En el Ministerio Público detallaron que se trata de un grupo de adolescentes que está claramente identificado, tienen varios delitos en su prontuario, muchos de ellos vinculados al crimen organizado y al uso de armas, entran y salen del sistema por la falta de un mayor control en las medidas dictadas por los tribunales y un tratamiento más severo de los casos.
La focalización de los esfuerzos en el ámbito de la Justicia Penal Adolescente es clave y aunque las cifras de delitos vinculados a jóvenes no se han elevado bruscamente, este grupo específico requiere mayor intervención por parte de las instituciones del Estado, ya que son aquellos considerados multirreincidentes. Una cifra que muestra esta realdad dice que, entre 2019 y 2025, el 1% de estos jóvenes acumuló el 8% de los delitos cometidos durante ese período, registrando en promedio cerca de 13 ilícitos por cada adolescente.
“Es un grupo que está muy identificado”, señala Alejandra Mera González-Ballesteros, directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (URPA) del Ministerio Público, quien explicó que si hubieran 36 000 ingresos de causas al año en la Justicia Penal Juvenil, habrían alrededor de 20 000 jóvenes involucrados, donde “el 10% de ellos explican una gran cantidad de los delitos que, en general, van siendo más graves. Ese es nuestro foco”, sostuvo.
Desde la Fiscalía consideran que “hay que abordar más drásticamente a estos perfiles que ya tienen una carrera delictiva, son quienes están ingresando permanentemente en el sistema y que el Estado actualmente no les está dando la señal de que eso es intolerable desde el punto de vista de la seguridad social, desde el punto de vista del impacto que tienen en los derechos de las víctimas. Es el grupo que justifica tener un tratamiento más severo”, dice.
Sin embargo, esto no pasa sólo por el debate que actualmente se da en torno a solo aumentar las penas de prisión porque, a juicio de la experta, “no tiene demasiado impacto en la disuasión. Creemos que a lo mejor aumentar ciertas sanciones específicas, en rangos específicos, sobre todo cuando se trata de reiteración delictiva, ahí sí creemos que la ley da el mensaje de que cometer un delito es lo mismo que cometer 20 delitos, por decirlo así. Y eso que hay que corregirlo”.
Incluso, desde el punto de vista del derecho internacional, las Reglas de Beijing, que forman parte del derecho (Corpus Juris) de la Infancia -que es el conjunto de normas, tratados y principios internacionales que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes, siendo su pilar central la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)-, respecto de la privación de libertad, no es que no proceda nunca, pero sí opera en casos de delitos violentos cuando se trata de reincidencia delictiva.
“Entonces, el mismo derecho internacional justifica un tratamiento más severo cuando se trata de este tipo de perfil de jóvenes, porque necesitan también una intervención. Necesitan que el Estado les exprese que la conducta es intolerable y que les ofrezca, por otro lado, formas para poder salir de esa espiral y de esa identidad delictiva que han ido conformando”, explica Alejandra Mera.
Y, de hecho, desde la URPA están gestionando un proyecto piloto con el Banco Interamericano de Desarrollo para abordar a este tipo de casos, “que sientan que el Estado está ahí, que los está controlando, si están cumpliendo una sanción en libertad, que esa sanción se cumpla y, si no se cumple vas a tener una sanción”, aclara Alejandra Mera.
Directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público, Alejandra Mera González-Ballesteros.
Qué dicen las cifras sobre los delitos
Dentro del espectro general del total de delitos que ingresan al Ministerio Público, los cometidos por adolescentes siguen siendo un porcentaje muy menor y que, en términos agregados, corresponden a alrededor del 5% de los delitos con imputado conocido (los que son detenidos y llevados ante un tribunal), pero esa proporción es más alta en algunos tipos de delitos. Por ejemplo, del total de homicidios que se cometen, los adolescentes tienen participación entre el 8 o el 9% de éstos; del total de delitos sexuales, en alrededor del 13%; y del total de delitos violentos contra la propiedad, varía entre un 20 a 24%.
En cuanto al tipo de delitos que cometen los adolescentes, “en general, el 60 o el 70% son delitos de menor gravedad, como lesiones, amenazas, delitos contra la propiedad no violentos, faltas, etc. Pero hay un grupo de alrededor del 30% de ingresos y de un porcentaje menor de adolescentes que cometen delitos más graves, más violentos; que este último tiempo, además, se han visto muy agravados a propósito de la disposición y uso de armas de fuego que tienen”, sostuvo la directora de URPA.
“Es un grupo más pequeño de adolescentes, pero que concentra una gran cantidad de delitos y ese es el grupo que tiene perfiles de multirreincidentes y de carreras delictivas, algunos asociados con criminalidad un poco más organizada”.
