La Fiscalía, en tanto, confirmó que existen ocho investigaciones abiertas con “patrones similares” y descartó que exista algún caso de tráfico de órganos.
Una serie de representantes de las instituciones que tienen como tarea velar por el ingreso de personas al país, expusieron ante la sala del Senado los antecedentes que manejan respecto del ingreso de niños haitianos por medio del proceso de reunificación familiar, luego que un preinforme de la Contraloría detectara una serie de irregularidades sobre el paradero de al menos 64 niños, niñas y adolescentes haitianos.
En el caso de la Policía de Investigaciones (PDI), fue el prefecto general Ricardo Gatica, quien expuso ante el Senado, asegurando que la institución cumplió cabalmente con su tarea y apuntó a supuestos “vacíos legales”.
Gatica afirmó que “este famoso ingreso masivo de menores haitianos, provocó en los departamentos que tenemos de análisis del flujo migratorio común, alertas, alarmas, porque no era común que tal número de menores ingresara, los cuales, iban desde el año 2021 en aumento. Por lo tanto, generamos las alertas, propusimos reuniones de coordinación con estamentos que tienen que ver también con el movimiento migratorio”.
“Por ejemplo, nos reunimos el año 2022 con el Sermig (Servicio Nacional de Migraciones), también trabajamos con la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) y con la JAC (Junta de Aeronáutica Civil), que, en su momento, en el año 2023, incluso produjo una modificación en la normativa que se refería en general a la cantidad de menores que tenía que venir con un adulto responsable dentro del vuelo”, sostuvo la PDI.
Asimismo, explicó que “coordinamos también con otros servicios como el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, con juzgados de familias, en las situaciones que correspondían; con nuestros símiles de la policía en Interpol, por si existía algún tipo de alerta o algún tipo de aviso respecto de este fenómeno. Pero, principalmente, remitimos en el año 2024, en el mes de abril y octubre, dos denuncias al Ministerio Público para que se investigue está situación”.
El prefecto general de la PDI detalló que “en el caso que hoy nos convoca, la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes que ingresaron, cumplían los requisitos que en ese momento se exigían y que dicen relación con estos permisos de residencia temporal, en el caso de la reunificación familiar, correctamente emitidos por la entidad competente que es el Servicio Nacional de Migraciones”.
“Quiero reiterar, porque es importante que lo entienda la comisión, que un límite legal que condicionó nuestra actuación en el control fronterizo, es que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes ingresaban amparados en los permisos de residencia temporal vigentes otorgados por el Servicio Nacional de Migraciones, no podíamos nosotros negar el ingreso, porque habríamos estado cometiendo una ilegalidad si estos menores portaban la documentación que corresponde”, afirmó.
Finalmente, el segundo cargo de la PDI apuntó a eventuales vacíos en la legislación. ”Si estamos frente a un fenómeno que evidenció vacíos normativos, que ninguna institución por si sola puede suplirlos o separarlos, esperemos que este trabajo y esta conversación del conjunto de la instituciones pueda detectar esos vacíos y trabajar juntos para reponerlos y corregirlos para que no vuelva nunca más a pasar este tipo de hechos, que creo que es una preocupación para todos.”
Defensor de la Niñez, Anuar Quesille; prefecto general de la PDI, Ricardo Gatica; jefe de Migraciones PDI, Ernesto León y director general de Aeronáutica Civil, general de brigada aérea, Humberto Fernández.
Ocho investigaciones abiertas
El jefe de Migraciones de la PDI, el prefecto inspector Ernesto León, por su parte, agregó que “este fenómeno no es nuevo, la Policía de Investigaciones ya desde el año 2010 si ustedes lo recuerdan, en una primera oleada de migrantes de nacionalidad haitiana, detectamos: ¿Recuerdan los sobre amarillos? En esa oportunidad, en el año 2018, fuimos sumamente asertivos y generamos una investigación con el Ministerio Público que generó finalmente la detención de un ciudadano chileno, exfuncionario de las Fuerzas Armadas, por el delito de trata de personas”.
“Lo mismo ocurrió, ese mismo año, con la “Operación Puerto Príncipe” que se articuló esta institución, donde agencias de viajes, amparadas en estas figuras, traían a migrantes y esas personas fueron detenidas y condenadas por el delito de trata de personas”, afirmó la PDI.
En ese sentido, reiteró que “todo menor de edad que ingresó en esa condición, fue entregado al tutor legal o al padre que venía a buscarlo bajo acta. O en su momento cuando esto se empezó a gestar, se verificaba la identidad de las personas a través de los documentos, el certificado de nacimiento del menor y la identificación de la persona que lo iba a buscar o la documentación que lo acreditaba como tutor legal. Ningún menor ingresó solo al territorio nacional, todos esos menores ingresaron con un adulto responsable, sus padres o un tutor legal, que era el que los retiraba en el aeropuerto”.
De acuerdo al jefe de Migraciones de la PDI, “en esta operación no solamente estamos nosotros, sino que hay otras instancias. Nosotros dimos la alerta necesaria en su momento, alertamos a la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), nos comunicamos con ellos, realizamos las reuniones pertinentes. La DGAC modificó el DAN 129 para generar que todos los vuelos que venían con menores de edad, no pudiesen entrar al país con un adulto responsable por cuatro menores, lo que era antes impensado e ingresaban con una cantidad enorme”.
