El documento presentado por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género advierte que nueve de cada diez femicidios ocurren en contexto de relaciones de pareja o expareja, particularmente, entre quienes conviven. El informe muestra que las víctimas de femicidios consumados son mayoritariamente chilenas y tenían entre 30 y 45 años.
Si bien el estudio señala que en casi la mitad de los casos había denuncias previas por violencia, solo en el 11,7% había medidas cautelares vigentes. La ministra de la Mujer, Judith Marín, por su parte, llamó al Congreso a tramitar con prontitud el proyecto de ley que “fortalece estas medidas y entregar una mayor protección a las víctimas”.
El informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) 2025 presentado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, es parte de los instrumentos con que cuenta el Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el país, y que se enmarca dentro de la Ley Integral para fortalecer la coordinación de las instituciones estatales para enfrentar estos delitos.
El estudio determinó que la violencia femicida afecta principalmente a mujeres jóvenes y adultas (82,1%) entre 18 y 45 años, pero con mayor concentración entre los 30 a 45; produciéndose principalmente en lugares privados (8 de cada 10) como viviendas vinculadas a la víctima o el agresor, ya que 9 de cada 10 casos se genera en el contexto de relaciones de pareja o expareja, confirmando “que la violencia extrema contra las mujeres se desarrolla mayoritariamente en contextos de cercanía”.
Asimismo, se informó que “en casi la mitad de los casos (46,9%) existían denuncias previas por violencia, lo que evidencia oportunidades para fortalecer la detección temprana y las acciones de protección”. Sin embargo, “solo el 11,7% de los casos registraba medidas cautelares vigentes, lo que refleja una baja cobertura de mecanismos de protección previos al hecho”.
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín sostuvo que el Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios “entrega una radiografía de la violencia de género en Chile. Y hay un dato que nos preocupa especialmente: en muchos de los femicidios frustrados existían denuncias previas y, aun así, solo en el 12% se decretaron medidas cautelares”.
“Por eso, hacemos un llamado al Congreso y a todas las fuerzas políticas a dejar las diferencias de lado y avanzar en el proyecto que presentamos hace una semana, para fortalecer estas medidas y entregar una mayor protección a las víctimas”, afirmó Marín.
Durante el año 2025 se registraron 444 femicidios y 2 suicidos femicidas. “Al analizar esta cifra por grado de ejecución resalta la alta prevalencia de femicidios frustrados que alcanzaron 330, respresentando el 74% de los casos”. Mientras que los femicidios consumados llegaron a 44 y los tentado se ubicaron en 70.
Agresores
Con respecto a los agresores, el CIF 2025 identificó que casi 8 de cada 10 tenían entre 18 y 45 años, concentrándose en hombres de edades jóvenes y adultas, donde el 73,8% termina detenido, frente a 9,2% que se da a la fuga y un 2,9% que suicida luego de cometer el femicidio.
El informe destaca también que “la distribución regional de la violencia femicida evidencia que, si bien las regiones más pobladas concentran el mayor número de casos, las mayores tasas de incidencia se registran en regiones con menor población femenina, como La Araucanía, Tarapacá, Aysén y Magallanes. Este resultado pone de relieve la importancia de complementar el análisis de frecuencias con indicadores estandarizados para orientar estrategias de prevención, protección y respuesta con enfoque territorial”.
Las otras víctimas
El informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) identifica además a cientos de víctimas indirectas cuando un hombre comete un Femicidio y que dice relación con los hijos de la mujer asesinada.
Según el documento, “se identificaron 523 víctimas indirectas, de las cuales 3 de cada 4 se asocian a casos de femicidio frustrado, debido a la mayor frecuencia de este tipo de hechos. Asimismo, se agrega que la violencia femicida genera un impacto significativo en niños, niñas y adolescentes, ya que el 81,8% de las víctimas indirectas corresponde a personas menores de 18 años”.
Para estos casos, el Estado cuenta con una Ley de Reparación que otorga pensiones a hijas e hijos de víctimas de femicidio consumado y suicidio femicida. La subdirectora nacional (s) del SernamEG, Miriam Bertuzzi Ratti, destacó que “la implementación de la Ley Integral ha permitido consolidar una coordinación más eficiente entre las instituciones, optimizar los procesos y avanzar hacia una respuesta más oportuna y centrada en las víctimas, tanto directas como indirectas”.
Víctimas directas de femicidios 2014-2025
El documento entrega además información respecto de cuál ha sido la “evolución de los grados de ejecución de los femicidios”, ya sean consumados, frustrados o tentados, en 11 años.
En ese sentido, el análisis entre el 2014 y 2025 “muestra tendencias diferenciadas. Los femicidios consumados se han mantenido relativamente estables, fluctuando entre 40 y 46 casos anuales, con un leve aumento de 40 casos en 2014 a 44 en 2025”.
