChile, Corma, Vinos de Chile, Frutas de Chile, Chilealimentos y ChileCarne, entregaron sus argumentos a la USTR para no ser incluidos, lo que no sucedió.
También se les aplicará el 12,5% a las harinas de pescado, frutas congeladas, tableros de madera, duraznos frescos, arándanos congelados, manzanas, limones, leche condensada, lácteos, inulina, mejillones en conserva y aceite de oliva.
En cuanto a los productos que quedaron fuera de gravamen está la extracción de minerales (cátodos de cobre refinado, plata, yodo, carbonato de litio, oro no monetario, nitrato de potasio, renio concentrados de molibdeno sin tostar, sulfato de cobre e hidróxido de litio) y algunas frutas y verduras como los kiwis frescos, naranjas frescas, semillas y paltas.
Respuesta Gobierno
Si bien el actual Gobierno ha relevado la afinidad ideológica que comparte el presidente José Antonio Kast con el mandatario de Estados Unidos Donald Trump, esta cercanía no ha tenido hasta el momento ningún efecto beneficioso para el país. De hecho, el pasado 5 de marzo, a días de asumir la presidencia, el Jefe de Estado viajó a reunirse con su par estadounidense junto a otros mandatarios de ultraderecha de América Latina (Escudo de las Américas), para “discutir sobre seguridad, inmigración ilegal y progreso económico para nuestras naciones“.
De igual forma, tampoco se consideraron los argumentos planteados por la delegación de exportadores chilenos que viajó a Whashington, por lo que ahora se anunció por parte de la Cancillería que se abocarán a la negociación bilateral con Estados Unidos y así poder incluir más productos en la lista de arancel 0.
En el Gobierno explicaron que la decisión de Estados Unidos se enmarca en la investigación realizada por ese país bajo la Sección 301, sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Sin embargo, a través de una declaración pública de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), sostuvieron que el país “cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia”.
En ese contexto, agregaron que “la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”. Pese a esto, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, indicó a T13 Radio, reconoció que se estaba “evaluando si los países tenían una ley para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso y Chile no tiene una ley”.
Además, detalló que son cerca de 1500 productos los que se envían desde Chile a Estados Unidos y un 53,5% quedó excluido y continuará ingresando con arancel cero, afectando a un 46,5% de las exportaciones a ese país.
Desde Cancillería justifican la medida de Donald Trump, argumentando que la “investigación tuvo un alcance global y consideró a más de 60 economías, equivalentes al 99,4% de las importaciones estadounidenses, entre ellas socios comerciales relevantes como Australia, Brasil, Canadá, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, México y Perú, entre otros. Lo anterior da cuenta de que esta medida responde a una política comercial de aplicación transversal y en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile”.
Si bien el comunicado del Ejecutivo destaca “que la resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición”, es evidente que al no contar con una legislación que lo prohiba, no hay forma de garantizar que no ingresen al país ese tipo de productos.
Gremios rechazan el arancel
Entre las organizaciones que salieron a cuestionar la medida aplicada por las autoridades estadounidenses está la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile, quienes indicaron que “lo ocurrido con el nuevo arancel de Estados Unidos debe analizarse con mucha seriedad. A nuestro juicio, Donald Trump acierta en el principio, no puede llamarse libre mercado a competir contra productos abaratados mediante trabajo forzoso, trabajo infantil o graves vulneraciones laborales”.
Su presidente, Camilo Guzmán, complementó que “Chile no está siendo acusado de mantener trabajo forzoso dentro del país. Lo que sostiene la autoridad comercial estadounidense es que Chile no ha establecido ni aplicado eficazmente una prohibición contra la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Por esa razón, nuestras exportaciones enfrentarán un arancel del 12,5%”.
Pasa que, en la práctica, explica el dirigente gremial, “para Estados Unidos estamos siendo cómplices de cómo se perjudica su economía, siendo actores pasivos al internar a nuestros productos otros que vienen con distorsiones de mercado. De hecho, los chilenos competimos con productos importados que tienen ventajas competitivas que no son iguales a las que tenemos acá. Por lo tanto, eso mismo también a nosotros nos afecta y es lo que como gremio siempre hemos alegado”.
Guzmán insiste en que “reemplazar producción nacional por importaciones baratas, sin comprobar cómo fueron producidas, no es libre mercado, es competencia desleal. Esta no es responsabilidad exclusiva del actual Gobierno, es el resultado de políticas equivocadas acumuladas durante varios años y hoy serán los agricultores, los exportadores y todos los chilenos quienes terminarán pagando las consecuencias”.
Desde los grupos empresariales agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), sostuvieron que “la aplicación de nuevos aranceles es un retroceso que genera perjuicios económicos y mayor incertidumbre para quienes invierten, producen y exportan”, agregando que “nuestro país ha demostrado ser un socio comercial serio y confiable, con una institucionalidad sólida, altos estándares laborales y un firme compromiso con la trazabilidad de sus exportaciones”.
De igual modo, esperan “que el diálogo entre ambos países permita avanzar hacia mejores condiciones para el comercio y que estos aranceles puedan ser reconsiderados, resguardando así el acceso de nuestros principales productos al mercado estadounidense”, señaló la CPC en un comunicado.
La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), por su parte, les “preocupa la decisión de Estados Unidos, porque afecta la competitividad de nuestras exportaciones y genera incertidumbre para miles de productores y trabajadores” y lamentaron “que no se hayan considerado los argumentos presentados por Chile, especialmente teniendo en cuenta su trayectoria como socio comercial serio, confiable y cumplidor de sus compromisos internacionales”.
En la SNA advirtieron que “Estados Unidos es un mercado clave para la agricultura chilena. Como sector, evaluaremos el impacto de esta medida en los distintos rubros y sus posibles efectos sobre la producción, el empleo y las regiones“.