Finalmente, el prefecto León sostuvo: “Usted nos dice: ‘¿Cómo la policía no pudo pensar que esto se trataba de otra cosa?’ Sí, nosotros lo pensamos y lo denunciamos. Tenemos dos denuncias del año 2024 con respecto a eso, materia y prueba de ello es que existen ocho investigaciones por trata de personas, donde están vinculados ciudadanos haitianos en el Ministerio Público.
Fiscalía descarta tráfico de órganos
Antes de la PDI, expuso ante el Senado el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna del Ministerio Público, fiscal Eugenio Campos, quien habló de los supuestos delitos que podrían estar detrás de estas causas, indicando que respecto del cohecho, “aquel funcionario que está a cargo y que no cumple con su deber, o que mira hacia el lado, perdonen la expresión vulgar, o que deja de hacer estando obligado aun cuando no haya recibido nada, aun cuando haya sido, no sé si será la palabra lo tendrá que determinar la investigación, negligencia, desidia, intención o no. Por cierto, esa es una infracción al deber que el Ministerio Público deberá indagar respecto al cohecho. Si hay soborno con mayor razón. Es decir, el particular respecto del cual pueda influir en un empleado público para que deje de hacer algo, son las figuras que estamos investigando”.
En ese sentido, la Fiscalía explicó que “la trata o tráfico de migrantes, es el ingreso al país sin la documentación necesaria, presente en la figura penal del artículo 411 bis del Código Penal, que habla precisamente del tráfico de migrantes y aquella figura penal del artículo 411 quater, que habla de la trata de personas, que ahí tenemos que marcar algunos puntos o diferencias. Y me asilo en esta última particularmente, porque, qué duda cabe, de que si tengo procesos de reunificación familiar también puedo encontrarme con cierta vulnerabilidad de los niños y adolescentes que ingresaron a nuestro país”.
El persecutor agregó: “algunos honorables senadores esbozaron dentro de sus exposiciones, lo que dice relación con: ¿Dónde están? La primera obligación nuestra de indagar dónde están. Eso es la primera instrucción que el fiscal nacional ha dicho con fuerza al interior del Ministerio Público, es abocar nuestras mayores energías a la ubicación de niños, niñas y adolescentes, con la ayuda, por cierto, de toda la institucionalidad nacional respecto de ello”.
“¿Hay otras denuncias? Sí, efectivamente como se ha señalado, hay investigaciones que llevan otras fiscalías regionales sobre, diría, tópicos similares. Porque acá, y no quiero y nuestro afán nunca ha sido polemizar, pero estos hechos son distintos. Desde ya, marca una diferencia la temporalidad. Por eso, hablamos que el informe de la Contraloría es de enero a abril de 2025, hay otros hechos de 2023, aquí hay una diferencia entre uno y dos años entre uno y otro. Lo que sin embargo sí existe, honorables senadores, es que hay determinados patrones comunes entre unos y otros”.
“Por ejemplo, señalo dos: la masividad de ingreso de niños, niñas y adolescentes. Segundo, podemos encontrar –eventualmente- nombres similares o comunes entre el 2023 y el 2025 respecto de aquellos ‘adultos responsables respecto de los niños y adolescentes que venían’. Y los vuelos chárters, ahí ya señalé una tercera. Es decir, hay factores comunes que el Ministerio Público también está indagando respecto de su investigación”, sentenció el fiscal.
En la ocasión, el senador Karim Bianchi le preguntó a la Fiscalía si “tienen algún dato fidedigno, claro, respecto de un caso de tráfico de órganos”, lo que descartado por el Ministerio Público.
“No, no ha ninguno de ellos. Efectivamente, uno de a poco puede ser alarmista en esto. Y sobre ese punto, si hay algunas noticias o alguna referencia, nosotros rápidamente indagamos y no existe ninguna el día de hoy que diga relación con aquella pregunta. Fui a la base personalmente para consultarlo y eso está descartado al menos”, detalló el fiscal Eugenio Campos.
La condena por tráfico de personas a expiloto de la Fach
Fue la propia Policía de Investigaciones la que recordó ante el Senado, los casos que han sido denunciados e indagados por la Fiscalía respecto del tráfico de ciudadanos haitianos en nuestro país.
La causa, dice relación con la condena por trata de personas que dictó el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago en 2023, por el tráfico ilícito de migrantes vía vuelos chárter, incluyendo lavado de activos en un caso conexo. Entre los condenados, está Héctor Gacitúa, expiloto de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y exgerente comercial de LAW, además de los agentes de viajes informales Dubon Pierre Antoine y Djimy Dymijour, que operaban vuelos desde Haití y República Dominicana, cobrando entre 950 y 1000 dólares por persona.
Según la indagatoria, los migrantes recibían un sobre amarillo con documentos, una reserva de hotel falsa y dólares para mostrar en migraciones, los cuales, debían devolver tras pasar el control. Asimismo, agentes que viajaban en el vuelo instruían a los migrantes sobre qué decir.
Además, se determinó que en cuatro vuelos entre 2017 y 2018 ingresaron más de mil haitianos al país, estimándose que al menos unas 14 000 personas lo hicieron entre 2013 y 2015 mediante mecanismos similares.
