El vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, señaló que “lo que se conoce hasta el momento es el comunicado de prensa, pero no está claro la construcción de esos datos”. El director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en tanto, lo calificó de “muy limitado”.
Mucho ruido y pocas nueces. Así se podría explicar el contenido del comunicado público que difundió el Gobierno hace unos días, respecto de supuestas “irregularidades financieras” en la rendición de cuentas de fundaciones y que es parte de la labor que lleva adelante el comité estratégico de auditoría y revisión fiscal impulsado por el Ejecutivo.
Si bien la información difundida habla de más de 1,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026 sin la acreditación de rendición de cuentas, lo que no se señala por parte del Gobierno, es cómo se llegó esa cifra y de qué manera se construyó el supuesto informe que se cita y que se habría elaborado en base a información emanada del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.
El académico y vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Ariel Ramírez, en conversación con redacción, señaló que este es un organismo público que “asesora al Presidente de la República dando orientación técnica en los distintos servicios públicos y las áreas de auditoría de esos servicios, para que se puedan desarrollar auditorías la interior de cada servicio, ministerio o subsecretaría, con el objeto de identificar riesgos en el uso de los recursos, establecer auditorías y luego recomendar medidas de mejora”.
Hasta ahí todo bien. Pero el comunicado de prensa que difundió el Ejecutivo –sin un informe que lo respalde- habla que se entregaron 5,4 billones de pesos a fundaciones entre el año 2022 y 2026, donde 1,4 billones no tendrían acreditación de gasto.
“Esos son aproximadamente 1500 millones de dólares, que son una cantidad importante de recursos, que en función de lo que el Gobierno alerta no tiene acreditación de gasto. Sin embargo, lo que no queda claro, porque no ha sido posible revisar el informe que se elaboró a partir del trabajo que se hizo y sobre el cual se armó el comunicado, es cómo se construyó ese dato”, afirmó el vicedecano.
Según detalló Ariel Ramírez, esto se podría explicar: “Uno, porque no es el momento en el cual las fundaciones tengan que entregar las rendiciones. Dos, porque habiendo entregado las rendiciones están en proceso de revisión por parte de los distintos servicios o ministerios que entregaron estos recursos. Tres, que habiendo tenido la revisión se ha rechazado y las fundaciones estarían en un proceso de búsqueda de mayores antecedentes para justificar aquellos gastos rechazados. Y, cuatro, que habiendo tenido que presentar las rendiciones no se han hecho”.
“Por tanto, habiendo cuatro hipótesis, no sabemos con certeza cuál de ellas son las que se verifican en función de lo que el Gobierno ha informado”, concluyó el académico de la Universidad de Chile.
Información incompleta
Aun cuando el comunicado emitido por el Gobierno deja entrever que habría fraude en el uso de recursos públicos por parte de las fundaciones, solo estableció investigaciones específicas para determinar “eventuales responsabilidades” administrativas, lo que da cuenta que no existirían delitos en la primera revisión, ya que los antecedentes no fueron remitidos a la Fiscalía.
El vicedecano Ramírez sostuvo que es importante tener los datos que fundamentan las presunciones del Ejecutivo, “en términos de tener un informe, porque lo que se conoce hasta el momento es el comunicado de prensa que hizo el Gobierno, pero no está claro la construcción de esos datos. La evidencia en este sentido, cuando se trata de recursos públicos, es fundamental”.
“Entonces, creo que es importante tener acceso a ese informe para poder tener una revisión más detallada. En primer lugar, cuál fue la metodología de construcción de este informe. En segundo lugar, cuáles son los datos que se presentan. Y, en tercer lugar, cómo se pueden verificar datos que están contenidos en este informe. Por lo tanto, hasta no tener eso no es posible dar un juicio determinante respecto de lo que el Gobierno ha señalado”, afirmó el académico.
El director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, Ignacio Irarrázaval, por su parte, también cuestionó la calidad de la información difundida por el Gobierno en torno al tema de las fundaciones.
“El informe es muy limitado y no permite llegar a llegar a conclusiones sobre presunciones de mal uso de recursos. Tampoco se demuestra haber realizado un análisis de consistencia entre las diversas fuentes de información contable del Estado”, señaló en su cuenta de X.
Días después, y tras una carta enviada a La Tercera, Ignacio Irarrázaval agregó que “las fundaciones son un actor central en la provisión de bienestar social en Chile: sus iniciativas benefician a más de 3,6 millones de compatriotas al año. El aporte estatal a estas labores, cabe recordarlo, jamás cubre el costo total de los programas; el resto lo financian las propias fundaciones a través de gestión privada de recursos”.
Por tal razón, sostuvo que “resulta preocupante que la reciente cobertura de prensa sobre la auditoría del Estado –que habría detectado más de 1,4 billones en transferencias a fundaciones sin rendición- se instale en el debate público sin matices”.
Irarrázaval argumentó que “una revisión del informe elaborado por el comité estratégico de auditoría revela limitaciones importantes: la información en que se basa es parcial, no permite sostener conclusiones sobre eventuales usos irregulares de recursos y no da cuenta de un ejercicio mínimo de consistencia entre las distintas fuentes contables que maneja el propio Estado. A esto se suma un uso impreciso –cuando no confuso- de los conceptos técnicos empleados”.
