El también exdirector nacional del Sename, Francisco Estrada, es crítico sobre el enfoque y respuestas que está dando el Gobierno a la alarma generada por los delitos violentos causados por menores de edad y asegura que las propuestas “son poco eficientes para los objetivos que se declaran”.
El panorama de la delincuencia juvenil en Chile ha experimentado una transformación significativa en la última década y si bien siguen siendo mayoritariamente delitos contra la propiedad los que cometen, han ido mutando hacia fenómenos de mayor complejidad, con un accionar cada vez más violento. El país entero quedó horrorizado hace unas semanas con el cruel crimen de un niño en una encerrona en San Bernardo.
Frente a esto, hoy el debate sobre la seguridad pública y la delincuencia juvenil (menores de 14 a 17 años) se centra en la eficacia de las reformas legislativas propuestas por el gobierno de José Antonio Kast, que principalmente se enmarcan en dar suma urgencia a dos proyectos presentados por parlamentarios, pero todo apunta a endurecer penas de cárcel para disuadir a los menores.
“Aumentar las penas no es el tipo de medidas que va a tener ningún impacto, es una medida poco eficiente para los objetivos que se declaran”, señala Francisco Estrada, consejero del Consejo de Estándares y Acreditación (CEA) del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, en conversación con redacción, y además observa una falta de reflexión técnica y de coordinación en las propuestas actuales del Ejecutivo.
“Del catálogo de cuestiones que el Gobierno ha dadoa conocer en la prensa, llevan días anunciando, anunciando y no hay ninguna indicación ingresada en los términos que el Ejecutivo ha dicho. Estamos solamente comentando los anuncios que algún ministro hace y otro ministro a veces dice otra cosa distinta. En ese enredo, yo diría que hay algún par de cosas que me parece que son perfectamente posibles”, opina, quien también fue director nacional del Sename en 2010, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Explica que, “en general, las medidas que buscan intimidar con la exacerbación de pena tienen un impacto muy bajo en el tipo de sujetos que estamos hablando. Van a impactar a chicos que son más razonables, que cometen un delito más esporádico, pero no van a impactar a la criminalidad que hoy día está provocando alarma. Esos jóvenes, que provocaron este atroz homicidio del niño en San Bernardo, si le hubieran dicho que iban a enfrentar una pena de 20 años, habrían salido igual. No es eso lo que los va a detener. Hay una serie de otras cuestiones que tenemos que hacer en materia de prevención”.
Incluso advierte que se podría generar un retroceso en los objetivos de reinserción. “El pensar que elevar penas simplemente es lo que va a mejorar la seguridad pública, me parece que es un acto de una cierta ingenuidad por parte de algunas autoridades”, sostiene.
El diagnóstico
Francisco Estrada, que es abogado especializado en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, plantea que los fenómenos que hemos experimentado en los últimos 10 años en este ámbito son, primero, “un incremento en la violencia con uso de armas, con una pandilla y que se expresan en estas figuras del portonazo, encerrona, turba y robo en casa. El segundo, es la presencia de grupos organizados que emplean a jóvenes como soldados narcos o como suministradores de vehículos para cometer otros delitos. Y esa figura se ha intensificado, en línea con la aparición de esta modalidad de crimen organizado a una escala que no habíamos vivido antes en el país”.
Pero, además, el comportamiento de los jóvenes infractores actuales presenta desafíos que superan las explicaciones tradicionales de racionalidad delictiva. Es decir, “hay una conducta irracional, los perpetradores actúan bajo niveles extremos de adrenalina y descontrol y con una incapacidad para medir las consecuencias de sus actos, lo que los hace sujetos especialmente peligrosos”.
“Y eso es lo que ponen en tela de juicio las medidas que buscan exacerbar la pena, como si fuera a impactar en un sujeto que, repito, exhibe comportamientos tremendamente irracionales, agresivos y descontrolados ¿Por qué tienen estos comportamientos? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos y es lo que habría esperado que las autoridades también estuvieran preocupadas”, agrega Estrada.
Otro elemento en este escenario es la crisis de salud mental. Existe una correlación crítica entre la delincuencia juvenil y patologías de salud mental no tratadas. Se estima que entre el 50% y el 75% de los jóvenes privados de libertad padecen problemas de salud mental graves.
“Esto es parte de la gran problemática que tenemos en el país, tanto por un lado de desigualdad como de salud mental. Los jóvenes privados de libertad son personas que tienen graves problemas y no hay un diagnóstico, no hay medicamentación, no hay un grupo familiar que apoye. Y entonces el descontrol, la irracionalidad, no hay ninguna posibilidad de que sea modulada, moderada, con el puro temor a la pena que va a ser más alta”, insiste el exdirector nacional del Sename, porque el infractor no evalúa racionalmente el castigo al momento de cometer el delito.
