El Gobierno consiguió los votos del Partido de la Gente para despachar casi todo el proyecto de ley, quedando un solo punto por resolver en comisión mixta. En la oposición confirmaron que los aspectos tributarios y medioambientales de la iniciativa deberán sortear el filtro constitucional.
Al igual que en el Senado, la derecha hizo valer su mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados y aprobó prácticamente todo el articulado de la megarreforma, desoyendo las múltiples advertencias técnicas que hizo el Banco Central y el Consejo Fiscal Autónomo respecto del deterioro que tendría la iniciativa legal para la economía.
Alertas que tampoco fueron consideradas muy enserio por el Gobierno, ya que, al tener los votos de su sector asegurados para aprobar el proyecto, el rol de la oposición en la tramitación quedó reducido a la mera formalidad legislativa, ya que no logró incidir en ninguno aspecto relevante de la megarreforma tributaria.
Por esta razón, y en su condición de minoría en el parlamento, los partidos que conforman la oposición recurrieron al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la rebaja de impuestos a las empresas, el congelamiento tributario y un inédito seguro estatal para indemnizar con dineros públicos a las empresas cuyos permisos ambientales sean rechazados por la justicia.
Estos elementos, considerados regresivos por los organismos técnicos, son el denominado corazón de la megarreforma que ahora deberá sortear su examen de constitucionalidad, lo que podría convertirse en un gran revés para el Ejecutivo, tal como ya sucedió con la norma de Escuelas Protegidas.
Pero más allá del triunfo legislativo que obtuvo el Gobierno, el proyecto carece de la legitimidad política que haga factible su implementación después de esta administración, ya que, al no contar con los votos de la oposición para su despacho, la tan perseguida certeza jurídica para los inversores quedó amarrada al resultado de la próxima elección presidencial.
La única norma que no fue aprobada por la Cámara de Diputados, dice relación con la compensación de los recursos al Fondo Común Municipal, debido a la eliminación del pago de las contribuciones de la primera vivienda para los mayores de 65 años, medida que también beneficiará a varios ministros de Estado y a las personas de mejor condición socioeconómica.
Falta de legitimidad de la megarreforma
El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, calificó la megarreforma del Gobierno como “un salto al vacío. Una mera promesa de crecimiento sin garantías, ni de crecimiento ni de inversión ni de empleo, pero bajo una premisa de irresponsabilidad fiscal que transforma el actual escenario de estrechez que vive Chile, en una futura grave crisis fiscal que compromete, sin duda alguna, nuestro país por varios años y que eventualmente va a comprometer derechos sociales”.
Soto acusó al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, de ser “la cara visible de esta mala reforma que se ha aprobado”, advirtiendo que la reforma será cambiada “en tres años más, cuando cambie el color político del gobierno de turno. Evidentemente que hoy día no tiene la legitimidad social y política suficiente para que esta reforma perdure y, por lo tanto, tendrá que ser evaluada en el futuro”, sostuvo el parlamentario.
“Un gran día para Chile”
Satisfecho se mostraron en el Gobierno tras la aprobación de la megarreforma con los votos del Partido de la Gente, a quienes el ministro de Hacienda Jorge Quiroz agradeció por el apoyo, al igual que al Partido Nacional Libertario y la Democracia Cristiana.
El ministro Quiroz sostuvo que este “es un gran día para Chile, la Cámara de Diputados ha ratificado el 99% de todo el proyecto de ley, ha ratificado la necesidad imperiosa que tiene Chile de tener competitividad tributaria para que vuelva a ser atractivo invertir en Chile, de eso se trata”.
Pese a las críticas de la oposición y las advertencias que hizo el Banco Central y el Consejo Fiscal Autónomo sobre los efectos negativos que tendrá la mefarreforma para la economía, el secretario de Estado destacó que haber “aprobado volver a dar certezas a la inversión en Chile. Ha aprobado levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica. Ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones. Ha aprobado poner de pie a las salmonicultura de Chile que lleva años esperando para mejorar su funcionamiento. Ha aprobado $400 000 millones para la reconstrucción de Ñuble y Biobío. Ha aprobado las medidas de contención fiscal que tienen que acompañar este proyecto”.
Si bien el ministro Quiroz resaltó que las “normas se han aprobado con un amplio margen, con apoyos transversales que van mucho más allá de los parlamentarios y partidos del oficialismo”, la verdad es que la megarreforma no contó con ningún voto de la oposición, por lo tanto, carece de la legitimidad política y social para dar las certezas que se dice busca la iniciativa, la cual, como advirtió el presidente del PPD “será evaluada en el futuro”.
Respecto al artículo que será visto en comisión mixta, el ministro Quiroz adelantó que la compensación para el Fondo Común Municipal es la que rechazó la Cámara y no habrá otra oferta del Ejecutivo.
“La comisión mixta se encontrará con un problema elemental. Aquí se aprobó la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años y el proyecto contenía una compensación a los municipios por esa eliminación. Curiosamente, aquí se aprobó la eliminación a las contribuciones, pero no la compensación, yo lo interpreto como un posible error de alguno de los parlamentarios y creo que eso se va a aprobar en la comisión mixta aprobando la compensación que corresponde”, afirmó el secretario de Estado.
