El funcionario del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago es investigado por filtrar antecedentes a bandas criminales y la Fiscalía Occidente estima que, al menos en los últimos cuatro años, este sujeto reveló antecedentes reservados a traficantes que eran investigados en diversas causas, obstruyendo los procedimientos al alertarlos de las órdenes que se dictaban en su contra.
Por delitos de cohecho agravado reiterado, violación de secreto de la investigación bajo la Ley de Drogas 20.000 y obstrucción a la investigación, fue formalizado el funcionario administrativo del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago investigado por filtrar antecedentes a bandas criminales. El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó su prisión preventiva, considerando que este sujeto es un peligro para la sociedad, tanto por las penas que arriesga y por la pluralidad del delito.
“La resolución del tribunal ha dado por acreditados los delitos en todas sus formas de comisión y, en ese sentido. Creemos que, al hacer una investigación prolija, hemos entregado al tribunal un sinnúmero de antecedentes que, todos ellos interpretados en forma armónica, acreditan que la persona del imputado, un funcionario público perteneciente al Poder Judicial, obstruyó investigaciones, reveló secretos de investigaciones que no podía revelar y, además, cometió delitos de cohecho agravado en carácter de reiterado. Estamos satisfechos por la resolución”, explicó el Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén.
El imputado Jaime Inostroza Andrade, llevaba tres décadas trabajando en el Poder Judicial. Según se dio a conocer en audiencia, la resolución de nombramiento data del año 1997, “y eso fue uno de los argumentos que más utilizó la defensa, es decir, que estábamos frente a un funcionario con 29 años de trayectoria, lo cual creemos que más bien le juega en contra más que lo favorece”, dijo el persecutor.
También en el relato de los hechos, se establece que fue en una investigación por narcotráfico en San Bernardo en la cual los investigadores detectaron que integrantes de la organización manejaban información detallada sobre procedimientos reservados realizados en su contra, ya sean resoluciones u órdenes de allanamientos, solicitudes de interceptaciones telefónicas, entre otros, lo que permitían a los miembros de estas bandas adelantarse a los movimientos policiales, situación que llevó a plantearse la posibilidad de que alguien filtraba las órdenes desde el sistema interno del Poder Judicial. Y así lograron capturarlo.
El juez de Garantía de San Bernardo, Álvaro Mardones, que accedió a decretar la prisión preventiva, también fijó plazo de 200 días para la investigación.
Dineros sin justificación
Al menos $80 millones de pesos entre 2023 y 2026 ingresaron a la cuenta personal del imputado, además de registrar múltiples viajes a Estados Unidos, dineros y gastos que no se ha podido justificar. Pero Jaime Inostroza Andrade tampoco ha colaborado en esta investigación. “O sea, lleva dos años obstruyendo investigaciones. En este caso particular no ha prestado colaboración, no ha entregado una declaración, tampoco nos ha permitido acceder voluntariamente a sus teléfonos”, aclaró el fiscal regional.
“Logramos acreditar en este estadio procesal que existía un incremento patrimonial no justificado por parte de la persona del imputado, es decir, si nosotros comparamos sus ingresos como funcionario público y los movimientos que mantenían las cuentas que primeramente pudimos visualizar, evidentemente hay cantidades que no cuadran, eso está absolutamente injustificado y que entendemos y es la teoría del caso del Ministerio Público, dicen relación con la comisión precisamente de estos delitos”, planteó Pastén.
Por eso, respecto a los montos, la investigación requiere un análisis patrimonial exhaustivo de las cuentas del imputado y se obtuvieron las autorizaciones judiciales para aquello, pero es una parte técnica que está desarrollando la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI). Por lo tanto, montos aproximados todavía no hay.
En cuanto a la posibilidad de acreditar un posible lavado de activos, el fiscal Pastén dijo que “no hemos formalizado hoy por lavado de activos, pero evidentemente esa es una arista que estamos investigando y por eso, en esta etapa procesal, nos llama poderosamente la atención el incremento patrimonial injustificado que tiene la persona del imputado. Obviamente, una vez que tengamos antecedentes suficientes para poder acreditar aquello, vamos a hacer la formalización en esos términos”.
Las filtraciones
La Fiscalía Occidente tiene visualizado que el imputado habría actuado delictivamente en investigaciones importantes del Ministerio Público, “tenemos actividad desde el año 2024, así que por lo tanto el número de filtraciones o el número de causas que se vieron entorpecidas es precisamente parte también de nuestra investigación. Hoy aludimos a cuatro hechos en la audiencia, cuatro investigaciones importantes, pero no descartamos que pueda haber otras”, asumió el fiscal regional Marcos Pastén.
Cabe señalar que, con la autorización judicial otorgada en esta investigación, se permitió allanar dependencias del Centro de Justicia de Santiago y domicilios relacionados al imputado, operativo en el que se incautó un teléfono y, utilizando las técnicas de análisis de extracción, vaciado y conservación de los teléfonos a través de aparatos tecnológicos, programas computacionales, lograron acceder a algunas de las comunicaciones del imputado.
“Después de un día de trabajo intenso, pudimos acceder a algunas conversaciones. Nos queda todavía mucho trabajo por analizar en ese sentido, y precisamente eso fue también una de las razones por las cuales el tribunal no consiguió un plazo de 200 días de investigación”, dijo Pastén.
En cuanto a la condena posible que arriesga el exfuncionario judicial, el delito de cohecho agravado en carácter de reiterado puede llegar hasta 10 años de privación de libertad, más otros delitos, podría ser una alta condena y en cumplimiento efectivo.
Además, según informó el medio En Estrado, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó una investigación sumaria administrativa y que se presente una querella para detectar si existen más involucrados dentro del tribunal.