Francisco Estrada, abogado, académico, exdirector nacional del Sename y actual integrante del Consejo de Estándares y Acreditación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil. Fuente foto: Instagram
Desafío crítico: jóvenes multirreincidentes
Las apuestas legislativas están centradas en dos iniciativas parlamentarias. Una de diciembre de 2022 presentada por Renovación Nacional (RN) que busca endurecer las sanciones aplicables a adolescentes que cometan delitos de mayor gravedad, y la otra fue presentada en junio de 2025 por la bancada transversal de la Cámara de Diputados, y busca aumentar las penas contra adultos que induzcan, utilicen o instrumentalicen a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos. Además, el Gobierno presentó un catálogo de 17 delitos graves, con altas penas de prisión, que se busca cumplan incluso después de alcanzar la mayoría de edad, para lo cual serían traslados a recintos carcelarios de adultos.
“He revisado los dos proyectos que están en discusión en el Parlamento y diría que el 90% son medidas que no tienen mucho impacto práctico”, aclara Francisco Estrada. Por ejemplo, para abordar el fenómeno de las bandas criminales, ya que “un desafío crítico es la gestión de los jóvenes multirreincidentes, quienes representan una minoría del total de infractores, pero generan la mayor alarma social“.
Para ello, es crucial hacer la distinción que “aunque tenemos graves problemas, hay también algunos avances. Hay un porcentaje muy grande de los casos, entre el 60 y el 70% de los delitos son cometidos por jóvenes primerizos, es decir, jóvenes que cometen una sola vez y no vuelven a delinquir, y responden bien a la oferta programática actual para la reinserción. Y tenemos un grupo reducido de jóvenes que son los multirreincidentes y que son los que provocan alarma pública y que requiere un enfoque especializado”, argumenta.
No hay capacidad logística
“La idea de que tengamos unidades con mayor seguridad segmentada al interior de los centros de internación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, es perfectamente posible. No es incompatible con los derechos de las personas, con la convención. Es reaccionar frente a algún tipo de delincuencia que es distinta a la que teníamos años anteriores. Y ese tipo de medidas no me parece complicado”, plantea el consejero del CEA, Francisco Estrada.
Sin embargo, cierra la puerta a la propuesta de enviar jóvenes a cárceles de adultos, porque es una medida que ya tuvimos en Chile y no dio buenos resultados, ya que terminó siendo casi una “universidad del delito”. Además, indica Estrada, no existe capacidad logística ni infraestructura adecuada en Gendarmería para implementar esta medida.
Es más, “el mismo día que el ministro estaba anunciándolo, yo estaba conversando con una persona de Gendarmería que me señaló que ellos no habían sido informados de esto, y que esa medida les iba a afectar muy negativamente. Las secciones de jóvenes dentro de las cárceles de adultos se han ido vaciando y esos espacios han sido ocupados por otras cosas, porque las cárceles de adultos están con sobrepoblación”, dice el abogado.
Y agrega: “Me aseguraban que hoy en Santiago no hay ninguna sección juvenil (en cárceles de adultos) en condiciones de recibir a la cantidad de jóvenes que quieren enviar desde los centros del servicio. Eso muestra que es una medida que no fue ni siquiera conversada con los servicios que dependen del propio Ministerio de Justicia. Es una medida muy poco reflexionada”.
Falta de coordinación en tiempo real
Otra crítica que plantea Francisco Estrada es que se identifica una desconexión entre el sistema policial, las fiscalías y los servicios municipales, lo que impide una respuesta coordinada y oportuna ante delitos reiterados, cuando estos están ocurriendo.
“Hay medidas administrativas menores que podrían mejorar la labor de inteligencia cuando estamos al inicio de los tour delictuales, estos delitos reiterados y sucesivos de un fin de semana que cometen estos jóvenes, al alero del consumo problemático de alcohol u otras sustancias y su captura recién ocurre cuando algunos servicios municipales levantan alerta o cuando chocan y eso ya es muy tarde. Entonces, medidas menores pueden ser mucho más significativas para la reacción frente al descontrol de estos delitos”, propone Estrada.
Porque la inteligencia policial es fundamental para desarticular el “tour delictual” antes de que escale. Por ello, el abogado especialista en estos temas, considera que actualmente falta de un mando unificado (y no por zona policial) y mayo rápidez en la comunicación entre las instituciones. Además, dice que “las autopistas han sido demasiado permisivas con el levantamiento de alertas muy rápidas cuando se cometen los delitos”, permitiendo que los delincuentes evadan los controles.
Reinserción: decisiones estratégicas
La implementación del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil con sus estándares de acreditación y directrices compartidas, representa un avance significativo y transversal que debe ser la base para futuras políticas públicas. O ese fue el tenor cuando se tramitó durante tres gobiernos (Bachelet, Piñera y Boric) y donde todos estuvieron de acuerdo con la importancia de este nuevo sistema.
Pero más allá de los muchos esfuerzos que se hagan, la reinserción efectiva es inviable sin una política robusta de reingreso educativo. Tras la pandemia, la deserción escolar ha dejado a muchos jóvenes sin hábitos de aprendizaje ni estructura y los sistemas actuales de “segunda oportunidad” son insuficientes o carecen de financiamiento.
“Entonces, para aquellos jóvenes que han quedado fuera del sistema escolar no tenemos un mecanismo ajustado a su situación que permita que el reingreso sea efectivo, que le entregue efectivamente la herramienta de aprendizaje”, lo que hace imperativo “fomentar un diálogo técnico con los servicios especializados antes de anunciar políticas públicas”, propone Francisco Estrada.
