La iniciativa que tramita el Senado establece postergar hasta el año 2040 el traspaso de los SLEP pendientes y elimina los requisitos de calidad para que un municipio pueda pedir la postergación del traspaso de las escuelas públicas, pese a que ninguna evaluación nacional e internacional apunta a eso. Por el contrario, “recomiendan acelerar el proceso dado la crisis financiera y el deterioro de la educación municipal”, sostiene el investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, en conversación con redacción.
Durante esta semana se debieran votar las indicaciones al proyecto de ley presentado por el Gobierno en la Comisión de Educación del Senado, luego de ser aprobado en general por 3 votos a 2, pero con varios reparos de la oposición.
La iniciativa legal, que no cuenta con ningún respaldo técnico que la sostenga, plantea extender el calendario de implementación y funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) pendientes hasta el 2040 y que el Presidente de la República pueda postergar, por única vez, la puesta en marcha de los 12 SLEP restantes, asegurando la creación de al menos uno por año.
Asimismo, reduce de tres a solo uno los requisitos conjuntos (educativo, financiero y previsional) para que un municipio pueda solicitar mantener temporalmente la administración de sus colegios y disminuye la fiscalización del Ministerio de Educación sobre esos establecimientos, pasando de una evaluación anual a una cada dos años.
El investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, Xavier Vanni, conversó con redacción sobre los alcances de los cambios que plantea el Gobierno del presidente José Antonio Kast, respecto del nuevo Sistema de Educación Pública.
“Creo que en términos generales el proyecto que presenta el Gobierno no es razonable ni comprensible. Yo diría que es un golpe muy fuerte a la nueva educación pública”, señaló de entrada el Máster en Política Educativa del Instituto de Educación de la Universidad de Londres.
Según argumentó Vanni, “no es razonable ni comprensible porque existen múltiples evaluaciones de la implementación de la Nueva Educación Pública, que por supuesto identifican dificultades que ha habido en la implementación, como toda gran transformación que significa esta reforma, pero ninguna de esas evaluaciones ha planteado pausar, ni extender, ni postergar la implementación de la Nueva Educación Pública. Y lo que hace el proyecto es extenderlo de manera gigantesca por más de 10 años”.
“Entonces, no hay ninguna evidencia científica en las evaluaciones que ha habido tanto nacionales del Consejo de Evaluación de la Educación Pública, que es el ente que está mandatado por la Ley a evaluar la implementación anualmente de la reforma, por las evaluaciones que ha habido de universidades como la de Chile, donde realizamos una evaluación solicitada por el Congreso el año 2024, y después de eso el año pasado se hizo una evaluación internacional que coordinó el PNUD y la UNESCO, y ninguna llama a extender el proceso, pausar, sino a fortalecer y avanzar en la consolidación, abordando los nudos críticos que ciertamente existen en su implementación”, afirmó.
Ministra de Educación, María Paz Arzola.
En los aspectos más finos del proyecto, ¿cuáles son a tu juicio los más graves considerando que hay alcaldes dispuestos a mantener la administración de los colegios, con el argumento que lo hacen mejor que los SLEP en términos de calidad?
Primero que nada, los que han solicitado mantener la gestión de la educación pública son un puñado muy pequeño de municipios y la gran mayoría no está en esa posición. Por tanto, la idea de que hay una multitud de municipios que están solicitando mantener la gestión de la educación pública no es cierto. Son 10, 12 municipios, un número muy acotado.
En general, los que están solicitando eso, además, son municipios muy particulares que básicamente tienen una gran cantidad de recursos propios, como todos los del sector oriente: Las Condes, Vitacura, Providencia, etc. y algunos otros pocos municipios en regiones. Entonces, no es cierto que haya una avalancha de alcaldes solicitando esto.
Segunda cosa, si bien la reforma todavía está en implementación así que es difícil evaluar de manera adecuada sus resultados, lo que muestran claramente las evaluaciones, sobre todo las últimas evaluaciones de impacto, es que los primeros servicios locales (SLEP) que se implementaron efectivamente tienen resultados en el Simce – lectura y matemática- y en asistencia de los estudiantes muy superiores, estadísticamente significativos, en comparación a sus pares municipales.
Entonces, la idea de que el problema es que la educación pública no está cumpliendo su promesa tampoco es correcta. Efectivamente ha tenido problemas de implementación, pero los resultados que está demostrando al poco tiempo, porque como cualquier reforma requiere tiempo para que tenga su efecto, ya está demostrando resultados educativos que son muy significativos.
La tercera cosa que yo diría respecto de los municipios, es que la reforma se aprobó justamente porque el país llegó a un consenso después de mucho tiempo respecto de que los municipios, por distintas razones, no eran unos buenos gestionadores de la educación pública y que sus resultados no eran los adecuados. Entonces, esta idea de que hay muchos municipios que lo están haciendo bien no es cierta tampoco, son un puñado muy pequeñito de sus municipios.
