Fuertemente armados, los uniformados que patrullan la zona de Ercilla, en La Araucanía, detienen los vehículos que transportan menores, provocando temor en los niños y preocupación en los miembros de la comunidad escolar, por la vulneración de la que están siendo objeto estas niñas y niños mapuche.
En la zona de Ercilla la tensión no baja, menos aún cuando los controles policiales en los caminos rurales ahora también apuntan, literalmente, a los vehículos de transporte escolar. Por ello, se presentó un recurso de Amparo Constitucional Preventivo a favor de la Escuela San Francisco de Asís, por los constantes controles vehiculares que se han realizado a los furgones en los cuales se desplazan niños de comunidades mapuche.
En esta presentación ante la Corte de Apelaciones de Temuco se solicitan medidas de protección para niños y niñas de las comunidades mapuche de Ercilla, que se trasladan diariamente en furgones escolares, y que están siendo objeto de reiterados controles y procedimientos policiales durante sus recorridos.
Según indica la presentación, los vehículos habrían sido fiscalizados “en más de ocho oportunidades, se realizan controles por personal policial fuertemente armado, lo que evidentemente genera una conmoción y un efecto en los niños que transitan desde sus casas a sus escuelas”, explicó la abogada patrocinante Karina Riquelme.
“Este recurso de amparo busca resguardar niños, resguardar su desarrollo, que ellos no estén expuestos a situaciones de uso de armas de guerra, que son totalmente innecesarias. No busca que no se realicen las acciones policiales que están debidamente autorizadas por la ley. Lo que busca es se pueda adecuar este procedimiento para que niños y niñas de distintas escuelas, que se han visto afectados por allanamientos y controles policiales de personal con armas de guerra, no vivan estas situaciones que evidentemente tienen un efecto en su desarrollo. Y eso es muy importante y el Estado tiene la obligación de resguardar el desarrollo de todos los niños chilenos, mapuches, cualquiera que sea su origen”, explicó la abogada.
Uno de los episodios más graves habría ocurrido en mayo, como se relata en los antecedentes del escrito, cuando una tanqueta bloqueó el tránsito de un furgón, obligando a los escolares a permanecer durante más de dos horas sin poder regresar a sus domicilios.
“No puede ser que, por conflictos de adultos, hoy día niños se vean afectados con controles policiales, con personal fuertemente armado, con una militarización que está evidentemente instalada en las comunidades y que nosotros pretendemos, a través de este recurso de amparo, que además viene con informes del director de la escuela, del grupo de convivencia escolar, que han tenido que intervenir por los efectos que estos hechos han tenido los niños”, añadió la abogada.
Por su parte, el werkén de la comunidad autónoma de Temucuicui, Jaime Huenchullán, señaló que “es una situación muy complicada, muy peligrosa, por el actuar de Carabineros en el último tiempo en comunidades de mapuche, donde ellos violentamente han agredido, violentado a mucha gente. Es por eso que se presenta esta acción judicial, para el cese de estos controles excesivos, violentos, en contra de los furgones escolares de los niños”.
Horarios y capacitación
Karina Riquelme, además, dijo que “pedimos específicamente que se declare que esto es ilegal, ya que es arbitrario. ¿Por qué es arbitrario? Porque ¿qué es lo que busca carabineros en un furgón con niños de comunidades mapuches?”
Planteó que “evidentemente hay ciertos horarios específicos en los cuales transitan (los furgones escolares) que, si se va a realizar entonces cualquier tipo de actividad policial, porque nadie está pidiendo que no se realicen, se están pidiendo que si se realizan no se afecte a los niños y niños de comunidades mapuche, porque evidentemente aquellos no tienen ningún tipo de responsabilidad respecto de las instancias judiciales y policiales que se lleven a cabo por investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público”.
Por ello, piden que se pueda realizar incluso una capacitación al Ministerio Público para que en sus órdenes excluya estos horarios donde transitan los furgones escolares, así como el que se declaren que estos actos son ilegales, para así también generar una protección.
