El académico de la Universidad Diego Portales (UDP) señaló a redacción que los cambios constitucionales que se proponen son “una chambonada”, que han generado rechazo hasta en constitucionalistas de centro-derecha: “Si esto no tiene presentación. Creo que lo honorable en este momento es que el Gobierno retire esta reforma” a la Constitución.
Asimismo, el profesor de Derecho Constitucional cuestionó que el presidente José Antonio Kast diga “que lo han hecho fantástico en seguridad y, al momento exacto, decir que hay que instituir un estado más grave que el estado de sitio porque es gravísima la situación. ¿En qué quedamos?”
El simplismo con que el Ejecutivo ha enfrentado los cuestionamientos de los expertos por los cambios constitucionales que propone la reforma de seguridad pública, ha puesto en entredicho cuáles son las reales intenciones –si es que las hay- detrás de estas “medidas autoritarias” que rompen los contrapesos que resguarda la Constitución entre los distintos poderes del Estado.
Hace solo unos días, el presidente Kast negó ante la Federación de Medios de Comunicación ser “el representante de un gobierno iliberal”, asegurando que “lo importante son los hechos” y él en ningún momento ha dejado de respetar los resultados electorales ni “abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático” ni “censurado algún medio de comunicación”. Sin embargo, las propuestas constitucionales que propone sí son iliberales.
Y si a eso se le agrega que hace solo unos años el entonces candidato Kast aspiraba a que lo llamaran el “Orbán chileno”, en honor a Viktor Orbán, expresidente de Hungría y principal impulsor de la denominada “democracia iliberal”, las dudas sobre sus reales intenciones son más que plausibles.
Para Javier Couso, en tanto, lo que hay detrás de esta “chambonada” es una mezcla de “improvisación” y reiteradas “descordinaciones”.
¿Cómo ha visto la reacción del Gobierno en el sentido de que pueda haber alguna modificación a lo que se pretende hacer en la reforma de seguridad pública y específicamente con las propuestas constitucionales?
Francamente, estoy desconcertado, porque he visto un nivel de descoordinación que no está a la altura de la gravedad de lo que se presentó. Este es uno de los dos ejes más importantes que definían al gobierno de Kast, luego de reconocer que no había un plan cuando se le pidió la renuncia a la ministra Trinidad Steinert y después de un buen comienzo de Martín Arrau, en el sentido de invitar a las antiguas autoridades, mostrar más dinamismo. Lamentablemente, ha presentado un paquete de reformas que ha sido bastante evidente que no fue visado por el Ministerio Secretario General de la Presidencia, que es el especializado en elaborar reformas constitucionales de esta envergadura.
Y luego hemos visto al ministro del Interior (Claudio Alvarado, además vocero) totalmente, digamos, desinformado, confundiendo las medidas del estado de excepción de emergencia y de sitio con el de asamblea, que se parece más al de seguridad pública que se acaba de presentar.
Esto es como si el Gobierno hubiera detonado, digamos, una bomba nuclear, en términos constitucionales y en términos de libertades que se ponían en riesgo de todos los chilenos, no de los líderes del crimen organizado ni bandas terroristas, sino que, de todos los chilenos, porque estaba mal diseñada la herramienta. Ni siquiera estaba claro que se necesitaba una reforma constitucional para abordar el flagelo del crimen organizado y el terrorismo.
Quizás este ejemplo es un poco antiguo, pero en la cultura popular norteamericana se hablaba de ¿dónde está el piloto? Francamente, en esta materia uno nota precipitación, improvisación, errores, descoordinación entre ministerios claves ante una cuestión de la máxima importancia. Entonces, estoy francamente desconcertado.
En su intervención ante los empresarios de la Región del Biobío agrupados bajo la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el presidente Kast minimizó señalando que no se estaba abriendo un nuevo proceso constitucional, sino que haciendo “una pequeña reforma a la Constitución”. ¿Qué le parece esa simplificación de la controversia?