Postergar SLEP: “Pan para hoy, hambre para mañana”
Otro de los puntos que colocó en relieve Xavier Vanni sobre el proyecto del Gobierno, dice relación con extender el calendario de traspaso en 10 años, hasta el 2040, ya que eso traerá como consecuencia un mayor deterioro de la educación municipal al generar a la larga un gasto mayor para el Estado al momento del traspaso de las escuelas que faltan.
“Una transición prolongada como la que está planteando el gobierno, de más de 10 años, una de las consecuencias que va a tener es que va a generar un mayor deterioro de la educación pública que todavía está siendo gestionada por los municipios, porque la mayor parte de los municipios, y los mismos datos del Centro de Estudios Públicos (CEP) muestran que se ha seguido deteriorando el déficit financiero que tienen los municipios por la educación, que han seguido creciendo aceleradamente las deudas previsionales que tienen con los profesores y asistentes de la educación, y eso solo por el paso del tiempo; aunque eso se estabilizará hoy día, cosa que tampoco el proyecto propone, van a seguir creciendo por las multas, intereses, moras que hay que seguir pagando”, sostuvo Vanni.
Por tal razón, el investigador del CIAE agrega que “la idea que ha planteado el Gobierno respecto de que esto va a ayudar o va a generar cierto ahorro fiscal, no es correcta. Esto es, como yo dije en la Comisión de Educación del Senado, pan para hoy, hambre para mañana. Porque el rescate fiscal, que igualmente va a tener que hacer el Estado cuando se han traspasado las escuelas y los liceos a los servicios locales, va a ser todavía mayor si uno prolonga esto, ya que el deterioro va a ser mucho mayor”.
¿Cómo se entiende entonces una medida de esas características respecto de los SLEP?
Buena parte de los problemas que han enfrentado los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y las crisis que han tenido, no tiene que ver con la gestión de los servicios locales, sino con la pesada herencia y el deterioro que han tenido que asumir, porque, efectivamente los municipios dado los déficits financieros que tienen, dado los problemas de gestión que han presentado históricamente y dado que saben que no van a seguir en el futuro o a corto plazo gestionando la educación pública, no siguen invirtiendo, no hay mucho interés en gestionar de manera adecuada y en ponerle mucha prioridad a la educación.
Eso lo que ha mostrado, es que hay un deterioro enorme de la infraestructura de los establecimientos que reciben los SLEP, hay una enorme cantidad de deudas previsionales y de otro tipo que tienen que ser absorbidas también y hay un enorme deterioro de la calidad de la educación.
Entonces, una buena parte, no todos, pero una buena parte de los problemas que se han presentado y que han sido de conocimiento público, tiene que ver con la herencia que reciben de una educación pública que está en una crisis muy severa y que esa fue justamente una de las razones principales respecto de por qué se crearon estos nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Una segunda cosa que el proyecto hace y que me parece gravísima, es que incluso SLEP que están en funcionamiento, que empiezan a funcionar y prepararse para instalarse dos años antes de recibir las escuelas, en este minuto hay 22 servicios locales que están en esa situación, lo que el proyecto propone es entregarle una atribución al Gobierno para que por medio de un decreto presidencial, discrecional, sin ningún criterio técnico, pueda postergar esos servicios locales que ya están en funcionamiento pero que no han recibido las escuelas, por tres años.
Cuestión que parece no resguarda y genera una incertidumbre total en aquellos territorios, SLEP y municipios que han estado trabajando estos dos años pensando en el traspaso o trabajando para el traspaso de las escuelas. Y eso que ha habido casos de postergación de algunos servicios locales porque no han estado preparados para recibir las escuelas, pero ha sido solo por un año, en base a criterios técnicos y con la opinión del Consejo de Evaluación de la Educación Pública. Y eso se elimina, es solo discrecionalmente por decisión del Gobierno.
Se eliminan criterios de calidad para municipios
Una de las contradicciones más grandes que tiene el proyecto presentado por la ministra de Educación, María Paz Arzola, es que, si bien se justifica la iniciativa en pos de la calidad, a la vez, suprime de la actual Ley los criterios de calidad que deben cumplir los municipios para pedir postergar la entrega de sus escuelas a los SLEP.
Xavier Vanni explicó a redacción que, aunque existe en la Ley que algunos municipios puedan hasta el 2035 mantener de manera transitoria la gestión de la educación pública, se deben cumplir ciertos criterios financieros, como no tener deudas, finanzas ordenadas y otros de desempeño educativo respecto de resultados de aprendizajes de los estudiantes y otros indicadores.
“Sin embargo, el proyecto reduce drásticamente esos requisitos para que algunos municipios puedan seguir administrando la educación pública. Mantiene los requisitos que tienen que ver con los temas administrativos y financieros, pero elimina casi por completo aquellos criterios más bien educativos o técnicos en términos de desempeño, porque elimina los requisitos que tienen que ver con el desempeño, los resultados de aprendizaje de los estudiantes”, sostuvo el investigador del CIAE.
