El documento busca promover que las instituciones integren la accesibilidad, participación e inclusión frente a las emergencias, con el fin de reducir los riesgos que enfrentan estas personas. En Chile, existen más de 2 700 000 adultos que presentan algún grado de discapacidad.
Hace poco más de un mes y a propósito del despliegue comunicacional que realizó el Gobierno por los temporales de julio pasado, desde la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad (FUAN), repararon en la ausencia de lengua de señas en los primeros puntos de prensa realizados por el Senapred y el presidente José Antonio Kast, durante sus visitas a las zonas afectadas.
En la ocasión, indicaron que ante “una emergencia, la falta de accesibilidad también pone vidas en riesgo”, llamando al “Gobierno y a las instituciones responsables a incorporar lengua de señas chilena, apoyos visuales, lectura fácil y medidas de accesibilidad universal en cada protocolo y acción”, ya que “las personas autistas y con discapacidad tienen derecho a recibir protección e información oportuna, comprensible y accesible“; destacando que “las emergencias y catástrofes no pueden ser instancias para nuevas barreras de exclusión“.
En ese sentido, indicaron que “en Chile no existe un plan de gestión de riesgos de desastres, ni de mitigación de riesgos, que incluya de forma prioritaria a las personas con discapacidad“, por lo que “urge una política pública participativa que garantice, sin exclusiones, la protección de las personas con discapacidad ante emergencias y desastres“, argumentaron desde FUAN.
El pasado 4 de agosto, en tanto, el Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis, junto al Programa para la Reducción del Riesgo de Desastres (CITRID) y el Núcleo Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile, presentaron la guía práctica sobre discapacidad y gestión del riesgo de desastres en el sector público: lineamientos básicos para el desarrollo de una resiliencia inclusiva.
El documento busca “fortalecer las capacidades del Estado para responder de manera inclusiva frente a emergencias y desastres” y está dirigido a organismos públicos y municipios “para incorporar el enfoque de discapacidad en la planificación, preparación, respuesta y recuperación ante situaciones” de riesgo.
Según el Tercer Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) de 2022, en Chile, el 17,6% de los mayores de 18 años presenta algún grado de discapacidad, lo que equivale a aproximadamente 2.703.893 personas. En este contexto, “el considerar de manera expresa a las personas con discapacidad en todos los procesos de gestión del riesgo de desastres es una acción necesaria que impactaría de manera positiva a un porcentaje importante de la población y protegería la vida de las personas con discapacidad en una situación de emergencia”, señala el documento.
Alcances del plan
Entre los argumentos que se esgrimen para que Chile cuente con esta guía pionera, es ser “un país altamente expuesto a diversas amenazas, tanto naturales como antrópicas, debiendo enfrentar de manera permanente emergencias o desastres por diversos fenómenos como terremotos, incendios, eventos climáticos o situaciones de contaminación, entre otros”.
“Estos eventos no solo implican enfrentarlos al momento de su ocurrencia, sino también experimentar un posterior proceso de reconstrucción cuya duración dependerá de múltiples factores. Estos procesos son en sí mismos desafiantes, pero implican dificultades adicionales para las personas con discapacidad, quienes, por procesos históricos y sociales de exclusión, se encuentran en una situación más vulnerable ante los desastres y suelen ser desproporcionadamente afectadas por ellos”, sostiene el documento.
En concreto, esta guía “entrega recomendaciones para que los organismos públicos desarrollen planes de emergencia y evacuación inclusivos, fortalezcan la capacitación de sus equipos, garanticen infraestructura e información accesibles, implementen sistemas de alerta temprana que puedan ser comprendidos por todas las personas y promuevan la participación efectiva de las personas con discapacidad y de sus organizaciones en la toma de decisiones”, afirman desde el Senadis.
En el detalle, se propone incorporar “medidas para resguardar la continuidad de apoyos esenciales, asegurar la accesibilidad en albergues y rutas de evacuación, facilitar la comunicación mediante formatos accesibles —como Lengua de Señas Chilena, lectura fácil, subtítulos y pictogramas— y avanzar hacia una coordinación interinstitucional que permita responder oportunamente a las distintas necesidades de la población”.
La guía, elaborada por el Programa para la Reducción del Riesgo de Desastres (CITRID) y el Núcleo Desarrollo Inclusivo de la Universidad de Chile, con financiamiento de Senadis, está disponible en los sitios web de ambas instituciones, para que organismos públicos la incorporen de manera progresiva en sus procesos de gestión del riesgo de desastres.
La directora nacional subrogante de Senadis, Gabriela Villanueva, destacó que “en los próximos días presentaremos esta guía ante el Comité de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como uno de los avances que reflejan el compromiso del país con una gestión pública basada en los derechos humanos y en el principio de que nadie quede atrás“.
La directora ejecutiva del Programa para la Reducción del Riesgo y Desastres (CITRID) de la Universidad de Chile, Paulina Vergara, por su parte, calificó el lanzamiento como “un hito importante a nivel nacional, porque esta guía de institucionalización para la gestión del riesgo de desastre inclusiva es histórica. En ella se entregan medidas y recomendaciones para las personas con discapacidad en todo el ciclo del riesgo: prevención, mitigación, respuesta y reconstrucción”.
Asimismo, valoró que “esta guía que fue construida con la sociedad civil, con organismos públicos y con personas con discapacidad, recoge una demanda sentida y muy urgente de las comunidades de personas con discapacidad para hacer frente a los temas de desastres y emergencia”.