De acuerdo al Boletín Estadístico Anual de 2025 del Ministerio Público, en el apartado de Justicia Penal Adolescente, se encuentra este cuadro que registra el número de ingresos de jóvenes detenidos por diversas categorías de delitos.
Desafíos en la persecución penal de adolescentes
En el ámbito de la persecución penal juvenil, el Ministerio Público enfrenta retos similares a los que presenta la persecución de los delitos en adultos, “pero hay ciertas restricciones que, si bien se basan en reglas del debido proceso, han ido restringiendo mucho más allá de la lógica, la posibilidad de poder tener investigaciones exitosas en estas materias en algunos casos”, explica la experta.
Específicamente, hay un problema en términos de plazos en la investigación de delitos cometidos por adolescentes, ya que en Chile está acotado a seis meses en vez de dos años, “pero los tribunales han tenido interpretaciones muy restrictivas a propósito de la posibilidad de limitar esos plazos. Por lo tanto, muchas veces, en un delito un poco más grave que requiera algún tipo de pericia, es imposible tenerlo en esos plazos, y eso, en términos de persecución penal, es un problema complejo”.
Y esto aumenta por la dinámica del tipo de delitos que cometen los adolescentes, que son básicamente hechos violentos contra la propiedad, ya que debido a la forma en que se llevan a cabo, un alto porcentaje no son identificables.
Nulo control de libertades vigiladas
En la intervención penal también hay varios elementos o programas, tanto en las sanciones de intervención cerradas como en las sanciones que se cumplen en libertad, que tampoco están teniendo la focalización que se debiera para poder cambiar las conductas delictivas.
“Hay una falta de control muy importante a propósito del cumplimiento de las sanciones en libertad, lo hemos visto en los casos de alta connotación pública de este último tiempo. Todos los adolescentes que han participado en estos ilícitos son mayores de 16 años y todos habían tenido o estaban cumpliendo varias sanciones en libertad, evidentemente, sin el resultado esperado”, comenta Mera.
La fiscal hacía referencia al homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler, ocurrido el 28 de febrero de 2025, los delitos cometidos en contra del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, que en mayo pasado sufrió un turbazo en su casa en San Miguel y que terminó con un adolescente fallecido, y la reciente muerte de Alejandro en una encerrona en San Bernardo.
Programas desfinanciados
Hay elementos concretos que muestran también que esto no es sólo un problema del sistema, sino de cómo lo abordamos integralmente, es decir, desde todos los ámbitos y de todos los organismos que les compete el tema.
El fin del SENAME y la separación en dos servicios no ha entregado las soluciones que eventualmente se podrían haber esperado. Porque, “más allá del Servicio de Protección Especializada, se necesita mucha más prevención y los programas preventivos en general no llegan a tiempo, no están financiados o no se hacen de manera correcta, etc. Entonces, hay un camino enorme por recorrer en términos de que, más allá de la persecución penal, que es lo que hacemos, cómo intervenimos para que podamos frenar estas carreras delictivas”, señala Alejandra Mera.
Agrega que “también hay un enorme vacío en términos de generar iniciativas que tienen posibilidades de cambiar estas trayectorias, por ejemplo, los tribunales de tratamiento de drogas. Actualmente en Chile están cada vez más desfinanciados y, por lo tanto, abordar la problemática que subyace a más de la mitad de los jóvenes que cometen delitos, que es el tema del consumo problemático de drogas, me parece que también sería fundamental”.
De hecho, hubo una reforma legal hace dos años que los introdujo a propósito de la suspensión condicional, pero los recortes presupuestarios del año pasado y de este año eliminaron una gran cantidad de profesionales que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) dispone para que se lleven adelante.
“Esperamos que el próximo año se puedan volver a financiar. Pero claro, ese tipo de iniciativas no son masivas, pero sí pueden intervenir de manera muy relevante en algunos tipos de perfiles, así como otras medidas como la mediación penal juvenil, cuando se trata de delitos menos graves”, sostuvo.
Catálogo de incivilidades
Dentro de las propuestas que ha hecho el gobierno de José Antonio Kast está el catálogo de incivilidades, con el cual el Ejecutivo busca disuadir a jóvenes de cometer infracciones, faltas y delitos, ello por temor a perder beneficios sociales.
Alejandra Mera cree que “es muy complejo incorporarlo, así como también es muy complejo el tema de los límites de las prestaciones sociales, especialmente en adolescentes respecto de la educación, en términos de que es un factor criminógeno, porque eso sí que está comprobado que uno de los mayores factores protectores es acceder a la educación y uno de los mayores factores de riesgo es la deserción” escolar.
