Entre 100 y 200 millones de dólares sería el perjuicio a las víctimas de este supuesto fraude, según arroja la investigación que encabeza el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, y que fueron dados a conocer en los alegatos realizados ante la Corte Suprema, por el recurso de amparo presentado por José Ramón Correa Díaz, vicepresidente de Azul Azul, y que fue rechazado por el máximo tribunal.
La jugada que pretendía hacer José Ramón Correa Díaz, vicepresidente de Azul Azul, pegó en el palo. La Corte Suprema rechazó un recurso de amparo por allanamiento e incautación ordenado respecto de los ejecutivos de la sociedad deportiva que maneja al club Universidad de Chile, diligencia que alcanzó las oficinas de Correa, quien también es dueño de la sociedad Romántico Viajero SpA. La fiscalía, por su parte, aclaró en sus alegatos que dicha orden se cumplió en ese domicilio, porque corresponde a uno de los representantes legales de la concesionaria deportiva, descartándose por el tribunal un supuesto actuar arbitrario de la fiscalía.
El lunes 4 de mayo de este año, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutaron las órdenes de entrada y registro en domicilios y oficinas vinculadas a presuntos delitos económicos, en el llamado Caso Sartor, y en esa orden se incluían las dependencias del Centro Deportivo Azul (CDA) de la concesionaria Azul Azul; el domicilio particular y oficinas de Michael Clark (expresidente de Azul Azul y exejecutivo de Sartor); y el domicilio y la oficina del abogado José Ramón Correa (vicepresidente de Azul Azul). En esos lugares se incautaron equipos y documentación.
Ante ello, Correa presentó un recurso de amparo, buscando anular la incautación de documentos y aparatos tecnológicos de su sociedad Romántico Viajero SpA -entidad que también es parte de la investigación del Caso Sartor-, y planteaba que la diligencia fue ilegal y arbitraria, y que la incautación amenaza su libertad personal y seguridad individual. “En ninguna parte de la descripción de los hechos señalados en la resolución judicial, se menciona a Romántico Viajero SpA ni a su representante legal”, indica el escrito.
Sin embargo, previo a los alegatos ante la Segunda Sala de la Corte Suprema por la apelación de este recurso de amparo, el fiscal de Alta Complejidad de la Zona Oriente, Juan Pablo Araya, aclaró que “la diligencia se hizo en el domicilio que él (Correa) tenía fijado para esa sociedad, que coincide con el domicilio donde él ejerce la profesión. Y efectivamente, cuando llega el fiscal jefe a dichas dependencias, le dicen esto corresponde al señor Correa y llaman al señor Correa, quien hace entrega de la documentación, de su teléfono y de su computador”.
Es más. La resolución del máximo tribunal señala que “habiéndose autorizado dicha medida respecto del domicilio de Romántico Viajero SpA, la incautación del teléfono celular y del computador de José Ramón Correa Díaz, único socio y representante legal de dicha sociedad, aparece ajustada a derecho, por cuanto al ostentar dicha calidad es dable entender que en aquellos se encontrasen antecedentes o comunicaciones relativas las operaciones realizadas por dicha sociedad”, lo que además, fue expresamente autorizado el momento de decretar la medida al disponerse la incautación de “dispositivos electrónicos como computadores personales, fijos y móviles, y cualquier otro dispositivo electrónico para fines de comunicaciones y de almacenamiento de información (smartphones, discos duros, CD, DVD, pendrive, etc.) que pudiesen tener información relevante para la investigación, así como para su revisión y para la extracción e incautación de la información y los datos que allí se encuentren contenidos y que tengan relevancia para el esclarecimiento de los hechos ilícitos objeto de esta indagatoria”.
Aniversario 99 del club Universidad de Chile. En el centro Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, y José Correa, vicepresidente de Azul Azul. Fuente Foto: UdeChile.
“Por lo demás, no se puede soslayar que Correa Díaz, señaló como domicilio de la sociedad aquel en el que también se encuentra su estudio jurídico, poniéndose en la situación de tener que soportar las implicancias y riesgos que ello conlleva”, establece el fallo de la Corte Suprema, que rechazó el recurso de amparo.
Hay que entender que a Correa no se le está imputando como persona natural, sino por la actuación de su sociedad, y de acuerdo con el artículo 55 de la Ley de Mercado de Valores, quien debe responder es su representante legal, “y él es el representante legal” de Romántico Viajero SpA, acotó el fiscal.
¿A cuánto asciende la estafa en el Caso Sartor?
