Desde la comunidad extranjera no tienen dudas de cuál sería el verdadero propósito de la administración de José Antonio Kast, respecto de los 16 498 menores que ingresaron al país bajo el proceso de reunificación familiar: “Es una persecución”.
Las declaraciones entregadas por el ministro de Defensa, Fernando Barros, a radio Universo, echando por tierra el relato del Gobierno sobre el supuesto extravío de 64 niños haitianos, dejó entrever también el trasfondo que hay en el Ejecutivo sobre la migración legal que proviene de Haití.
Si bien cuestionó el tono alarmista de algunas autoridades frente a un preinforme incompleto de la Contraloría, Barros pidió “poner la pelota al piso” y sostuvo que al país se le utilizó al implementar el proceso de reunificación familiar con Haití, ya que, “como Chile tiene un buen antecedente para entrar a Estados Unidos, fue usado como trampolín para reunirse aquí, obtener de buena o mala forma documentos chilenos y partir. Hay antecedentes de que muchos de algunos de estos niños que entraron, salieron del país rumbo a otros países con documentación chilena”.
Además, el ministro de Defensa agregó que el problema de fondo, a su juicio, radica en la visa de reunificación familiar, política pública que señaló fue mal implementada por el Gobierno anterior.
Como diría un abogado -misma profesión del ministro Barros- a confesión de partes relevo de pruebas.
Para más abundamiento, el propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, cuando se le consultó por qué no era él quien lideraba la fuerza de tarea del Gobierno si se hablaba de eventuales delitos, reveló el motivo que hay detrás de toda la puesta en escena realizada por el Ejecutivo.
“Usualmente ingresan menores de edad a nuestro país con diferentes condiciones, visas de reunificación, acompañado de los padres, dependiendo de la situación. Y lo que se ha pedido acá es, efectivamente, tener mayor certeza de dónde están, en qué situación, ciertos grupos de niños que ha salido en un listado. Eso es”, afirmó Arrau.
Asimismo, argumentó que “lo que se está haciendo es para dar tranquilidad, para ver efectivamente la situación real, es tomar ese listado y verificar la situación en la que están, yendo a la dirección que se declaró, que se cambió de domicilio o ya no está, o ese era un lugar de residencia temporal. Lo que se está haciendo a través de la Policía de Investigaciones y también con cooperación de diferentes organismos: salud, educación y municipios, es ir teniendo claridad de ese seguimiento, para verificar la condición”.
Al igual que Barros, el ministro Arrau también negó que existan denuncias de niños perdidos o relacionadas con algún otro tipo de delito.
“Es una persecución, las autoridades no están buscando niños desaparecidos, andan tocando puertas de los haitianos preguntándoles cómo se llaman. Eso no se llama ‘(buscar) desaparecidos’, se llama control migratorio”.
William Pierre, vocero de la comunidad haitiana en Chile.
Así también lo ha reiterado la Policía de Investigaciones majaderamente. Pero en el Gobierno siguen hablando de “crisis” y de “ingreso irregular” de niños haitianos, cuando el propio director de la PDI, Eduardo Cerna, en un punto de prensa con la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, afirmó que “ningún menor, como se quiso hacer saber, pasó y salió (del aeropuerto) como cualquier adulto en un control migratorio”, insistiendo que todos los menores ingresaron de forma legal y fueron entregados a sus padres o tutores.
Por lo tanto, surge la pregunta: ¿Por qué se busca con tanto ahínco a niños haitianos que ingresaron legalmente y fueron recibidos por un familiar en nuestro país? ¿Por qué no se ve la misma fuerza para ubicar a los niños, niñas y adolescentes que sí han ingresado de forma irregular por pasos no habilitados a Chile?
Comunidad haitiana acusa controles migratorios encubiertos
Lo más paradójico de toda esta puesta escena mediática del Gobierno, es que nunca se consideró a las familias de estos “supuestos niños perdidos” para darle peso a la denuncia, ya que, a todas luces, deberían haber sido ellos los principales interesados en encontrar a sus hijos, si es que de verdad estaban extraviados.
William Pierre, vocero de la comunidad haitiana en el país, aseguró que lo que hay por parte del Gobierno de José Antonio Kast “es una persecución”, detallando que “las autoridades no están buscando niños desaparecidos, andan tocando puertas de los haitianos preguntándoles cómo se llaman. Eso no se llama ‘(buscar) desaparecidos’, se llama control migratorio”.
El hombre agregó que “están haciendo (los procedimientos) en la casa de las personas, violentando sus derechos y sus vidas privadas, sabiendo que los migrantes que están viviendo con el sueldo mínimo no les da para vivir y que una madre que sale a trabajar en campos agrícolas deja a los niños encerrados, porque no se puede confiar”, consignó radio Cooperativa.
La directora de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJYS), Michel-Ange Joseph, por su parte, indicó que “la primera decisión del Gobierno después de este escándalo de masificar esta noticia, es eliminar un memorándum que facilitaba el acceso a los documentos requeridos para que los niños haitianos puedan reunificarse con sus familias en Chile”.