Sin embargo, el director del Centro de Políticas Públicas de la UC aportó un dato relevante que el comunicado del Ejecutivo tampoco incluyó, con respecto a la encuesta de directores de fundaciones 2025 realizada por “Sociedad en Acción”, donde, según Irarrázaval, se “entrega una mirada sobre esta relación: un 50% de las fundaciones señala no haber recibido respuestas a sus rendiciones dentro de los plazos contractuales, un 40% ha debido volver a rendir cuentas ya aprobadas con anterioridad y otro 40% -el dato más preocupante- ha optado por no postular a licitaciones o convocatorias estatales en las que antes participaba con regularidad”.
Finalmente, concluye que “nadie discute la legitimidad del escrutinio sobre el uso de recursos públicos; por el contrario, es indispensable. Pero ese escrutinio debe hacerse con rigor y comprendiendo cómo opera en la práctica la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Un informe como el difundido, lejos de fortalecer esa relación, solo abona a la desconfianza y desincentiva la disposición a colaborar por el bien público”.
El estigma del caso Convenios
Lo que sí se puede afirmar con certeza es el uso político que el Gobierno le está dando al tema de las fundaciones, a propósito del bullado caso Convenios que involucra a políticos de izquierda y derecha, sembrando un manto de dudas respecto de estas organizaciones.
“Evidentemente que a partir del caso Fundaciones la imagen de las éstas quedó muy dañada, además de una limitada posibilidad de acceder a fondos que tiene el Estado”, explica el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
“Las fundaciones surgen como entidades, y ha sido estudiado así en el ámbito de la administración pública tanto en América Latina como en países nórdicos, como socios estratégicos del Estado. En el sentido de que muchas veces las fundaciones desarrollan actividades que están en la frontera de las intervenciones, desarrollan intervenciones de interés público, de apoyo y de ayuda a personas y comunidades que son innovadoras”, sostuvo Ariel Ramírez.
“Por lo tanto, las fundaciones específicamente y las organizaciones no gubernamentales en términos mucho más amplios cumplen ese rol, de ser organizaciones que innovan y que ayudan al Estado a entregar los servicios a comunidades y personas que lo requieren, generalmente, con intervenciones que son innovadoras en ese sentido”, afirmó.
Según Ariel Ramírez, las fundaciones “han jugado un rol fundamental en la historia de Chile a partir de la segunda mitad del siglo XX, y lo seguirán jugando ciertamente, a pesar de que hoy tienen ese manto de duda que se ha formado a partir del caso Convenios, pero hay instituciones de mucho prestigio a nivel nacional que han un hecho un rol importante colaborando con el Estado en entregar generalmente servicios sociales, de manera que son necesarias”.
El académico planteó que, si bien existen dudas sobre el actuar de las fundaciones, éstas se van a “ir disipando con el tiempo, porque se va a determinar que efectivamente hay fundaciones u organizaciones no gubernamentales que colaboran y contribuyen de manera significativa a desarrollar y entregar estos servicios a la comunidad”.
Sobre todo, porque “muchas veces lo que explica la existencia de las ONG’s o también denominadas organizaciones del tercer sector, especialmente en los países desarrollados, es que son áreas en las cuales se prueban intervenciones estatales y cuando esas intervenciones están probadas y validadas, el Estado las toma y las incorpora a la cantidad de servicios que entregan a través de organizaciones públicas”, sostuvo el vicedecano.
Exdiputados formalizados por distintas aristas del caso Convenios. Catalina Pérez, exFA, por Democracia Viva, y Mauricio Ojeda, Exrepublicano, por Manicure.
Controles internos
En cuanto a los procesos de fiscalización de estos recursos públicos, el académico de la Universidad de Chile sostuvo que “la institucionalidad existe, lo que falta son acciones determinantes y decididas por parte de los órganos públicos que entregan estos recursos, para poder fiscalizar en el marco de las competencias que tienen las actividades e intervenciones que desarrollen las instituciones”.
En ese sentido, destacó que “solo desde el punto de vista de la rendición de cuentas, que es una de las cuestiones más importante que se ha levantado a través de este informe, existen mecanismos que tienen a disposición los servicios públicos a través de la Contraloría General de la República (CGR), que tiene un sistema de rendición de cuentas donde las instituciones hacen las rendiciones en línea y son los servicios los que tienen que validarlas con toda la documentación de respaldo”.
Por lo tanto, agregó que el área que se debe mejorar “es la validación técnica de las acciones e intervenciones que realizan estas instituciones y eso es responsabilidad de los propios servicios públicos que hacen la transferencia de recursos. Porque lo que están haciendo los servicios públicos cuando transfieren recursos a las instituciones, es dejar de hacer las acciones que son propias de un servicio público y de alguna manera entregarlas para que estas instituciones sin fines de lucro las realicen”.
En concreto, Ramírez propone “mejorar el acto administrativo con el cual se hace el traspaso de recursos y fiscalizar esos convenios. Y eso le corresponde a la propia institucionalidad pública, al jefe de servicio que finalmente es el que aprueba el traspaso de los recursos o el subsecretario o el ministro respectivo, y que no se limite solo “a verificar que cuadren los documentos de respaldo y los gastos adecuadamente, sino qué se hizo con eso”.