¿Qué se propone cambiar?
Un municipio podría pedir la postergación solo si sus establecimientos tienen un 85% de asistencia de los estudiantes. Y un 85% de asistencia de los estudiantes es menos que el promedio nacional de asistencia que tenemos hoy día que está alrededor del 87-88% y que todavía va a seguir creciendo, porque todavía estamos recuperando la baja que tuvimos de asistencia a propósito de la pandemia que ha costado recuperar, porque históricamente el sistema ha tenido indicadores de asistencia sobre el 90%.
Entonces, no es un criterio de calidad. El proyecto dice en su fundamento que todo esto está pensado para tratar de resguardar la calidad, pero el proyecto en lo que propone no resguarda en ningún sentido calidad, solo posterga. Y de hecho, el proyecto no tiene ni una letra ni una propuesta respecto de mejoramiento de la calidad. El proyecto solo extiende el horizonte de la reforma gigantescamente y flexibiliza hasta casi hacerlo para todos los municipios la posibilidad de postergar su ingreso a la educación pública. Pero no propone ninguna meta, compromiso o esfuerzo respecto de la calidad.
Por eso es un proyecto que no es razonable ni comprensible, no hay ningún fundamento sustantivo al respecto de lo que señala como propósito que es resguardar la calidad, no lo hace, no asume ningún compromiso sustantivo respecto de la calidad y lo único que hace es como un cierto salto al vacío, como si mágicamente el tiempo solucionara los problemas, y tampoco genera ahorro fiscal.
Solo genera que aquellos estudiantes y familias que se quedan en la educación pública gestionada por los municipios, en unos municipios que están en una enorme crisis financiera que genera también un efecto muy negativo para los trabajadores – docentes y asistentes de la educación -, porque son municipios que tienen una deuda previsional gigantesca que ha crecido aceleradamente en los últimos 5 o 10 años y va a seguir creciendo, porque no hay nada respecto de que eso se vaya a estabilizar. Entonces, de verdad es un proyecto incomprensible.
¿El Consejo de Evaluación se mantiene? ¿Le quitan algún tipo de competencia?
Buena parte de los problemas de implementación de los SLEP que han identificado las evaluaciones, fueron abordados en un proyecto de ley que fue aprobado en enero y que entró en vigencia solo hace unas pocas semanas atrás. Fue aprobado después de dos años de tramitación y con un acuerdo transversal y mayoritario en el Congreso.
Entonces, esto es un cambio, una postergación sin que los nuevos mecanismos, las nuevas normas y lo que se aprobó en un proyecto sistémico respecto de abordar los nudos críticos de la implementación y otras cuestiones, ni siquiera se ha puesto en implementación. Es como un cambio sobre otro cambio antes que empiece a operar, lo cual parece completamente injustificado.
Y esa Ley (promulgada en enero), efectivamente, una de las cosas que hace es modificar el Consejo de Evaluación de la Educación Pública, cuyos actuales consejeros terminan su periodo, pero en la elaboración de este proyecto y en la discusión nunca fue consultado. El Gobierno no los consideró ni los tomó en cuenta ni les preguntó su opinión previamente y ahora, a propósito de que se aprobó esta nueva ley, el Gobierno acaba de anunciar el envío de los nuevos seis consejeros, porque estos requieren ser aprobados por el Senado.
Si bien el Consejo no tiene atribuciones vinculantes, sí fue concebido para ir evaluando la implementación de los SLEP y como una especie de guía para la implementando la política pública, ¿el no considerarlo para este proyecto de ley, no termina siendo un poco contraproducente respecto de lo mismo que el legislador ya dijo que busca resguardar?
Completamente, porque es un Consejo que está establecido por ley y efectivamente no tiene una opinión vinculante, pero el sentido, la motivación de la creación de este Consejo de Evaluación, que existe desde que se inició la reforma, es justamente que sea un ente que se ha consultado, más allá de que ellos tienen que hacer por ley un informe anual de la implementación de la reforma, es que se ha consultado de las grandes decisiones respecto de la reforma y así ha sido en gobiernos anteriores, se le ha consultado.
Siempre ha sido consultado el Consejo de Evaluación de la Educación Pública, pero a este gobierno parece no importarle o no gustarle mucho el Consejo de Evaluación de la Educación Pública, por lo menos el que existía, porque en una decisión de alto impacto de una postergación por más de una década de la reforma, lo esperable hubiera sido por lo menos que el Consejo hubiera sido consultado.
Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las evidencias que hacen que el Gobierno presente un proyecto como este, quizá también que se aleja, como te dije al principio, de todas las evaluaciones nacionales e internacionales? Probablemente esta es la reforma más evaluada en educación que tenemos en las últimas décadas y este proyecto se aleja completamente, diametralmente, de todo lo que dice la evaluación, que es más bien acelerar el proceso, dado la crisis financiera y el deterioro de la educación municipal.