Con todo respeto al Presidente de la República, siendo abogado, francamente, uno queda anonadado. Le doy un ejemplo de una pequeñísima reforma. Cinco palabras. Artículo cuarto: ‘Chile es una República democrática’. Cinco palabras. Y usted comprenderá el efecto que tiene eso.
Esto me recuerda cuando el presidente Gabriel Boric debatía con el candidato Daniel Jadue. Y Jadue proponía una suerte de ministerio de la verdad, una especie de ente que iba a velar porque se dijera la verdad en los medios de comunicación, pero dirigido por el gobierno, y todos sabemos en lo que eso termina.
El hombre decía tenemos este problema, este flagelo: se dicen mentiras todos los días, las fake news. Todos estamos de acuerdo que hay fake news, pero el remedio era una bomba atómica para la libertad de expresión en Chile y el derecho a informarse. Entonces, ese ministerio de la verdad le costó, yo creo, la candidatura a Jadue, entre otras cosas, y fue presidente Boric por eso.
Pero usted comprenderá que es el deber de la ciudadanía, de los académicos, del periodismo, hacer un escrutinio de las propuestas, que, aunque las intente minimizar una autoridad o no se dé cuenta de lo peligrosas que son en otras manos; yo no estoy imputándole ninguna mala fe, pero la ignorancia que supone eso es un peligro, un peligro para nuestro orden democrático y nuestros derechos fundamentales.
El grado de exposición, de vulneración, de invasión de la libertad personal de los chilenos, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, implicaba que por ocho meses se podía detener a usted, a mí, a cualquier persona que no es narcotraficante o terrorista, por ocho meses. O de espiarnos por ocho meses sin control del Congreso o de cualquier autoridad.
Entonces, minimizar eso y tratar de decir, no, mira, quizá este problema se reduce si de 120 prolongables por 120 días lo bajamos a 30 prolongables por 30; es como que el ministerio de la verdad operara solamente una vez al año por 30 días. No sé si me explico, estoy haciendo la equivalencia con esa propuesta irracional del candidato Jadue que le costó la candidatura. Por lo tanto, sigo bajo la impresión de: ¿dónde está el piloto?
En materia económica, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz tenía claro lo que quería hacer, un plan. A uno le podría gustar o no que se hayan bajado los impuestos o que sea con invariabilidad, a mí me parece una mala idea, pero no era inconstitucional, tenía cierta coherencia. Hay gente que cree en las políticas a lo Thatcher, de que eventualmente eso va a traer inversión, yo creo que es un error, pero, era coherente. Aquí hemos visto improvisación tras improvisación, descoordinación tras descoordinación. Creo que francamente se le debe una explicación al país.
La reforma iliberal a la Constitución
¿Esto efectivamente se podría considerar una improvisación o es más bien una señal propia de las denominadas democracias iliberales, como la que impulsó Viktor Orbán en Hungría y que José Antonio Kast ha señalado como ejemplo para sus políticas de gobierno?
Orbán quería destruir la democracia húngara, copar todas las instituciones de control para perpetuarse en el poder. Yo no tengo en este momento antecedentes ni motivos para pensar que Kast pretende perpetuarse en el poder y destruir la democracia chilena. Es alguien que reconoció su derrota frente a Boric, de inmediato. No es el tipo de cosas que hacen los Bolsonaros o los Trumps, esa gente nunca reconoce cuando pierde y llama a incendiar la capital cuando pierde.
Pero el propio presidente Kast -cuando era candidato- reconoció públicamente en una entrevista en 2019, que en vez de compararlo con Bolsonaro o Trump, prefería que lo llamaran “Orbán chileno”.
Bueno, esas son cuestiones desconcertantes. Sin embargo, creo que es una chambonada del Gobierno, porque esto es una cuestión que ha generado rechazo hasta por constitucionalistas de centro-derecha, si esto no tiene presentación. Por lo tanto, creo que lo honorable en este momento es que el Gobierno retire esta reforma constitucional. En su incepción está totalmente mal orientada.
