Anuar Quesille dijo desconocer la denuncia por trata de personas interpuesta el 2023 por el exdirector de Migraciones ante la Fiscalía y agregó haber alertado a todas las autoridades sobre los problemas que existían “para asegurar que los procesos de reunificación familiar fueran seguros” para los menores.
Una serie de dudas se han levantado tras conocerse la investigación de la Fiscalía por un eventual tráfico de niños, niñas y adolescentes haitianos, la cual se inició de oficio luego de una fiscalización de la Contraloría que determinó que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2025, ingresaron más de 200 niños de esa nacionalidad en vuelos chárter y bajo el proceso de reunificación familiar.
Además, existen 64 menores de edad de los cuales se desconoce su paradero, según la investigación de la Contraloría, lo que aumenta las posibilidades de tratarse de un tráfico de menores, ya que la indagatoria apunta a una práctica común de un ingreso alto de niños por parte de un solo adulto responsables y sorteando todos los controles aduaneros.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, en entrevista con radio Cooperativa, agregó que las alertas del organismo se dieron una vez que “se abrieron las fronteras después de la pandemia”, donde identificaron “que había problemas para asegurar que los procesos, por ejemplo, de reunificación familiar, fueran seguros, trazables, medibles y compatibles con los derechos de los niños”.
En ese sentido, aseguró que vieron “problemas en controles serios que permitieran identificar a los niños, los vínculos familiares, los adultos responsables, domicilio y seguimiento posterior”, lo que los llevó a alertar a todas las autoridades, precisando que hubo “una serie de reuniones donde nosotros fuimos levantando los temas para recibir información fidedigna que nos permitiera, como Defensoría de la Niñez, tener información concreta donde eventualmente podríamos identificar comisiones de delito para poder realizar acciones pertinentes”.
Sobre lo último, afirmó que, “salvo la constitución de una mesa por parte de la Subsecretaría de la Niñez, no se generó una medida concreta que además nos permitiera contar con antecedentes serios que pudieran darnos la competencia para actuar”.
Entre los organismos a los cuales se enviaron oficios, está la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de Protección Especializada (Mejor Niñez), el Servicio Nacional de Migraciones, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Policía de Investigaciones y autoridades del Congreso, entre otros.
Fuente foto gráfica: Servicio Nacional de Migraciones
Denuncia contra el Estado
Pese a la claridad que había en la Defensoría de la Niñez sobre los problemas en el proceso de reunificación familiar, Anuar Quesille explicó que no recurrieron a la justicia a denunciar, porque” uno lo que necesita no es una duda razonable, sino que hay antecedentes concretos que permitieran identificar la comisión de un delito”.
En ese sentido, detalló que la reunificación familiar es un proceso formal y “hay que recordar que estos niños entraron por un paso habilitado, con documentos que conforman las revisiones que realizaron la Policía de Investigaciones o la Dirección General de la Aeronáutica Civil, eran regulares y no tenían ningún problema, por lo tanto, la sola reunificación familiar no es un delito, sino que es un derecho que tienen los niños y niñas adolescentes a nosotros”.
Por tal razón, Quesille aseguró que “hay una serie de instrumentos internacionales que no solamente consagran derechos de niños y niñas en contexto de movilidad, sino que además reconocen procesos que están validados por el derecho internacional, entre ellos la reunificación familiar. Y por eso mismo que nosotros desde la Defensoría de la Niñez, lo que sí estamos haciendo ahora que ya conocemos la eventual comisión de delitos, es evaluando todas las acciones, entre otras cosas, para poder interponer una denuncia contra el Estado de Chile. Y eso sí lo podemos hacer como Defensoría de la Niñez”.
Cardenal Chomalí
El arzobispo de Santiago de la iglesia católica, Fernando Chomalí, entró al debate por la investigación de un posible tráfico de menores, indicando en su cuenta de X que “Chile tiene derecho a saber qué pasó con los niños haitianos”.
Además, el religioso sostuvo que “si se comprueba que hubo tráfico de menores, significa que la corrupción caló en lo más profundo del Estado. Es hora de demostrar lo contrario, con investigaciones que lleguen hasta el fondo y sanciones ejemplares”.
Finalmente, Chomalí cerró indicando que “estamos frente a la máxima expresión de la crisis moral en Chile”.
