En la Cuenta Pública de las Defensorías Regionales Metropolitanas, el jefe de la entidad en la zona sur, Renato González Caro, centró su discurso en la ética del sistema de justicia, la protección de las personas inimputables, las asimetrías operativas frente a las causas complejas de criminalidad organizada y la postergada autonomía institucional de la Defensoría Penal Pública.
Las deficiencias del sistema justicia en el abordaje de personas inimputables es un problema real y una preocupación importante para la institución que el Defensor Regional Metropolitano Sur, Renato González Caro, relevó durante su última cuenta pública, ejemplificando esta grave situación a partir del dramático caso de un usuario fallecido en prisión, enfatizando también que el crecimiento de la persecución penal agudiza la asimetría contra la defensa pública.
En el caso de los inimputables, estamos hablando de aquellas personas que, por problemas de enfermedad o enajenación mental, no están en condiciones de enfrentar procesos judiciales y hoy están a la deriva, ya que no hay cupos en los pocos centros de atención que hay en la Región Metropolitana, y menos a nivel nacional, lo que obliga a mantenerlos junto al resto de la población penal hasta que se consiga un recinto que los evalúe y les den cupos.
El Defensor Regional graficó la situación con la historia de Iván, un hombre de 65 años que padecía enfermedades mentales y que falleció el pasado 22 de agosto en la Cárcel de Valparaíso, tras permanecer en prisión preventiva e internación provisional por casi 22 meses, a la espera de un cupo psiquiátrico.
“Iván era inimputable penalmente. El 04 de diciembre del año 2025, el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak había informado al Juzgado que el imputado se encontraba en el N°126 de la lista de espera para ingreso a la Unidad de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI). Sus posibilidades de acceder a una cama eran prácticamente nulas. Cuando esto ocurre, la internación provisional deja de ser lo que la ley dice que es y se transforma, en los hechos, en una pena disfrazada”, aseveró el Defensor Regional Renato González.
Causas de alta connotación social
La autoridad de la Defensoría Regional Metropolitana Sur abordó también la profunda transformación del fenómeno criminal en la última década: “la proliferación de causas de alta complejidad, vinculadas a crimen organizado, lavado de activos, corrupción y causas de alta connotación social, ha exigido un cambio cualitativo en la forma de litigar, con investigaciones que duran años, carpetas investigativas medidas en terabytes, decenas de imputados y juicios orales de extensa duración”, dijo.
Como ejemplo, citó el caso Fraude en Carabineros, que se extendió por más de cuatro años de juicio oral, o el caso de Licencias Médicas, cuyo juicio duró 11 meses y concluyó recientemente.
Frente a este escenario, González advirtió sobre la creciente brecha entre la capacidad persecutora y la defensa pública, agudizada tras la puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial y el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público.
“Si bien este robustecimiento es un avance necesario frente a las nuevas dinámicas de la criminalidad, la ausencia de una contraparte equivalente puede transformar la asimetría entre la persecución penal y la defensa pública en una brecha de carácter estructural“, sostuvo, recordando que la institución representa actualmente a casi seis mil imputados en prisión preventiva en la Región Metropolitana.
Cifras Regionales
Según las cifras regionales del período julio 2025 – junio 2026, la defensa pública atendió a 95.994 personas en la Región Metropolitana, lo que representó un incremento del 9% respecto del período anterior, y logró que un 35,3% de los delitos terminaran mediante decisiones de no culpabilidad. Sin embargo, 580 personas privadas de libertad resultaron posteriormente absueltas o sobreseídas.
Los principales datos aportados, indicaron que, de las personas atendidas, el 82,2% fueron hombres (78.958), el 17,7% mujeres (17.036), el 4,7% adolescentes y el 8,3% personas de nacionalidad extranjera (7.956).
Durante el período analizado ingresaron 113.304 delitos en total. Las amenazas y delitos contra la libertad lideraron con 18.983 casos, seguidos por lesiones menos graves (11.229), hurtos (9.872) y maltrato habitual VIF (6.174). Los delitos de mayor connotación social (homicidios, secuestros y violaciones) sumaron 1.501 casos (1,3% del total).
En el caso de las medidas cautelares, se decretaron más de 118 mil medidas cautelares, que representó un alza del 12% respecto del período móvil anterior. La prisión preventiva e internación provisoria afectó a 12.476 personas (10,6% del total de cautelares), que implicó un alza del 4,8%.
580 inocentes privados de libertad
Durante el período analizado se cerraron 93.035 causas. De los 111.013 delitos asociados a estas causas, un 35,3% (39.134 delitos) concluyó con una sentencia de no culpabilidad, que incluyó las absoluciones, sobreseimientos definitivos o decisión de no perseverar.
Entre los datos aportados por la institución, se indicó que 580 personas que sufrieron prisión preventiva resultaron posteriormente absueltas, sobreseídas o con decisión de no perseverar. De ellas, 184 estuvieron privadas de libertad hasta 15 días, 211 entre 15 días y seis meses, y 185 mantuvieron la medida cautelar por más de seis meses siendo inocentes.
Dentro de la carga de trabajo del equipo de defensores penales públicos, se indicó estos asistieron a 121.965 audiencias, incluyendo 82.095 controles de detención y 7.238 audiencias de juicio oral, esta última instancia con un crecimiento significativo del 24,3%.
Autonomía
El Defensor Regional recordó la necesidad de autonomía para el quehacer institucional, lo cual es un anhelo desde la creación de la reforma procesal penal, hace más de 20 años.
“La defensa penal pública no puede, ni debe, responder a otro interés que no sea el de quien enfrenta un proceso penal. Esta no es una demanda nueva ni coyuntural (…). Lo que era un asunto pendiente en el diseño original se ha transformado en una deuda institucional que no admite más aplazamientos. No se trata de un reclamo corporativo ni un anhelo gremial: es una condición estructural para que el sistema de justicia penal chileno funcione con el equilibrio que una democracia exige”, afirmó Renato González.
