La Cámara Alta sesionó de manera especial para conocer los antecedentes de los distintos organismos públicos involucrados en el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos en vuelos chárter, ante denuncias de un posible tráfico de personas.
Tras suspender la sesión ordinaria que estaba fijada para este miércoles, el Senado convocó a una sesión especial para analizar para abordar los antecedentes relacionados con el eventual ingreso irregular de niños haitianos al país, decisión que se adoptó con la unanimidad de los jefes de los comités parlamentarios.
Luego que los senadores conocieron los antecedentes, también por unanimidad la Cámara Alta acordó “solicitar al Presidente de la República encabezar un esfuerzo nacional, en conjunto con los diferentes poderes del Estado y de todas las autoridades involucradas que, en uso de sus atribuciones, disponga con carácter urgente, un plan de búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes haitianos ingresados al país”.
Además, solicitan evaluar medidas como: elaborar un catastro completo e individualizado de dichos menores, cruzando la información del Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil y las líneas aéreas y agencias de viaje involucradas, incluidos los manifiestos de pasajeros, que identifique a cada niño, su fecha de ingreso o reembarque y la persona que lo recibió”.
También piden “verificar, caso a caso, la identidad y el vínculo de los adultos a cuyo cuidado quedaron los niños, niñas y adolescentes y, ante la imposibilidad de acreditarlos o frente a cualquier indicio de riesgo, activar de inmediato las medidas de protección que contempla la Ley N° 21.430, por intermedio del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y de los Tribunales de Familia”.
Otras medidas son establecer el paradero y la situación de los menores reembarcados a Haití o a República Dominicana, en coordinación con los organismos internacionales competentes, velando por su seguridad; requerir la colaboración de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y de las autoridades de Haití y de la República Dominicana, para la localización y protección de los NNA y el esclarecimiento de eventuales redes de trata y tráfico.
Otro punto es corregir las fallas de control y los protocolos de coordinación interinstitucional cuestionados por el preinforme de Contraloría, entre todos los organismos con competencia en la materia, estableciendo con claridad responsabilidades y plazos; asegurar la integridad y continuidad del traspaso de la información entre administraciones, de modo que ningún antecedente relevante para la localización y protección de los niños se pierda o se vea interrumpido con motivo del cambio de gobierno, y en un plazo de 60 días, remitir un informe al Senado que dé cuenta del número de real de menores ingresados y reembarcados, de los resultados del proceso de búsqueda y localización, de su situación de protección y de las medidas adoptadas frente a las observaciones de Contraloría.
Lo que se sabe hasta ahora
Los antecedentes que tuvieron a la vista los senadores para decidir plantean que desde fines de 2018 el Servicio Nacional de Migraciones detectó el traslado a Chile, en vuelos chárter provenientes de Haití y vía República Dominicana, de niños, niñas y adolescentes en condiciones que comprometen gravemente su seguridad, registrándose vuelos donde decenas de ellos viajaban al cuidado de un solo adulto.
También el que, “según ha trascendido públicamente, centenares de menores y adolescentes haitianos ingresaron al país mediante este tipo de vuelos en un período acotado, magnitud que da cuenta de la gravedad y persistencia del fenómeno, así como el hecho de que, en uno de estos episodios, algunos niños y niñas haitianos fueron reembarcados, desconociéndose con certeza su situación y paradero posteriores, así como los de otros menores que habrían corrido igual suerte”.
Además, hacen referencia a que “en marzo de 2023 el Servicio Nacional de Migraciones presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra tres líneas aéreas por eventuales delitos de trata y tráfico de personas, originándose una investigación penal que continúa en curso, relativa a posibles redes con ramificaciones en Haití, República Dominicana y Chile”, y a la que durante 2024 y 2025 se habría aportado nuevos antecedentes.
Consideraron el preinforme de Contraloría que detectó anomalías en el ingreso al país de estos menores y, en particular, fallas en los controles destinados a verificar, al momento del ingreso, la identidad de quienes los recibían en el aeropuerto en calidad de padres, madres o cuidadores legales, cuestionando además la respuesta de a lo menos siete organismos públicos frente a estos vuelos, que dichas fallas de verificación impiden tener certeza acerca de con quién quedaron efectivamente los menores tras su ingreso, abriendo la posibilidad de que algunos hayan sido entregados a personas distintas de sus familiares o cuidadores legales, e incluso a eventuales redes de explotación, lo que torna imprescindible su búsqueda y localización.
Otra certeza es que el Estado tuvo información sobre la llegada de estos vuelos a lo menos desde 2023, mediando consultas parlamentarias e intercambio de oficios entre diversas entidades, como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Policía de Investigaciones, la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez, sin que se articulara una respuesta institucional oportuna, integral y coordinada.
Incluso, especialistas advierten que, de corroborarse las anomalías, “podría comprometerse la responsabilidad internacional del Estado de Chile por el eventual incumplimiento de las obligaciones que le imponen la Convención sobre los Derechos del Niño y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el consiguiente menoscabo para la reputación del país”.
De hecho, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) del Ministerio Público de Chile, fiscal Eugenio Campos confirmó que las denuncias vienen desde 2023 y ha reiterado que la cifra de menores desaparecidos “va a aumentar“.