“Este es un fraude muy complejo. Las operaciones de administración de cartera (gestión de inversiones) que tenía Sartor era aproximadamente 800 millones de dólares. Y el perjuicio que se estima para los aportantes está entre los 100 y 200 millones de dólares”, dijo el fiscal Juan Pablo Araya.
El persecutor detalló que, “desde la fecha en que la CMF (Comisión para el Mercado Financiero) suspende a Sartor y suspende la entrega de aportes, y finalmente nombra un liquidador, se han producido recuperación de fondos, tanto por parte del liquidador como también por parte de los fondos que ahora están siendo administrados por otras administradoras, y eso eventualmente puede reducir el monto del perjuicio, que en este momento está entre los 100 y 200 millones de dólares”.
Además, Juan Pablo Araya aclaró que “aquí las responsabilidades van siendo atribuidas específicamente por la ley respecto de quienes forman parte de personas jurídicas. Por ejemplo, en el caso de Azul Azul no se pidió (órdenes de allanamiento) respecto de directores ni de otras personas, salvo Michael Clark, porque respecto de él si hay una vinculación concreta con la operatoria de fraude Sartor, porque fue director de la administradora general de fondos, intervino a través de su sociedad Redwood Capital en diversos negocios y, efectivamente, respecto a él sí había una necesidad (de solicitar estas diligencias). Y por eso él es nombrado como imputado en el fraude de Sartor”.
El caso Sartor y su vinculación con la sociedad de Correa
Romántico Viajero SpA es una sociedad de inversión del abogado José Ramón Correa Díaz que, como sabemos, además es vicepresidente de Azul Azul, sociedad anónima controladora del club de fútbol Universidad de Chile.
El 12 de enero de este año, cuando la familia Schapira finalmente vendió su participación en Azul Azul, Correa a través de su sociedad adquirió el 21% de las acciones de la concesionaria para expandir el control de la actual directiva.
Romántico Viajero SpA compró entonces un paquete de acciones por un monto de US$ 7,5 millones, y para concretar dicha compra recibió un crédito de un fondo de inversión privado internacional constituido en Delaware, Estados Unidos, llamado Sportscap Credit Fund LLC (vinculado a la sociedad Sport Capital o SportsCap), y que es administrado por el empresario Patricio Kiblisky y Jacques Gliksberg.
De acuerdo con lo que se ha establecido hasta ahora en la investigación, a través de un red de sociedades, dineros provenientes de los fondos de Sartor se canalizaron hacia el Fondo de Inversión Privado (FIP) Tactical Sport. Con este capital, en 2021 Tactical Sport adquirió el 63,07% de las acciones de Azul Azul a Carlos Heller, y en la práctica, el club fue comprado con los ahorros de los inversores de Sartor.
El fiscal Juan Pablo Araya lo explicó así: “La gran mayoría de las operaciones que nosotros entendemos que podrían ser constitutivas de los ilícitos que se han mencionado, son operaciones en las que existen varias triangulaciones. Pasan, por ejemplo, de los fondos públicos a los fondos privados, después a otras sociedades, estas sociedades prestan la plata, que es más o menos lo que en síntesis ocurre con la compra del Fondo Tactical Sport por parte de Asesorías e Inversiones Sartor, que es lo que ocurre anteriormente, no ahora”.
Y agrega: “Vemos que todas estas operaciones de triangulación no tienen una justificación económica, sino que a nuestro juicio tendrían una justificación para mantener en forma artificial en azul los números de los fondos públicos y los fondos privados para, de esa forma, se desvíen los recursos en fines que no fueron declarados ni conocidos por los aportantes de los fondos públicos”.
La mano en otros clubes como Huachipato y Ñublense
Pero, además, se investiga a estas sociedades por facilitar créditos para la compraventa de acciones en otros clubes del fútbol nacional, incluyendo préstamos vinculados a Huachipato y Ñublense, respecto de lo cual el fiscal Araya dijo que “hay una querella por administración desleal, que en este momento nos ha puesto en la posibilidad de investigar también esas situaciones, y había una investigación previa, porque claramente, como lo he señalado en el alegato, quienes aparecen financiando esta operación serían personas ligadas a un fondo extranjero y estas personas estarían ligadas con otros clubes deportivos. Eso es lo que de alguna forma motiva la investigación”.
Por ello, respecto de las citaciones a declarar de Michael Clark, que ya fue emitida, así como respecto de Patricio Kiblisky y Jacques Gliksberg, se indicó que “la información en este momento es reservada, porque no queremos entorpecer las diligencias”.