Entonces, creo que se pueden sostener las dos cosas a la vez. Quizá yo soy ingenuo, pero me da la impresión de que este es un Gobierno que en esta materia no está pretendiendo destruir la democracia chilena, pero esta medida contribuye a destruirla. ¿Me entiende? Quiero creer que es un error.
No niego que al interior del Partido Republicano hay líderes que tienen pulsiones autoritarias, pero el Gobierno incluye gente como José García Ruminot, como Claudio Alvarado, como la ministra May Chomalí, que son demócratas. Entonces, aquí no creo que haya habido una especie de plan maestro para destruir la democracia chilena, puedo equivocarme, pero lo que sí tengo claro es que esta medida es iliberal y han habido declaraciones que son iliberales, como hostilizar al Tribunal Constitucional, aunque eso se sacó.
Hay una robusta agenda de seguridad de 29 leyes, 19 de las cuales ya estaban en proceso por parte del gobierno de Boric y antes, y 9 que se agregarían. ¿Por qué no se dedican a sacar esas leyes? Y si quieren realmente abordar la delincuencia: se necesitan entre 44 000 o 45 000 más carabineros, para financiarlo se necesita una reforma tributaria, una que suba los impuestos no que los baje.
Así es que, creo que este debate de pasarnos semanas discutiendo si es o no iliberal se acaba de una manera muy simple: que el Gobierno retire este paquete de reformas que no estuvo bien pensado sencillamente y vayamos a lo que importa, a invertir más en carabineros, a discutir razonablemente en el Parlamento las leyes. Esto no es la megarreforma económica.
¿Y cómo ve en ese sentido el rol que podría jugar el Congreso que está inclinado hacia la derecha?
Acá hay una reforma constitucional que requiere casi el 60% de las dos Cámaras, la derecha no controla casi el 60% de las dos Cámaras y creo que hay senadores que han votado con el Gobierno, que diría son de centroderecha objetivamente, como el senador Matías Walker. Y esto es importante, el senador Walker ha votado a favor casi todos los proyectos del Gobierno y ha dicho que le parece una locura, que le parece demencial esta reforma.
Es más, creo que en este momento ni siquiera tiene una mayoría como si fuera una ley, para la verdadera locura que involucra que una autoridad sin control y permiso del Congreso pueda por ocho meses suspender del todo el derecho a la libertad y espiar a los chilenos.
¿Qué podría haber detrás entonces de querer instalar una medida de ese estilo en la Constitución, cuando, a la vez, se señala que el ministro de Seguridad en cinco meses lo ha hecho fenomenal y los resultados están ahí?
Vamos por partes. Los resultados son bastante menguados. Por tanto, el Gobierno no puede decir al mismo tiempo que lo ha hecho fantástico, que estamos mucho mejor en seguridad y ,al momento exacto, decir que hay que instituir un estado más grave que el estado de sitio porque es gravísima la situación. ¿En qué quedamos? O lo ha hecho bien y está mucho mejor o estamos en una situación igual a la guerra externa, peor que el estado de sitio.
Insisto, creo que esto es una improvisación. El Gobierno empezó tarde a armar una política, es verdad que es muy dinámico el ministro Arrau, hay que celebrar eso, pero como proponente de reformas constitucionales ha sido un desastre su Ministerio. No hemos enterado por el senador Luciano Cruz-Coke que esto se fraguó en el Ministerio de Arrau. Bueno, está muy mal asesorado. Es ingeniero, quizás eso lo explique, pero como propuesta de reformas constitucionales es un desastre.
Asimismo, está el tema de privar a los condenados hasta 15 años después de haber pagado su deuda con la sociedad con privación de derechos sociales, a la educación, al trabajo, a la previsión, que no solo pone fin a toda posibilidad de reinserción, sino que impulsa a reincidencia.