En contraste, señala el informe “los femicidios frustrados presentan el mayor incremento del período, pasando de 103 casos en 2014 a 330 en 2025. Este aumento podría estar asociado, en parte, a una mayor capacidad institucional para la detección, registro e intervención frente a estos hechos, así como a una mayor disposición de las mujeres a denunciar situaciones de violencia. No obstante, tampoco puede descartarse que este comportamiento responda, al menos parcialmente, a un incremento efectivo de la violencia ejercida contra las mujeres”.
Sin embargo, se advierte que también pudo haber incidido “las modificaciones normativas introducidas en los últimos años, particularmente aquellas que han ampliado el ámbito de las relaciones interpersonales susceptibles de ser sancionadas como femicidio y que han incorporado nuevas figuras penales previamente inexistentes. Estos cambios legislativos pueden incidir tanto en la identificación y Calificación de los casos como en su registro estadístico, por lo que deben ser considerados al momento de interpretar la evolución de las cifras y establecer comparaciones entre distintos períodos”.
Respecto de los femicidios tentados, por su parte, también se muestra una tendencia al alza en los “últimos cuatro años, aumentando de 27 casos en 2022 a 70 en 2025. Este crecimiento evidencia que un número importante de mujeres continúa enfrentando situaciones de violencia con riesgo letal”.
En cuanto al suicidio femicida, las cifras se mantienen bajas, “aunque constituye una manifestación extrema de la violencia de género que requiere respuestas integrales. Luego de alcanzar cuatro casos en 2023, los registros disminuyeron a dos casos en 2025”.
la jefa del Departamento de Estudios y Capacitación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, María Soledad Martin, explicó que “los femicidios consumados se han mantenido relativamente estables durante la última década. En cambio, el aumento de los femicidios frustrados debe analizarse considerando las mejoras en la detección y el registro, las modificaciones legales que ampliaron las conductas sancionables y una mayor disposición de las víctimas a denunciar”.
El CIF 2025 muestra también que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género “logró contactar al 89,09% de las víctimas sobrevivientes de femicidios frustrados para ofrecer acompañamiento psicosociojurídico y presentó querella en el 47,3% de esos casos. En los femicidios consumados, el Servicio representó judicialmente al 56,8% de las víctimas indirectas”.
En cuanto a la Ley de Reparación, durante el año 2025 se otorgaron un total de 67 pensiones a favor de niñas, niños y adolescentes (NNA) hijos e hijas de víctimas de femicidio consumado (35 casos) y suicidio femicida (2 casos), por un monto de $382 millones por parte del Instituto de Previsión Social (IPS).
Estas 37 víctimas directas tenían entre 30 a 45 años, chilenas en su mayoría, con hijos entre los 12 a 17 años en la mayoría de los casos (38,8%). Asimismo, “se evidenció que la carga de los cuidados personales recae mayoritariamente en mujeres (30 de 42 cuidadores), con edades entre 51 y 70 años, siendo el vínculo de cuidado mayoritario el de abuela materna, seguido por el padre biológico no agresor”.
Urgencias
El informe elaborado por el CIF – Servicio Médico Legal, Policía de Investigaciones, Carabineros, Ministerio Público, Programa de Apoyo a Víctimas y los Centros de Apoyo a Víctimas de Delitos, Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género – plantea también una serie de problemas que abordar para que el sistema estatal garantice “la protección integral de todos los beneficiarios”.
Entre ellas, destacan problemas con las notificaciones respecto de la tramitación de pensiones y concesión del beneficio a los representantes legales de los menores, especialmente cuando éstos no mantienen vínculo con ellos.
Asimismo, no existe un registro único de contacto de los cuidadores de los menores, lo que dificulta la identificación y contacto con ellos. En el Sernameg han construido un catastro con información histórica, reforzado acciones de difusión por medio de un formulario web y campañas informativas.
Otra dificultad es la condición de migrante irregular de varios cuidadores de menores víctimas indirectas de los femicidios, debido a que “en casos de víctimas migrantes, la falta de documentación o de un RUN validado de quienes ejercen el cuidado de los niños, niñas y adolescentes impide acceder a la pensión”.
Para abordar este problema, se plantea “fortalecer la coordinación con instituciones nacionales y extranjeras para facilitar la obtención de antecedentes y documentos”. Sin embargo, cuando las familias de los beneficiarios se encuentran en el extranjero la dificultad es otra, “debido a la ausencia de mecanismos para validar resoluciones judiciales extranjeras de cuidado personal y a las limitaciones para aplicar la normativa chilena en otros países”.
Para el caso de los cuidadores sin RUT, se plantea “diseñar e implementar un mecanismo administrativo excepcional junto al Instituto de Previsión Social (IPS) y la red bancaria pagadora”, para “adecuar los sistemas de transmisión de datos y garantizar la entrega oportuna y efectiva del beneficio” de los menores que se encuentran bajo el cuidado de adultos en situación migratoria irregular, “asegurando así el cumplimiento irrestricto de su derecho a la reparación, sin que la condición migratoria del cuidador opere como una barrera de acceso”.