“Entonces, eliminar este memorándum hoy puede significar también eliminarlo para todas las personas migrantes, por ejemplo, de Venezuela, que han tenido algún tipo de flexibilidad en su documentación para poder estar regular en Chile”, sentenció la Trabajadora Social a La Voz de los Que Sobran.
El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, en entrevista con T13 radio, en tanto, se refirió a este último punto, a propósito de los cuestionamientos que surgieron en su contra por la flexibilidad de algunos documentos ante la crisis institucional que vive Haití, comparando la situación con lo que ocurre con los niños que vienen de Venezuela.
“Cuando cerró el consulado venezolano en Santiago, hay trámites que la comunidad venezolana residente en Chile realizaba en ese consulado, por ejemplo, la postilla, equivalente a la legalización de los certificados de nacimiento. Pues bien, cuando el padre de un niño nos solicita la visa para su hijo o hija en el caso de Venezuela, hoy día -no he visto que se haya cambiado- se exime a los niños del trámite de la postilla, puesto que, la función del Servicio Nacional de Migraciones es promover que las personas estén regulares en Chile y evitar que situaciones de incumplimiento normativo se produzcan y se incentiven formas ilegales o irregulares”.
Michel-Ange Joseph también abordó el punto, pero desde otra perspectiva, asegurando que lo que “hay que tener claro acá, es que la estigmatización de la comunidad haitiana es un índice para estigmatizar a toda la población migrante. Que haya silencio de todas las personas migrantes en Chile cuando están tratando así a las personas haitianas, no significa que ellos estén a salvo. Utilizar a los haitianos, es como utilizarlos como ejemplo para generar una práctica que puede ser repetida para generar una jurisprudencia”, advirtió.
De hecho, la ofensiva del oficialismo apuntó en un momento al memorándum del Gobierno anterior, como la causa de un supuesto ingreso descontrolado de menores de edad haitianos que venía a juntarse con sus familias y que contaban con toda la documentación legal, como ratificó la PDI.
Cae una indicación y se filtra un preinforme
Otro elemento que se debe tener a la vista, es la agenda legislativa que ha impulsado el Ejecutivo para reformar la Ley de Migraciones, donde, precisamente, se incluía una indicación para que los colegios y consultorios informaran a las autoridades policiales sobre migrantes irregulares:
“Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado deberá entregar información requerida por la autoridad migratoria respecto de extranjeros sometidos a procedimientos de expulsión en trámite”.
Eso establecía la indicación que finalmente fue retirada del proyecto por el Gobierno y que fue despachado el pasado 17 de junio desde la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.
En la ocasión, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que se recogieron las aprensiones de la oposición y “para resguardar la preocupación de una eventual disuasión de acercarse a la atención de salud (pública o privada) y de instituciones de educación parvularia, básica y media”, se eliminó la norma que buscaba identificar a los migrantes irregulares.
Sin embargo, y coincidencia o no, dos días antes, el 15 de junio, se filtra al medio Ex-Ante el preinforme de la Contraloría sobre irregularidades administrativas, que el Ejecutivo no tardó en validarlo políticamente después que la filtración fue amplificada por Canal 13 a contar del 18 de junio, pese a que la información que contiene es incompleta y reservada.
De hecho, fue el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien con la información parcial presentó una denuncia ante la Fiscalía por supuestos delitos en torno a los niños haitianos, junto con responsabilizar de los hechos a la pasada administración.
Lo paradójico, es que el propio Sauerbaum cuando era diputado de Renovación Nacional en 2023, impulsó junto a su bancada y otros parlamentarios, un proyecto de resolución para flexibilizar los documentos de los niños haitianos para su reunificación familiar.
Si bien la iniciativa fue aprobada, no fue acogida por el gobierno de Gabriel Boric.
En ella, se señalaba que “diputadas y diputados de forma transversal hemos aunado voluntades para poder relacionarnos a través del Grupo Interparlamentario Chileno-Haitiano con la embajada de ese país, que nos ha manifestado su preocupación por los obstáculos burocráticos que tienen las personas haitianas para mantener regularizada su situación migratoria, producto de las dificultades para recibir desde Haití un nuevo certificado de antecedentes, ya que ese país no cuenta con sistema electrónico y su aparato estatal no funciona con normalidad”.
En el detalle, explicaban que “el trámite en cuestión consiste en la solicitud por parte del Servicio Nacional de Migraciones de un Certificado de Antecedentes Penales del país de Origen Apostillado o debidamente legalizado como requisito indispensable para la solicitud de residencia temporal o definitiva”, argumentando los parlamentarios que “las personas, al tramitar su residencia temporal entregan este documento, pero luego de años, nuestro servicio de migraciones lo vuelve a pedir, innecesariamente para personas que no han salido de Chile”.
Por tal razón, consideraban “que para las personas de origen haitiano que han estado viviendo en nuestro país durante cinco años o más y no han viajado al extranjero, no sería necesario exigirles el certificado correspondiente. En su lugar, podríamos implementar otro procedimiento administrativo factible que cumpla con el mismo objetivo, como la coordinación entre la Policía de Investigaciones de Chile y el Servicio Nacional de Migraciones, con el objeto de verificar el comportamiento en Chile durante la permanencia”.