Si yo no me puedo reinsertar, porque desde los 16 años los jóvenes van a poder ser condenados por este delito, porque se está a punto de aprobar la ley que rebaja la imputabilidad penal adolescente a los 16 para que sean juzgados como adultos y condenados como adultos. Por tanto, alguien que pasa 15 años, 5 lustros, pero en 3 lustros en la cárcel sale a los 31 años, trata de estudiar un técnico profesional con gratuidad y se le prohíbe la gratuidad. ¿Cuál es la invitación? A volver a reincidir, si no va a poder reinsertarse por la vía razonable, legal.
¿La reforma del ‘tejo pasado’?
¿Calzan estas medidas del Gobierno con esto que se ha planteado por algunos políticos de la oposición de la lógica del ‘tejo pasado’?
Es que no puedo creer que un gobierno, voy a volver al ejemplo del ministerio de la verdad. Uno no puede plantear una propuesta que es desastrosa para los derechos de los chilenos y chilenas y decir, no, en realidad esto era como una estrategia. Yo creo que esto es un error catastrófico, una chambonada. Nunca alguien puede quedar como ignorante o como buscando destruir la democracia como estrategia de ‘tejo pasado’. Uno entiende que a veces se usa en política la estrategia del ‘tejo pasado’ o en una negociación sindical, pero acá es catastrófico para las instituciones, como lo señaló el propio presidente de la UDI.
El presidente de la UDI cuando logró que se dejara de hostilizar al Tribunal Constitucional, dijo: acá se están dañando a las instituciones. Uno no puede, como estrategia del ‘tejo pasado’, en el intertanto dañar las instituciones, y no lo digo yo, lo dice el presidente de la UDI. Él logró bajar en ese momento dos normas que eran aberrantes también constitucionalmente, no quiero entrar en detalles porque daría para mucho, ya se borró del proyecto, no llegó a nacer. Pero, habla muy mal de un gobierno que como estrategia de ‘tejo pasado’ dañe las instituciones en el camino.
Eso viola la separación de poderes, politiza la justicia. La ley puede establecer que existirán este tipo de asociaciones ilícitas terroristas, de organizaciones criminales, pero el que califica quién cabe dentro de esa categoría históricamente ha sido en Chile la Judicatura, y en todos los países democráticos, no entes políticos como el Presidente o el Congreso. El Congreso hace las leyes, el que determina si usted o yo pertenecemos a esa categoría son los tribunales independientes, a políticos. Es otra aberración.
Mire, tiene tantos forados que, francamente, yo creo que lo más honorable es retirar el proyecto y dedicarse a sacar la friolera de 29 proyectos de ley que ya están y que ojalá se hagan con toda la minuciosidad que faltó en este caso. Eso requiere atención, energía y tiempo.
¿Cómo prevé la votación en el Congreso, cree que al ir como un solo paquete se apruebe la idea de legislar?
Tengo muchas dudas de que alguien de la oposición o el senador Walker, que ha dicho que esto es una locura, vayan a votar por esto.
¿Y si va en un paquete completo como se hizo con la megarreforma tributaria?
Es distinto que vaya un paquete completo que no atenta contra la democracia y los derechos fundamentales, contra la libertad y la posibilidad de que no lo espíen a uno, a los ciudadanos de bien como diría Javier Milei (presidente argentino). Es distinto un paquete, que uno podrá discrepar políticamente, donde era de dudosa constitucionalidad el tema de compensar una RCA, eso probablemente fue aprobado por un voto, aquí estamos hablando de cuestiones que perdería 10-0 en el Tribunal Constitucional. Es demasiado grosera la violación a la Constitución en demasiados casos.
Vuelvo al ejemplo del misterio de la verdad. Es como decir, quiero destruir la libertad de expresión, pero va con un paquete con otras cosas muy positivas para combatir las fake news.
No pues, empecemos de cero mejor. Veamos si es necesario hacer una reforma a la constitución o no. El que tiene la carga de la prueba es el gobierno. En mi juicio, no hay nada en la Constitución que impida segregar a líderes de bandas criminales tan peligrosas como terroristas o crimen organizado.
